La decisión de mantener en su escaño al diputado Alberto Rodríguez (Podemos) por parte de los miembros de su partido y del PSOE en la Mesa del Congreso de los Diputados a pesar de que fue condenado por el Tribunal Supremo a una multa de 540 euros y a la inhabilitación durante un mes y 15 días ha provocado un choque sin precedentes con el alto tribunal.

El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, ha enviado un oficio este miércoles a la presidenta de la Cámara, Meritxel Batet, solicitándole «el informe sobre la fecha del inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, con la finalidad de realizar la liquidación de su condena». En la sentencia del pasado 6 de octubre se le consideró culpable de atentado contra agente de la autoridad por dar una patada a un policía tras una manifestación contra el exministro de Educación José Ignacio Wert durante un viaje de éste a La Laguna (Tenerife) en 2014.

El Tribunal pide al Parlamento explicaciones sobre si está perdonando una pena impuesta por la Sala y que los magistrados no han perdonado. El alto tribunal tiene claro que la condena implica la pérdida del escaño de Rodríguez por el período impuesto. Al pedir al Congreso la fecha concreta del inicio de dicha inhabilitación -necesaria para hacer la liquidación de la sentencia- evidencia el choque entre el Poder Judicial y el Legislativo que ha provocado la decisión de mantener en el escaño a Rodríguez por parte de los miembros de los partidos del Gobierno.

Partido Popular, Vox y Ciudadanos votaron en contra de mantener en su puesto a Rodríguez según acordó la mayoría de la Mesa en base a un informe de los letrados del Congreso. Desde el PP consideraron que el caso de Rodríguez es un supuesto claro de inelegibilidad sobrevenida del artículo 6.2,a) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), según explicaron a este diario. De ahí que se dirigieran a la Junta Electoral Central (JEC) para que aclarase el efecto de la inhabilitación de la sentencia.

La misma interpretación se hace desde el Supremo, que insta ya al Congreso a hacer cumplir el fallo pidiendo que proporcione la fecha en que comenzará la inhabilitación del diputado, pena accesoria de la sentencia de pasado 6 de octubre en la que se le consideró autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad. Una sentencia que también fue remitida hace seis días por el Tribunal Supremo, a través de su presidente Carlos Lesmes a petición del presidente de la Sala Penal Manuel Marchena, tanto a la Junta Electoral Central (JEC) como al Congreso de los Diputados «para su conocimiento y efectos oportunos».