España 'Caso Púnica'

El juez da por "finalizada" la investigación de la pieza que afecta a Esperanza Aguirre

La Fiscalía considera que la "investigación sigue abierta hasta que finalicen los plazos fijados por la ley" y el instructor afirma que decidirá o no nuevas diligencias "desde el rigor de la convicción" de que ésta se ha acabado

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón da por «finalizada» la fase de investigación de la pieza 9 del caso Púnica, en la que se investiga a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre por «supervisar» las maniobras que habrían permitido supuestamente financiar de manera irregular al Partido Popular madrileño en las campañas electorales de 2007 y 2011 y actos de las generales de 2008 en la Comunidad.

La fecha de finalización de esta instrucción, que comenzó en febrero de 2014 enfrenta desde hace tiempo al juez con las fiscales del caso. Mientras el primero considera que desde hace un año no deberían estar practicándose nuevas pesquisas, las fiscales tratan de estirar los plazos para continuar reuniendo indicios contra Aguirre y sus colaboradores directos.

En esta causa, la expresidenta está investigada por idear, presuntamente, el sistema para pagar con fondos públicos parte de los gastos electorales con el fin de «fortalecer su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad de Madrid». El juez acordó su imputación en septiembre de 2019 tras solicitarlo las fiscales Anticorrupción.

El principal indicio que los investigadores tienen contra Aguirre es su participación en varias reuniones, entre ellas una en la que habría acordado supuestamente favorecer a un empresario publicitario para continuar con el sistema de financiación irregular descrito. Esto, en base a las declaraciones tanto del empresario en cuestión, Daniel Horacio Mercado, como del exconsejero Manuel Lamela, del núcleo de personas de su confianza del que según el auto de imputación se habría valido la expresidenta para sacar adelante la caja B del PP madrileño.

Derechos de los investigados «desde hace siete años»

En un auto de la pasada semana con el que el juez decidió archivar la investigación a Indra como persona jurídica en esta pieza -donde se investigaba si la compañía había sido un «instrumento de desvío de los fondos públicos» de la empresa pública Informática de la Comunidad de Madrid y se había convertido en la «caja pagadora de servicios electorales prestados al PP de la Comunidad y de otras deudas del partido y de sus dirigentes»- consideró que la instrucción está acabada.

Ve claro que deberían, por tanto, dejar de practicarse diligencias de investigación para proponer ya llevar a juicio a las personas que considere oportuno en base a los indicios existentes hasta el momento. García-Castellón traslada en el mencionado auto que «este instructor entiende que la instrucción de la Pieza está finalizada, y será desde el rigor de esta convicción, coherente con la tutela de los derechos fundamentales de las personas sujetas a la investigación desde ya hace 7 años (en este 2021), desde el estricto parámetro en que deberá valorarse la utilidad, necesidad y pertinencia de las diligencias que, en este momento, se solicitan».

La Fiscalía argumenta que «la investigación sigue abierta hasta que finalicen los plazos fijados por ley para su conclusión». La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que eliminó los plazos de instrucción en las causas penales entró en vigor el pasado verano justo antes del tiempo límite para esta investigación, que puede continuar así hasta el 29 de julio de 2021.

Sin embargo, para el instructor «esto no significa que hasta el 29 de julio de 2021 pueda solicitarse cualquier diligencia (“hasta que finalicen los plazos fijados por la ley para su conclusión”)». «El plazo legal es un límite procesal que debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general en el artículo 779 en relación con el actual apartado 4º del artículo 324 de la LECrim, y sobre todo, atendiendo que la fase preparatoria ya debería estar agotada, pues si se estuvo en condiciones de poder finalizarse el 27 de agosto de 2020, con mayor razón se debería estar en situación de hacerlo en este momento», trasladó el juez el pasado 23 de marzo.

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