«España es mucho más que Madrid, el poder tiene que bascular a la periferia». Con esta afirmación concluía la presidenta de Baleares, Francina Armengol, una mesa redonda compartida con los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, Andalucía, Juanma Moreno, y la Comunidad Valenciana, Ximo Puig una mesa en la que todos han coincidido en la necesidad de revisar el modelo radial de infraestructuras y la financiación autonómica.

«No hay mayor consenso entre los presidentes autonómicos» que en la necesidad de actualizar el modelo de financiación autonómica, ha ironizado Moreno. Una afirmación que Puig ha completado advirtiendo de la falta de consenso sobre cómo reformar el modelo. Todos coinciden en la necesidad de transparencia y la insuficiencia de la financiación autonómica. No en el modelo de reparto.

El valenciano ha sido, junto a Armengol, el más quejoso con un sistema al que reclaman más que atienda a sus necesidades, recordando que son, como Andalucía, comunidades aportadoras netas, que pierden posiciones respecto a lo recibido después. Por tanto, ordinalidad.

Feijóo defiende el reparto

Un argumento que ha rebatido Núñez Feijóo: «Se financia personas y servicios públicos de personas concretas» ha advertido el gallego, que ha defendido que la base del sistema debe ser el coste efectivo del servicio. Feijóo ha respondido además a las quejas por la caída de renta per cápita en Valencia y Baleares argumentando que la financiación por habitante de Galicia es de 2.737 euros, por 2.707 euros en Madrid o Baleares, para negar que las diferencias sean tan grandes.

Sí ha coincidido en la necesidad de más transparencia, sobre todo respecto a los efectos del sistema foral. «No soy partidario de una enmienda a sistema vasco» ha asegurado Feijóo, pero «sí soy partidario de clarificar el cálculo del cupo». Un cálculo en el que acaba influyendo las necesidades parlamentarias del Gobierno de turno, ha lamentado. «Al final los gobiernos necesitan al grupo vasco y se liquidan sin claridad los cupos de cada año».

En esta línea, Puig renegado de un sistema en el que hay privilegios, «de lo que se trata es de que no haya privilegios» para lo que ha recetado transparencia. Armengol ha reclamado además auténtica multilateralidad, y ha invitado a Cataluña a «volver al debate» para integrar un frente común de las comunidades «infrafinanciadas» junto a Baleares y Comunidad Valenciana.

Dumping fiscal

La línea divisoria entre comunidades populares y socialista la ha marcado la política fiscal. Armengol y Puig han coincidido en reclamar la armonización fiscal que defiende el Gobierno, mientras Moreno ha reclamado su «autonomía» para decidir la política fiscal andaluza.

«La armonía fiscal no puede ser armonizarnos por abajo» ha advertido el andaluz. Moreno ha coincidido en que no se puede aprovechar la financiación estatal para bajar impuestos, pero ha defendido que «nuestra obligación es cuadrar las cuentas y con superávit podemos bajar impuestos».

«En un momento en que Europa va a regular el dumping fiscal, no podemos permitirlo entre comunidades autónomas», han respondido Puig y Armengol. Ambos han coincidido además en denunciar el peso a su juicio excesivo de Madrid, en términos políticos, económicos y administrativos.

El peso de Madrid

Francina Armengol ha reclamado que «el poder tiene que bascular a la periferia, tener correspondencia en lo económico y en lo político». Para la presidenta de Baleares «no es lógico que todas las instituciones estén en Madrid. Eso le da una riqueza que se concentra en una única comunidad autónoma, no es justo que no se reparta entre todos los españoles».

Un argumento que ha iniciado Puig señalando que la descentralización experimentada por el estado en 40 años de democracia «no ha sido suficiente para evitar el megacentro». El valenciano ha señalado el crecimiento de un nuevo centralismo económico, político y mediático que a su juicio «genera una disfunción porque no da suficientes oportunidades a la España periférica».

España «no tiene que residenciar todas las instituciones en Madrid», ha defendido en este sentido. «Hasta el Instituto Oceanográfico está en Madrid, de verdad no puede estar en Vigo o en Cádiz» se ha preguntado Puig.