ERC ha pactado con PSOE y Podemos una enmienda a la reforma de la Ley orgánica de educación para que el castellano deje de tener amparo legal como lengua vehicular en las comunidades con lengua propia. El redactado propuesto por los republicanos elimina la frase que recogía la propuesta del Gobierno: «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares» a la que se han acogido hasta ahora las asociaciones de defensa del bilingüismo para reclamar que se cumpla en Cataluña la obligatoriedad de ofrecer el 25% de los contenidos en español a los alumnos que lo reclamen.

«Tendremos una Ley de educación que dice que los alumnos no tienen derecho a estudiar en su lengua materna», aun tratándose del idioma oficial, se lamenta la presidenta de la Asamblea por la Escuela Bilingüe, Ana Losada. «Están dando las herramientas para cortar todos los lazos con España desde la escuela», concluye.

«Va en contra del espíritu de la Constitución y de la diversidad lingüística» tal como está recogida en la Carta Magna, lamenta Losada, que añade que «en ningún caso existe una motivación pedagógica» para esta enmienda. «El PSOE quiere sustentar la irregularidad» que se produce en Cataluña, donde el castellano ya solo se utiliza en la clase de lengua española, «por motivaciones políticas».

La alegría de ERC

La decepción de la activista contrasta con la alegría del líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que este martes se vanagloriaba en twitter de la reforma pactada con los partidos del Gobierno a cambio de una aproximación de los republicanos a los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

La enmienda pactada por ERC va en la línea de otras propuestas por Bildu o el BNG, explica José Domingo, de Impulso Ciudadano, que lamenta la tramitación de la reforma educativa «con nocturnidad y alevosía», lo que a su juicio «denota su obsesión» por la cuestión lingüística.

Domingo señala que una de las claves de las prisas de los republicanos por modificar esta legislación podría estar en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que en 2019 impugnó el Decreto de enseñanza primaria de la Generalitat. El TSJC recordaba a la administración catalana que la Lomce y la jurisprudencia deben proyectarse en los proyectos lingüísticos de los colegios, que es donde debe concretarse el papel de catalán y castellano como lenguas vehiculares.

«La alegría de Rufián significa que algo malo pasa, les van a permitir seguir con su proyecto de ingeniería social» lamenta la presidenta de la AEB en respuesta. Losada recuerda además que la protección de la inmersión lingüística ha sido una de las prioridades centrales del nacionalismo catalán, desde CiU a ERC, pasando por Junts o la CUP.

No solo Cataluña

«La situación extrema se da en Cataluña» afirma la dirigente de la AEB para explicar la marginación del castellano, pero recuerda que este martes en Baleares han presentado una denuncia contra 300 colegios que no incluyen ninguna asignatura en castellano en su currículo. Y en la Comunidad Valencia se fomenta la matriculación de los niños en el itinerario en valenciano premiando este itinerario con una certificación de inglés superior a la que obtienes se sigues el itinerario en castellano.

«Compromís quiere que los padres matriculen a los niños en valenciano» explica, una presión que se repite en todas las comunidades con lengua propia gobernadas por nacionalistas «con el beneplácito de los socialistas»

«Son políticas mercenarias que provocan la indignación» de mucha gente, añade Losada, que recrimina especialmente a los socialistas que «siguen sin darse cuenta de la confrontación social que provoca y de cómo radicaliza a los votantes» este tipo de políticas lingüísticas en la escuela.

Posibilidad de recurso

Domingo recuerda que en España se daba la paradoja de que el derecho a la escolarización en español no estaba reconocido en ninguna norma hasta que la Lomce lo incorporó en 2013, «y ahora podría desaparecer». Así, enmienda de ERC «complicará» los recursos de los padres catalanes que reclaman el 25% de castellano, «pero no creo que los tribunales vayan a cambiar su criterio» apunta recordando la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional en la sentencia del Estatut, en la que se explicitaba que tanto catalán como castellano deben ser lenguas vehiculares.

Es la base en la que se fundamentan las posteriores sentencias del TSJC que reiteradamente han reclamado a la Generalitat «una relación proporcional» entre ambas lenguas en el currículo educativo catalán.

Losada comparte este análisis, pero es enormemente crítica con la vía escogida por PSOE y Podemos para la tramitación de esta reforma educativa, sin la participación de expertos o miembros de la comunidad educativa. Recuerda que en mayo, cuando la ministra Celaá presentó el proyecto, remitieron un informe a todos los grupos en el Congreso y pidieron comparecer en la comisión de estudio de la nueva ley. Nunca hubo lugar para comparecencias.

«Alguien está presionando para que esté aprobada» en las próximas semanas, concluye Losada, apuntando poco veladamente a la tramitación de los presupuestos, en los que el Gobierno quiere contar con el apoyo de ERC.

Bajo la lupa del Parlamento Europeo

Mientras, la AEB sigue trabajando para recabar el apoyo del Parlamento Europeo a sus denuncias, tras exponerlas la semana pasada ante la Comisión de Cultura del europarlamento. «Los eurodiputados de otros países alucinaban cuando exponíamos nuestro informe» sobre la vulneración del derecho de los niños a educarse en su lengua materna.

De ahí la AEB salió con el compromiso de que la Comisión pedirá a Celaá por carta y estudiará el envío de una «misión» integrado por diputados miembros de la comisión a Cataluña para estudiar el caso in situ. Unas propuestas que tuvieron el voto en contra de ERC y el PSOE, cuyo representante «se mostró sorprendido» de la situación descrita y alegó que, de ser cierta, «lo que tenemos que hacer es denunciarlo ante los tribunales, pero no llevarlo al Parlamento Europeo porque es un asunto interno».