La Asociación por la Escuela Bilingüe ha denunciado el informe del Relator de la ONU para las minorías, Fernand de Varennes, sobre España por su parcialidad en defensa del ideario independentista y, sobre todo, de la imposición del catalán como única lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña.

El informe, presentado el pasado marzo en Ginebra, fue duramente respondido por el Gobierno en sus aspectos políticos, pero no en las cuestiones lingüísticas, lamentan desde la AEB. La asociación se ha dirigido a la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michele Bachelet, a su representante en Europa, al propio relator y al Ministerio de Exteriores para que examinen de nuevo el informe.

«Es decepcionante que un organismo como la ONU se base en una definición de minorías sin respaldo legal» lamenta la portavoz de la AEB, Ana Losada. Definición que permitirá a la postre que los independentistas «esgriman un papel con el sello de la ONU para defender la inmersión lingüística». Losada reclama a Exteriores que asuma su denuncia y promueva una revisión de este informe.

Vínculos con el independentismo

Si no se revisa, la AEB pide que España se excluya de los exámenes relativos a las minorías, especialmente mientras los realice Varennes, con conocidos vínculos con el independentismo. Está muy ligado a Linguapax, con activa participación de Òminum y la Plataforma por la Lengua, señala Losada. De hecho, Varennes es uno de los grandes embajadores del independentismo en las instituciones de la ONU en Ginebra según relata Juan Pablo Cardenal en «La teleraña».

En su informe, Varennes parte de un concepto de minoría propio, «no fundamentado ni en el Derecho internacional ni en el acuerdo de los Estados ni en el consenso doctrinal» denuncia la AEB. Según el relator “una minoría étnica, religiosa o lingüística es cualquier grupo de personas que constituye menos de la mitad de la población del Estado y cuyos miembros comparten características comunes como cultura, religión o lengua o una combinación de cualquiera de estos. Una persona puede pertenecer a una minoría étnica, religiosa o lingüística sin ningún requisito de ciudadanía, residencia o reconocimiento oficial o ningún otro estatus”.

Partiendo de esta definición, Varennes considera que los catalanohablantes, debido a su lengua materna son una identidad diferenciada y un grupo minoritario porque su número es menor a la mitad de la población del Estado. El informe, por tanto, les da el estatus de minoría política.

En base a esa conclusión, el relator considera que los únicos derechos defendibles son los de los catalanohablantes, pese a la numerosa documentación presentada en su día por la AEB para argumentar sus denuncias sobre la discriminación de los niños castellanohablantes en Cataluña, explica Losada.

Restringir el español en la escuela

El relator «solo asume la perspectiva de la defensa de los derechos de las minorías y en ningún momento tiene en cuenta los derechos individuales de los que no forman parte de esas supuestas minorías» lamenta la AEB. De hecho, en sus recomendaciones «viene a aconsejar que se restrinja el derecho a estudiar en español en una proporción razonable e invita a hacer reformas para ello».

Varennes asegura en su informe que defiende una educación «basada en los principios de prohibición de la discriminación por motivos de idioma y de defensa de la educación en la lengua materna», pero «niega a los castellanohablantes este derecho que solo contempla para las minorías» concluye la AEB.