El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha presentado un recurso de apelación contra el auto del pasado 9 de julio con el que el juez imputó a Iberdrola Renovables como persona jurídica en el caso Villarejo por presunto cohecho en la contratación de los servicios privados del comisario investigado José Manuel Villarejo a través de su empresa Cenyt.

La defensa de Galán pide en el recurso ante la Audiencia Nacional que «la Sección que corresponda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional» obligue a rectificar dos aspectos del auto del juez Manuel García Castellón. Éstos son que presentara al empresario como presidente de Iberdrola Renovables en 2011 y 2016 y que de al exdirectivo de Iberdrola enfrentado a la compañía José Antonio Del Olmo la condición de «testigo a pesar de figurar en la causa como investigado», se puede leer en el recurso al que ha tenido acceso El Independiente.

«El señor Sánchez Galán no ha ocupado jamás cargo alguno en los órganos de administración de esta empresa», traslada en el escrito, crítico con el juez a quien pide «imparcialidad» porque dicha equivocación provoca una «negativa incidencia en los legítimos intereses de mi mandante».

Galán está investigado en el caso Villarejo por presuntos delitos de cohecho, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil por el supuesto conocimiento que tuvo de la contratación y encargos de su compañía al policía ahora jubilado para que espiara presuntamente a empresarios de la competencia, entre ellos el presidente de Endesa Manuel Pizarro. Algo que el comisario habría hecho cuando estaba en el Cuerpo y con acceso a información de fuentes restringidas, según los investigadores.

Se negó a rectificar en una providencia

El juez decidió dar a Iberdrola Renovables (igual que a Repsol y CaixaBank días antes) la condición de persona jurídica investigada por contratar a Villarejo en 2011 para llevar a cabo una investigación (Proyecto Wind) sobre la sociedad suiza Eólica Dobrogea y su accionista mayoritario, Christopher Kaap con quien la compañía se había aliado para acometer proyectos en Rumanía y «con quienes surgieron diferentes conflictos que fueron resueltos de manera favorable a Iberdrola en un procedimiento arbitral».

De lo actuado hasta el momento, el juez ve que «existieron omisiones relevantes en la diligencia exigible a Iberdrola Renovables que podrían haber influido en la comisión de los delitos materializados por sus empleados» y que «el encargo fue realizado por los investigados en su condición de administradores de Iberdrola Renovables, en nombre y por cuenta de la compañía y en su beneficio directo».

En el auto con el que acordó la decisión, García Castellón pone en duda que Iberdrola Renovables no supiera cuando contrató al comisario que éste estaba en activo en la Policía cuando el jefe de Seguridad de la compañía que sirvió de enlace entre ésta y la empresa Cenyt había sido policía. En la resolución mencionaba a Galán como presidente de Iberdrola Renovables, dato que es incorrecto.

Según la defensa del empresario, se requirió al juez que lo corrigiera y se negó en una providencia del 15 de julio en la que argumentó que la solicitud «no atiende a una rectificación de error material o aclaración sino que se dirige a impugnar el relato fáctico de los hechos, debiendo de arbitrar dicha impugnación de los recursos correspondientes».

El juez sobreseyó para Del Olmo

Galán también reprocha al juez que de a José Antonio del Olmo, ex controller de Iberdrola, la condición de testigo «a pesar de que en la causa figura como investigado».

Del Olmo está enfrentado a la compañía. Denunció que ésta había creado una trama de facturas falsas para ocultar los verdaderos pagos a la empresa de Villarejo, de ahí que se convirtiera en una figura clave para los investigadores de la causa, impulsada por las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción.

Iberdrola presentó una querella contra él por realizar dichas afirmaciones que la compañía defiende son falsas y por utilizar un documento privado de la compañía a la que debía confidencialidad. La causa pasó del juzgado de Bilbao donde se presentó la querella a la Audiencia Nacional y Del Olmo pasó a tener la condición de investigado.

En la pieza 17 del caso Villarejo donde se investiga la contratación del comisario para sacar adelante el descrito proyecto Wind el juez decidió, con el auto del pasado 9 de julio recurrido por la representación de Galán, sobreseer la causa para Del Olmo por manipular un documento privado para perjudicar los intereses de la entidad, según la querella de Iberdrola. El auto no entró a valorar los indicios de delito al considerar que los hechos por los que se le denunció estarían prescritos.