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El Govern amenaza con recurrir la Ley de vivienda en plena negociación con ERC por los presupuestos

El sector inmobiliario espera con "incertidumbre" la Ley de Vivienda, que se aprueba este martes

El sector inmobiliario espera con "incertidumbre" la Ley de Vivienda, que se aprueba este martes Europa Press

«Una oportunidad perdida». Así ha definido la portavoz del Govern, Patricia Plaja, la nueva Ley de vivienda aprobada este martes por el Gobierno. Pese a la satisfacción exhibida por los comunes, socios de Pedro Sánchez y al frente del gobierno local de Barcelona, los independentistas ven en la nueva regulación un paraguas insuficiente para las normas catalanas que obligan a ceder el 30% de las promociones a vivienda protegida y fijan topes a los precios del alquiler.

Para el Govern se trata de una ley «decepcionante y recentralizadora que no servirá para hacer frente a las urgencias» del mercado de la vivienda. La nueva Ley de vivienda «rebaja la normativa catalana, no impide desahucios ni garantiza el alquiler asequible» ha lamentado Plaja, que ha contrastado esos déficits con una normativa catalana a su juicio «práctica y eficaz».

La consejera de Derechos Sociales de la Generalitat, la juntera Violant Cervera, ha ido más allá amenazando con recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional si consideran que invade competencias autonómicas.

Cervera ha asegurado que «es una ley decepcionante por las expectativas que el Gobierno más progresista de la historia había puesto sobre la mesa». La consejera ha definido la nueva Ley de vivienda como «muy regresiva» comparada con la catalana. Y ha avanzado que aparentemente el Gobierno «vuelve a ocupar competencias» de la Generalitat. Si es así, ha añadido, llevará la Ley al Tribunal Constitucional.

Limitación a la ley catalana

La inquietud del ejecutivo independentista está justificada, si se atiende a la valoración de los promotores catalanes sobre la ley estatal. Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores, advierte de que la nueva norma obligará a reformar la Ley de urbanismo catalana. El texto aprobado en el Parlament ampara la reserva del 30% de nuevas promociones para vivienda pública que ya se aplica en Barcelona sin compensaciones para los promotores, compensaciones que sí recoge la ley estatal.

En plena negociación de los Presupuestos Generales entre el Gobierno y sus socios independentistas, la nueva regulación estatal añade motivos de enfado en Esquerra. La ley catalana que limita el precio de los alquileres está recurrida en el Constitucional, aunque el recurso lo puso el PP, no el Gobierno. Por ello la norma está vigente de momento, pero a expensas de lo que decida el alto tribunal, sin que la nueva regulación estatal le vaya a servir de paraguas, como esperaban los independentistas.

En este contexto, la nueva Ley de vivienda se podría sumar a los frentes abiertos entre Gobierno e independentistas, con la protección del catalán en la Ley audiovisual como primer obstáculo.

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