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La odisea estival de muchos funcionarios: encontrar colegio en Cataluña con clases en castellano

"O pasas por el aro, o involucras a la familia para que te ayude, o pides un préstamo para matricular a tu hijo en un privado", dice un policía / La asociación Hablamos Español defiende que el alumno pueda expresarse en la lengua que mejor comprende

Agentes de la Policía Nacional, durante un servicio.

Agentes de la Policía Nacional, durante un servicio. EP

Juan Luis (nombre ficticio) fue destinado por la Dirección General de la Policía hace cuatro años a Barcelona. Su sorpresa fue la imposibilidad de encontrar un colegio público con enseñanza en castellano para escolarizar a su hijo, entonces de ocho años. Sólo encontró una solución: matricularlo en un centro privado con un coste mensual de 850 euros al mes, una cantidad equivalente al 40 % de su nómina como antidisturbios.

«Gracias a la ayuda de la familia no tuve que pedir un crédito, como sé que han tenido que hacer otros funcionarios para poder apuntarlos en colegios privados o concertados. De todas formas, lo hubiera hecho. La educación de mi hijo está por delante de todo; él no tiene culpa de que a mí me destinaran a una comunidad donde no puede recibir la educación en castellano como lengua vehicular», comenta a este diario este policía bajo condición de anonimato.

Como él, decenas de funcionarios de éste y otros cuerpos del Estado viven una auténtica odisea cada año para poder matricular a sus hijos ante la falta de colegios donde una parte importante de las asignaturas se imparta en castellano. «Si son pequeños se adaptan a todo, pero si tienen siete, ocho, nueve o diez años lo van a pasar mal. A todos los compañeros que me llaman para preguntarme le digo lo mismo: o pasan por el aro, o tienen que involucrar a la familia para que les ayude, o han de pedir un préstamo para ir a un privado. Es triste pero es así», añade.

O pasas por el aro, o involucras a la familia para que te ayude, o tienes que pedir un préstamo para ir a un privado», resume un policía nacional

Marcos Veiras, secretario provincial del sindicato Justicia Policial (Jupol) en Barcelona, da fe de esta dificultad. En las últimas semanas ha recibido numerosas llamadas de subinspectores y policías de la escala básica que han obtenido plaza en la Ciudad Condal en el último concurso general de méritos y que se incorporarán en breve a sus nuevos destinos para que les asesorara en la búsqueda de colegios públicos en castellano para sus hijos. «Es muy complicado. La única solución que les estamos dando es que los matriculen en colegios concertados, pero a muchos se les va de precio porque son muy caros», explica.

En este sentido, el antidisturbios Juan Luis lamenta que los policías destinados en Cataluña no cuenten con un complemento de territorialidad de importe similar al que se abona a las plantillas destinadas en el País Vasco y Navarra (de 600 euros mensuales), lo que serviría de ayuda para compensar este tipo de gastos. «Sabes que estás sujeto a movilidad geográfica desde antes de entrar en el Cuerpo, pero esto es un peaje que tienes que pagar», lamenta el agente.

Según datos de Jupol, unos 300 subinspectores se incorporarán el próximo lunes en diversas comisarías y dependencias de la Policía en Cataluña tras haber obtenido plaza en el último concurso de méritos. A éstos se suman otros 732 que juraron el cargo la pasada semana tras completar su formación teórico-práctica y que la Dirección General ha destinado a esta comunidad para suplir la marcha de otros agentes que, sin arraigo, no dudan cuando pueden solicitar destino en otras comunidades por la carestía de vida y el clima político derivado del desafío soberanista.

Entre las puertas a las que ha llamado Marcos Veiras para intentar ofrecer asesoramiento en esta materia a funcionarios que comenzarán a servir en breve en Cataluña está la de Hablamos Español, una asociación nacional constituida en septiembre 2017 para defender los derechos lingüísticos de los hispanohablantes. Que se pueda estudiar en español en toda España es precisamente uno de los objetivos que se ha marcado esta plataforma.

«Nos encontramos con este problemas en estas fechas en funcionarios que son trasladados de una comunidad a otra. En Galicia, gente de Cartagena que pedía destino en Ferrol cambia y nadie quiere ir. De verdad que nadie se da cuenta de lo que está pasando con este problema», expone Gloria Lago, la presidenta de esta asociación. En su opinión, debería existir un «régimen especial» para estas personas a fin de que sus hijos puedan elegir lengua y contar con contenidos en español.

«Condenar al fracaso»

Lago insiste en que el alumno tiene que tener derecho a expresarse en la lengua que mejor comprende para demostrar los conocimientos. «Se les facilitaría la vida si pueden estudiar y hacer preguntas en clase en español, sería un alivio en los primeros años. Un niño de 12 años que llega a primero de ESO, aunque le dieran sólo la mitad de las asignaturas en catalán, no lo entendería. ¿Qué hace ese chico? ¿Pierde el curso? No se puede condenar a los hijos al fracaso escolar porque sus padres sean trasladados laboralmente», añade.

En representación de una alumna de ESO, Hablamos Español ha intentado recientemente que la Generalitat de Cataluña facilitara a la chica poder utilizar su lengua materna en clase al no dominar el catalán. El Ejecutivo autonómico ha recurrido al silencio administrativo, decisión que ya han recurrido y están a la espera de pronunciamiento. Ahora, dicen, van a insistir y enviarán peticiones a las consejerías de Educación de las comunidades en las que han constatado este problema.

«Cuando las leyes son injustas hay que sortearlas. Hablamos de un tema muy serio: la educación de los niños. Ya supone bastante para ellos tener que cambiar de casa, tener que hacer nuevos amigos… No podemos añadirle el problema del idioma. ¿Por qué un policía, que está haciendo un trabajo honorable, tiene que someter a sus hijos a este problema cuando es tan fácil de solucionar?», sostiene Gloria Lago.

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