Un sindicato ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que suspenda de forma cautelar el proceso de vacunación en la Policía Nacional al entender que la orden de la Dirección General que obliga a los agentes que no quieran vacunarse a rellenar un formulario para dejar constancia por escrito conculca el derecho a la intimidad de esos funcionarios.

Alternativa Sindical de Policía (ASP) ha interpuesto este jueves un recurso en el que solicita que, mientras se entra en el fondo y se resuelve el pleito, la Sala de lo Contencioso-Administrativo decrete la suspensión cautelarísima de la circular dictada el pasado lunes por la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación en la que se daba órdenes para crear una "lista negra". El Cuerpo ha dejado claro que no adoptará medidas disciplinarias contra los funcionarios que renuncien a inmunizarse.

"Conocido es que la vacunación es un acto voluntario en todo el territorio nacional y, por ello, con la finalidad de facilitar la gestión del proceso, todas aquellas personas que no deseen hacerlo han de manifestarlo previamente mediante la presentación de minuta en las secretarías de las unidades territoriales de las que dependen. Con este gesto se tratará de utilizar las dosis exactas evitando su desaprovechamiento", detalla la citada instrucción.

Circular impugnada por ASP en la jurisdicción contencioso-administrativa.

En su recurso, al que ha tenido acceso El Independiente, ASP defiende que la obligación de "plasmar por escrito" la renuncia a inocularse no encuentra amparo "en norma de rango legal" alguno y por el contrario supone una vulneración tanto del derecho a la intimidad como de la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. En su artículo 7, esta norma establece que "toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la ley".

El sindicato, que en el mandato anterior tenía representación en el Consejo de Policía, aprecia que concurre en el caso el requisito de la "especial urgencia" que exige la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa por cuanto el plan de vacunación ya se ha puesto en marcha en la Comunidad de Madrid. "A la meritada circular se le está dando cumplimiento de forma inmediata, estando sometidos los destinatarios de dicha circular a una relación de especial sujeción para con la Administración y ello, además, en un Cuerpo especialmente jerarquizado como lo es el de la Policía Nacional", argumenta.

ASP reclama también que se administre a los policías una vacuna "de más eficacia" que la de Astrazeneca

ASP plantea que, mientras se sustancia el recurso, la Dirección General continúe con el plan normal de vacunación conforme a los protocolos correspondientes pero invirtiendo el sistema: que sean los agentes que sí deseen inmunizarse los que dejen constancia por escrito, nunca al revés. Así es como se detallaba en el oficio que la Unidad de Coordinación Operativa Territorial de la Jefatura Superior de Policía del País Vasco emitió el pasado 19 de febrero: "(...) se hace necesario que todas las dependencias policiales de esta Jefatura Superior del País Vasco elaboren una relación en la que figuren todos aquellos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía menores de 56 años que manifiesten su deseo de recibir las correspondientes dosis de la precitada vacuna".

Como viene informando este diario, los policías nacionales destinados en Madrid -comunidad que cuenta con unos 21.500 efectivos disponibles de los 25.000 que prevé el catálogo de puestos de trabajo- han empezado este viernes a recibir la primera dosis, como ha informado la Dirección General en un vídeo publicado en su perfil oficial en Twitter que sorpresivamente ha retirado con posterioridad. En dichas imágenes se veía a los funcionarios en el polideportivo del complejo policial de Carabanchel, uno de los dos puntos que se han habilitado para este fin.

El pasado miércoles, la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional citó a los representantes sindicales para informarles del plan de vacunación en Madrid. En dicho encuentro se indicó que la intención era vacunar a 2.000 agentes al día de lunes a domingo y en horario de mañana y tarde, calculándose que el proceso estaría terminado en unos 11 días.

Los sindicatos han sido convocados sobre la marcha esta misma mañana a una nueva reunión -horas después de que ASP interpusiera el recurso contencioso-administrativo- en la que se les ha comunicado que se administraría la dosis en un segundo punto -el Wanda Metropolitano- para vacunar a 5.000 funcionarios por jornada, por lo que el plan se completaría en tan sólo cuatro días.

Rechazo a la vacuna de Astrazeneca

Alternativa Sindical de Policía no sólo se opone a que los agentes que no quieran inmunizarse tengan que comunicarlo por escrito. También rechazan que sea la vacuna de Astrazeneca la que se aplique a "servicios operativos esenciales" -caso de la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) o Extranjería y Fronteras- en lugar de otras "con eficacia superior al 90 %".

"Es patente y notorio que la vacuna Astrazeneca tiene una baja efectividad frente al virus, respecto al resto de vacunas adquiridas por la Unión Europea y el Reino de España, tal y como se ha publicado en diferentes medios de comunicación y el Ministerio de Sanidad ha declarado, especialmente en algunas variantes de la covid-19 que se están dando en el extranjero", expone la ASP en el escrito que el envió el pasado 17 de febrero a la ministra de Sanidad para solicitarle el cambio de vacuna.

La de Astrazeneca está recomendada de momento tan sólo para las personas con edades comprendidas entre los 18 y 55 años al ser éste el grupo de edad en el que se llevaron a cabo los ensayos clínicos previos a la obtención de la autorización por parte de la Agencia Europea del Medicamento (AEM) para su comercialización.