España 'Caso Tándem'

CaixaBank dice en un informe que no halla el contrato con la empresa de Villarejo: fue "verbal"

La entidad financiera admite que pagó tres facturas por 194.700 euros a la empresa del comisario por una información de "interés escaso" para lo que se buscaba: si Pemex intentaba tomar el control de Repsol, de la que el banco era accionista

El presidente de Repsol, Antonio Brufau EFE/ Mariscal

CaixaBank asegura en un informe de auditoría interna que no ha localizado el contrato por el que encargó trabajos al grupo empresarial controlado por el comisario José Manuel Villarejo (Cenyt) porque la contratación fue «verbal» por el carácter sensible de la información que se pretendía obtener con esta encomienda, según manifestó el exdirector del área de Seguridad de la entidad financiera Miguel Ángel Fernández Rancaño.

Este informe consta en las actuaciones que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en una de las piezas separadas del caso Villarejo, concretamente en la que se investigan los pagos de CaixaBank y Repsol a la empresa del policía presuntamente para que espiara al ex presidente de Sacyr Luis del Rivero ante la posibilidad de que éste estuviera detrás de la estrategia con la que supuestamente se buscaba un cambio de control de la multinacional energética española -en la que el banco tenía una participación accionarial relevante- dando entrada a la petrolera mexicana Pemex.

CaixaBank puso en marcha una investigación interna en 2019 a raíz de que empezaran a publicarse informaciones en la prensa española que apuntaban a que se habían contratado los servicios a Cenyt, investigada en el marco del caso Tándem o caso Villarejo. La revisión la llevaron a cabo los equipos de Auditoría de Fraude y de Auditoría Continua del banco, especializados en la detección de posibles actuaciones irregulares y en análisis masivos y forenses de datos.

Tras revisar todas las transferencias emitidas por CaixaBank a las sociedad del Grupo Cenyt entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de julio de 2019, la entidad confirmó que en dicho periodo se abonaron tres facturas a la filial Cenyt Data por un importe total de 194.700 euros (IVA incluido). Camuflando el concepto real de los trabajos bajo objeto de investigación, el motivo que se describía en las tres -fechadas el 2 de noviembre y el 15 de diciembre de 2011, y el 16 de mayo de 2012- era el mismo: «Elaboración de estrategias para la ubicación y recuperación de datos electrónicos almacenados en discos duros de ordenadores y sistemas tecnológicos, anulados o dañados. Consultoría jurídica y técnica».

En el informe de auditoría referido, al que ha tenido acceso El Independiente, se detalla que tras revisarse la aplicación corporativa de facturas de proveedores no se ha localizado el contrato de prestación de servicios entre CaixaBank y Cenyt. La explicación a esta circunstancia la ofreció el exjefe de Seguridad investigado en la causa de la Audiencia Nacional Fernández Rancaño. «El contrato con Cenyt fue verbal y no escrito como consecuencia de lo sensible, reservado y estratégico de la información que se pretendía obtener», se puede leer.

«Nivel superior»

En las reuniones mantenidas en 2019 durante el desarrollo de los trabajos de revisión interna, el ex director de Seguridad de CaixaBank detalló que recibió la indicación de «su nivel superior» -en alusión a Antonio Massanell, entonces director general de Medios de CaixaBank- para que se pusiera en contacto con su homólogo de Repsol, que el concepto de las facturas fue propuesto por el proveedor y que no fue discutido por el carácter «reservado» de los servicios. También precisó que Cenyt aportó el informe que le fue encargado en «cuatro entregas» y que la información proporcionada tuvo un «interés escaso» y fue «de poco valor para los fines que se perseguían».

Fernández Rancaño ya compareció como investigado el pasado 15 de diciembre ante el juez García-Castellón y su declaración puede arrastrar la imputación tanto de Isidro Fainé -presidente del banco cuando se encargaron los trabajos a Cenyt- como de Antonio Brufau, primer ejecutivo de Repsol. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado ya la imputación de ambos, pendiente de respuesta por parte del instructor.

En una de las anotaciones que fueron incautadas a Villarejo por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía, tomada en la primera reunión a la que asistió Miguel Ángel Fernández Rancaño, se podía leer: «MA insiste en ‘determinar el perímetro’ porque por la tarde tenía que despachar con su ‘señorito’, posiblemente por referencia a FAI [por Isidro Fainé]». Según la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, tras esa reunión le esperaba Isidro Fainé en Barcelona. Precisamente dichas anotaciones de las reuniones tomadas por el comisario propiciaron la apertura de la investigación sobre el denominado Proyecto Wine que le habría sido encargado para espiar a Luis Del Rivero.

A preguntas del Ministerio Fiscal, el ex director de Seguridad de Caixabank señaló que su entonces superior jerárquico (Antonio Massanell) le explicó que todo lo relacionado con esta empresa lo despachara «con el presidente». Esta confesión puede ser determinante para que el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional llame al procedimiento como imputado a Isidro Fainé, presidente del patronato y de la comisión ejecutiva de la Fundación Bancaria La Caixa. 

CaixaBank reconoce el pago de 194.700 euros a la empresa de Villarejo por una información «de poco valor» para los fines que se perseguían

En el curso de los trabajos internos de revisión, la entidad financiera ha recuperado varios correos electrónicos que cruzó Fernández Rancaño con Rafael Redondo -socio de José Manuel Villarejo- y con Rafael Araújo, su homólogo en la petrolera. El contenido giraba en torno a la facturación de los servicios encargados -«Miguel Ángel, te ruego me indiques cómo proceder a la facturación. ¿Mismos conceptos que en ocasiones anteriores?», se lee en uno- o a noticias publicadas en la prensa mexicana relacionados con Sacyr, Repsol y Pemex.

Con las manifestaciones realizadas por Fernández Rancaño y los documentos encontrados, la dirección del banco encargó a su asesoría jurídica que analizara los hechos para determinar si éstos podrían ser constitutivos de delitos de falsedad en documento mercantil, cohecho activo, descubrimiento y revelación de secretos, tráfico de influencias o negociaciones y actividades prohibidas a autoridades y funcionarios públicos. «Como conclusión, el informe determina que los hechos descritos no son constitutivos de los delitos».

Los abogados mantienen que la entidad contrató a Cenyt pensando que Villarejo se encontraba en situación de excedencia -el policía se mantuvo en activo como funcionario del Cuerpo Nacional hasta el 22 de junio de 2016-, por lo que no existiría delito de cohecho activo. «Fue tanta la publicidad con la que ofreció el proveedor sus servicios al mercado que hubiese causado a cualquier tercero la creencia de que no se hallaba realizando ninguna actividad ilegal, siendo incompatible la actitud mantenida ante la empresa (reuniones en Torre Picasso, comidas…) con el comportamiento de una persona que se halla todavía en activo al servicio de la Función Pública», expone el letrado de CaixaBank, al que la asesoría de la entidad pidió un dictamen sobre la calificación de los hechos investigados.

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