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La defensa legal de los Mossos pasa directamente a Presidencia de la Generalitat para contentar a la CUP

El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, en una comparecencia tras su reincorporación al puesto.

El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, en una comparecencia tras su reincorporación al puesto. EP

Antes de que finalice el mes de julio la defensa legal de los Mossos d’Esquadra se habrá traspasado a los Servicios Jurídicos Centrales de la Generalitat, que dependen del Departamento de Presidencia. El área de servicios jurídicos de Interior dejará así de actuar como acusación particular en defensa de los agentes que son víctimas de agresiones.

Los mossos serán defendidos por los servicios centrales como los médicos, maestros o cualquier otro funcionario de la Generalitat, argumenta el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, para explicar la medida. Pero la decisión tiene poco de administrativa. Es el primer paso en el cumplimiento del acuerdo de investidura entre ERC y la CUP en el ámbito de la policía autonómica, como destaca el diputado antisistema Xavier Pellicer.

«Queremos seguir defendiendo a los Mossos con la misma claridad y contundencia siempre que sufran lesiones»

Las acusaciones de mossos contra manifestantes independentistas se han convertido en uno de los frentes recurrentes en las relaciones de los sucesivos gobiernos independentistas con la CUP. Los antisistema han reclamado reiteradamente que la Generalitat deje de actuar legalmente en defensa de policías autonómicos agredidos por manifestantes. Especialmente desde que las manifestaciones independentistas han perdido su perfil pacífico, a partir de 2018, con la aparición de los CDR y los enfrentamientos a la policía.

Elena asegura que el compromiso del Govern es seguir defiendo a los agentes, y que esta medida les garantizará, por ejemplo, disponer de defensa legal los siete días de la semana. «Queremos seguir defendiendo a los Mossos con la misma claridad y contundencia siempre que sufran lesiones» apuntaba ante el pleno del Parlament.

Desconfianza de los mossos

Pero los sindicatos recelan de la medida. «Estaremos atentos» a como funciona este cambio, señalan desde SAP-Fepol. La portavoz del sindicato, Imma Vidues, reconoce que el cambio puede tener efectos positivos en la cobertura legal de los mossos, porque en la actualidad sólo dos letrados centralizan la defensa penal de los agentes.

Denuncia también que hace años que los agentes «están perdiendo la confianza en que la administración les defienda», tanto por las interferencias políticas como por la saturación del servicio. El resultado es que cada vez más agentes recurren a los servicios jurídicos de los sindicatos, seis letrados en el caso de SAP.

«Estamos asumiendo una responsabilidad que no nos corresponde» se queja Viudes. La portavoz de SAP recuerda que nadie cuestionaría la defensa pública de un médico que fuera agredido durante su servicio.

Desmontar el cuerpo de letrados

La CUP, por su parte, cree que la medida es solo un «primer paso» y advierte de que «es imprescindible que se desmonte del todo cuerpo de abogados de Interior». Para los antisistema este servicio jurídico «no tiene motivo de ser» y se ha convertido en «correa de transmisión» de las acusaciones, a su juicio injustas, contra manifestantes independentistas.

«El cuerpo jurídico actúa como ente autónomo» denuncia Pellicer, «ha acabado convirtiéndose» en motor de la «persecución a la movilización». La CUP reclama además «acabar con los ficheros policiales, las identificaciones en las manifestaciones y la práctica de registrar» con vídeo y fotografías las protestas.

Aunque las exigencias de la CUP sirven para esconder las propias contradicciones de ERC, como antes sucediera con JxCat. Los republicanos, que ostentan ahora la presidencia y la consejería de Interior, han visto esta semana como la Generalitat actuaba como acusación contra uno de sus militantes, Pol Serena, por agresión a los mossos en el transcurso de una protesta contra la sentencia del procés.

Las contradicciones de ERC

Un juicio al que acudió el líder del partido, Oriol Junqueras, para asegurar a las puertas de los juzgados todo su apoyo al presunto agresor, al que la Generalitat solicita seis meses de prisión y una multa. La Fiscalía elevó la petición de pena a 8 años de cárcel.

En este contexto, desde la policía autonómica temen que el traslado de la defensa legal a Presidencia sirva para imponer criterios políticos a la hora de iniciar procesos por agresiones contra agentes del cuerpo. Y hacerlo preservando la relación del conseller de Interior con los miembros de la policía. Una opción que Viudes no quiere valorar, aunque advierte que «seremos beligerantes» si se confirma ese sesgo político.

Decreto de sanciones

Al margen de esta medida, el Parlament ha aprobado este miércoles a propuesta del Govern un decreto por el que se tipifican y sancionan conductas de abuso y discriminación en el cuerpo de los Mossos d’Esquadra, con el objetivo de garantizar los derechos LGTBI. Aprobado con la única oposición de Vox y la abstención de Cs, Elena defendió el decreto como imprescindible para sancionar conductas «intolerables en un cuerpo policial moderno y propio de una sociedad democrática».

El decreto también urge a una revisión y actualización «ágiles» de los elementos que integran la uniformidad de los Mossos, para garantizar su adecuación constante a las necesidades cambiantes del servicio, con la incorporación de nuevos componentes como guante y mascarillas quirúrgicas.

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