La instrucción de la macrocausa Púnica, con una decena de piezas de investigación por presunta corrupción que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, no concluirá este jueves.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que elimina el límite de los plazos de instrucción en las causas penales y que entró en vigor el pasado 27 de julio llega justo a tiempo para evitar el cierre de la investigación que afecta, entre a otros cargos públicos, a los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes.

Este jueves, 27 de agosto, llegaba el plazo máximo de la instrucción según los límites temporales que se introdujeron durante el Gobierno de Rajoy. Tanto los investigados como la acusaciones esperaban la interpretación que hiciera el juez Manuel García-Castellón sobre si procedía aplicar la reforma legal de este julio o tenía que regirse por el plazo máximo de 18 meses desde el 6 de diciembre de 2018 que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en un auto de abril de este año, le instó a cumplir. Esa fecha llegó en junio y se prolongó dos meses más como consecuencia de la suspensión de los plazos procesales durante la pandemia del coronavirus.

Finalmente, en un auto de este 24 de agosto al que ha tenido acceso El Independiente, el juez asume la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y afirma que se abre un plazo para estudiar qué hace con cada una de las piezas de investigación de la causa. Es decir, si decide cerrarlas o dar más tiempo para seguir practicando diligencias de investigación.

El juez atiende la petición de PSOE y ADADE

Aguirre -a la que el juez imputa haber ideado un plan para desviar fondos públicos con el fin de aumentar el coste legal de sus campañas electorales, financiarlas ilegalmente por medio de una presunta ‘caja B’ del Partido Popular madrileño y fortalecer así su figura política- pidió el pasado 31 de julio que se mantuviera el plazo de finalización de la instrucción el 27 de agosto.

Un día antes, la acusación popular del caso, ejercida por ADADE y PSOE, solicitó al juez una «resolución meramente declarativa» sobre cómo afectaba la aplicación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al cómputo de plazo de la instrucción. El juez finalmente ha resuelto que debe aplicarse la reforma y deja sin efecto la conclusión del plazo del 27 de agosto.

La nueva ley marca que la investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de 12 meses desde la incoación de la causa y «si con anterioridad a la finalización del plazo, se constatare que no será posible finalizar la investigación, el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses».

De esta manera acaba la anterior división de las causas en sencillas (seis meses de instrucción) y complejas (18 meses desde el inicio del plazo de la instrucción). De tal manera que las instrucciones podrán prolongarse continuamente, de seis meses en seis meses, si las partes lo solicitan.