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El Tribunal de Cuentas reclama casi dos millones de euros a Puigdemont por los gastos de Diplocat

Los representantes legales de los políticos catalanes tienen tres horas después de recibir el escrito para hacer sus alegaciones

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont. EP

El Tribunal de Cuentas reclama casi dos millones de euros al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al ex vicepresidente de su Govern, Oriol Junqueras, por el gasto destinado a la promoción exterior de Cataluña a través del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) y las denominadas ‘embajadas’ catalanas.

Los representantes legales de Puigdemont, Junqueras, los miembros del Govern anterior Artur Mas y Francesc Homs y otros más de treinta ex altos cargos catalanes han recibido este lunes el acta de liquidación provisional en la que se fija una fianza de hasta 1,9 millones en el caso de Puigdemont y Junqueras y casi tres millones de euros a Artur Mas por la utilización de esta plataforma de la Generalitat para promocionar a Cataluña como un estado independiente, como se llegó a indicar en algunos de los documentos públicos de Diplocat.

Tendrán tres horas a lo largo de la mañana para leer las 504 páginas del documento y realizar sus alegaciones, según trasladan fuentes legales presentes en el Tribunal de Cuentas.

Gastos en viajes

Sólo en gastos de viajes de representación realizados por los expresidentes Puigdemont y Mas, el Tribunal de Cuentas fija en 274.069 euros la cuantía que deberían abonar conjuntamente Puigdemont, Mas, Homs, Junqueras o el exconsejero Raül Romeva, entre otros responsables políticos, según uno de los detalles del órgano fiscalizador de las cuentas y la gestión económica del Estado a los que ha tenido acceso El Independiente.

La liquidación provisional que se conoce este martes se suma a los 4,1 millones de euros que la instrucción del tribunal contable calculó que costó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que ya fueron consignadas por personas del entorno independentista, como reconoció la Abogacía del Estado.

Los citados

Al acto en la sede del Tribunal de Cuentas de la calle Torrelaguna de Madrid están citados esta mañana los presuntos responsables del gasto reclamado -que acudirán bien personalmente o mediante los representantes legales que hayan designado para que les represente- así como los demandantes: el Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado, la Generalitat de Cataluña, Abogados Catalanes por la Constitución y Sociedad Civil Catalana, Asociación Cívica y Cultural. Estos dos últimos como acción pública.

Este martes no se dirime si existe o no responsabilidad contable, sino que se hace un pronunciamiento previo y provisional sobre la misma. Las posibles responsabilidades contables se determinarían en el correspondiente procedimiento jurisdiccional, que se celebraría posteriormente. La fase en la que se encuadra el acto celebrado, por tanto, es la de actuaciones instructoras previas a la exigencia de responsabilidades contables, la de instrucción del procedimiento, explicaron fuentes del Tribunal de Cuentas. Desde éste aclararon que la función del órgano no es administrativa, sino propiamente jurisdiccional, como la que ejercen los Tribunales de justicia en otros ámbitos (penal, contencioso-administrativo, etc.).

Quejas de los abogados

«Me parece una tomadura de pelo todo este procedimiento», ha dicho en declaraciones a la prensa a su llegada a la cita el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, en declaraciones recogidas por Europa Press. El letrado ha insistido en que tras conocer la información que le será facilitada por el órgano, alegrará la «indefensión» ante la que dice que se encuentran los convocados.

En este sentido, ha denunciado la «falta de solvencia técnica» del informe y ha asegurado que el Tribunal de Cuentas está asumiendo «unas competencias que no tiene, como es la derogación implícita del Estatuto de Cataluña, por la vía de coartar la acción exterior de Cataluña, que está contemplada expresamente en el Estatuto después de la sentencia del Constitucional».

Francesc Homs, otro de los letrados en el procedimiento y quien fuera portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados inhabilitado por el Tribunal Supremo por apoyar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, también ha reprochado que los abogados enteraran de la cifra que les reclama el tribunal a través de la prensa, en referencia a los 5,4 millones que según adelantó El País tendrán que abonar. Una vez notificado el expediente de liquidación los responsables tendrán un plazo de 15 días para abonar el dinero.

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