El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado que el comisario provincial de Ourense utiliza habitualmente el vehículo oficial que tiene asignado para «uso particular», por lo que ha pedido que se ponga fin a esta situación y se depuren las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido. La Jefatura Superior de Galicia no aprecia irregularidades y ha respaldado el comportamiento del mando.

El pasado 17 de junio, la dirección del sindicato en Galicia presentó un escrito en el que ponía de manifiesto que el comisario Juan Carlos B. H. «utiliza a diario» un vehículo oficial camuflado -concretamente un Renault Talismán matriculado a principios de 2017- «para recoger a dos menores de edad en otro punto de la ciudad y trasladarlos a la propia comisaría, retornándolos de nuevo tras la comida». «De este hecho ha sido testigo el denunciante y también varios compañeros, pero además lo que se expone puede ser verificado por las cámaras de seguridad de la Comisaría Provincial», expone.

El SUP entiende que el comportamiento del mando contraviene la resolución que la Dirección General de la Policía dictó el 18 de septiembre de 2014 con las normas relativas a la flota de automoción policial para lograr «el máximo aprovechamiento del presupuesto» y tratar de hacer una «gestión eficiente» de los recursos.

En ocasiones resulta imposible separar las obligaciones profesionales y personales», justifica la Jefatura Superior

En concreto, el apartado 4.7 de dicha orden determina que los vehículos del Cuerpo Nacional únicamente pueden ser utilizados para el desempeño de servicios de carácter oficial, teniendo esta consideración los desplazamientos que se deban realizar por razón de actividades profesionales -ya sea en labores operativas o de gestión- o por asistencia a reuniones, eventos institucionales o actos protocolarios de representación. «La citada norma establece que la inobservancia de lo preceptuado por esta resolución dará lugar a la correspondiente responsabilidad disciplinaria», recuerda el SUP.

El sindicato solicitaba en su escrito conocer si dicho comisario contaba con «autorización» de la Jefatura Superior de Galicia o de la Dirección General de la Policía para «trasladar a personas ajenas al Cuerpo sin mediar aparentemente reunión o acto institucional que lo justifique». En caso de no disponer de permiso se instaba a dar las instrucciones pertinentes para que cesara dicho comportamiento y el mando «haga uso de su vehículo particular para cometidos particulares, al igual que se le exige al resto de policías».

Igualmente, reclamaba que se depuraran responsabilidades disciplinarias y pedía expresamente que la Comisaría provincial de Ourense preservara las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad que captan tanto la entrada a las dependencias policiales desde el garaje como las que cubren el acceso desde el aparcamiento hasta la zona de ascensores entre los días 8 y 17 de junio en horario laborable.

La denuncia no ha prosperado. En un oficio fechado el pasado 8 de julio, la Jefatura Superior de Policía de Galicia sostiene que el uso que realiza el comisario provincial de Ourense del vehículo oficial que tiene asignado es «conforme» a las normas en vigor. «En ocasiones resulta imposible separar las obligaciones profesionales y personales», justifica el jefe regional de Operaciones en funciones.

Renunció a un conductor

Este mando argumenta que responsables policiales como los comisarios provinciales están sometidos a un régimen laboral «sin límites temporal, horarios o turnos» y que sus responsabilidades tanto en materia de gestión como de representación «no cesan, se interrumpen o acaban». «Hasta el punto de que incluso en vacaciones están a disposición de las obligaciones inherentes al cargo que ocupan», añade.

Como argumento adicional en favor de Juan Carlos B.H., la Jefatura Regional de Operaciones llama la atención que este comisario hubiera renunciado a tener un policía conductor -«privilegio anejo singularmente a la dignidad del cargo que ostenta», apunta- desde que llegó al puesto salvo «cuando el acto, protocolo o circunstancia lo hacía absolutamente imprescindible». Y ello, agrega, «ha contribuido a un mejor aprovechamiento del presupuesto total de todas las partidas asignadas a la Dirección General de la Policía».

A finales del pasado mes de abril, el SUP mostró su malestar ante el Subdelegado del Gobierno en Ourense por el elevado número de procedimientos disciplinarios o sancionadores que se habían abierto desde la llegada de Juan Carlos B.H. a la comisaría provincial en febrero de 2018: 35 sobre una dotación de 205 funcionarios. Según denunció entonces el sindicato, estos datos «no tienen parangón» con otras plantillas de similares características.