España

ERC apunta ahora contra el Tribunal de Cuentas: "Hay que sacar al hermano de Aznar"

El organismo fiscalizador de la administraciones públicas ha recordado que toca su renovación este mes de julio tras nueve años en el cargo de todos sus consejeros, pero necesita de un pacto PSOE-PP

Tribunal de Cuentas EFE

Cuando este martes el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se retrate junto a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, una de las peticiones que muy probablemente le trasladará será la de actuar contra el Tribunal de Cuentas. Este organismo se ha convertido en la próxima pieza a abatir por el secesionismo una vez que se ha producido la excarcelación de los nueve condenados a penas de prisión por la organización del referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia, todo ello en octubre de 2017.

Y es que los indultos no afectan a la decisión del Tribunal de Cuentas de seguir reclamando a los cabecillas secesionistas los 10 millones de euros que calcula extrajeron de las arcas públicas para publicitar por el mundo su proyecto independentista y costear su remedo de referéndum por la autodeterminación. Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras son algunos de ellos, pero no sólo, porque entre consejeros, altos cargos y funcionarios hay cerca de 40 personas afectadas.

«Hacer algo con el Tribunal de Cuentas»

Por eso ERC cree llegado el momento de «hacer algo con el Tribunal de Cuentas» y, a continuación, como ejemplo del supuesto sesgo de este organismo destacan que «el hermano de Aznar está ahí y hay que sacarlo» junto al resto de sus miembros. Justamente, este viernes el ministro de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, dijo que el órgano encargado de fiscalizar las cuentas de las administraciones públicas «pone piedras en el camino» para el proceso de normalización política en Cataluña.

«Sabíamos que todas estas causas, que no dejan de ser piedras en este camino, estaban ahí. Por lo tanto, nos corresponde ir desempedrando todo este camino, pero hacerlo siempre desde el reconocimiento de los órganos y las instituciones, y dentro de la legalidad», dijo el también secretario de Organización del PSOE sin especificar exactamente a qué se refería con «desempedrar».

Abogan en ERC por la «elección democrática» de los miembros del Tribunal, acaso desconociendo que sus consejeros son designados por las Cortes Generales, seis por el Congreso y seis por el Senado, mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Pero este partido está de suerte pues toca su renovación después de nueve años de permanencia en el cargo.

La renovación del Tribunal exige un pacto PSOE-PP

La parte negativa para el independentismo es que para ello es necesario el concurso del PP al necesitar de mayorías reforzadas. Y teniendo en cuenta los fallidos antecedentes en la negociación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), nada permite aventurar que Gobierno y populares se pongan de acuerdo para abordar este asunto, sobre todo si los populares creen que con su renovación se pretende dar satisfacción al independentismo.

El propio Tribunal se dirigió el pasado mes de abril al Parlamento para recordar que deben abrir el proceso de renovación de sus consejeros, ya que fueron elegidos en julio de 2012 y quedan pocos meses para que concluya su mandato, según adelantó Europa Press. Entre los trece miembros que forman su plenario está, efectivamente, el hermano del ex presidente del Gobierno José María Aznar.

Manuel Aznar es responsable del Departamento Primero, que asume la fiscalización de los ministerios y de sus organismos públicos dependientes, del área de administración económica del Estado, así como de las secciones presupuestarias correspondientes a los órganos constitucionales o de relevancia constitucional.

Los independentistas defienden que «la democratización del Estado no sólo tiene que ver con nosotros», en alusión a un órgano que, como el Tribunal Supremo o el Constitucional, creen que son instrumentos al servicio de las políticas represivas del Estado. En todo caso, el Ejecutivo central poco puede hacer para forzar un cambio de criterio de este organismo fiscalizador.

Cabe recordar además, que el Supremo también condenó a los cabecillas del procés por malversación de fondos públicos y aunque la ley no impide indultar a los condenados por corrupción, existe un acuerdo tácito desde hace años para que no se beneficien de medidas de gracia al igual que los condenados por violencia de género.

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