Varios centenares de personas se han concentrado este viernes en Canet de Mar en contra de la aplicación del 25% de las clases en castellano en una escuela del municipio, solicitada por una familia. La concentración, convocada por el sindicato de estudiantes SEPC y la Intersindical CSC, ambos de la órbita independentista, no ha partido finalmente del centro educativo, sino de la próxima Font del Drac.

La Asociación de padres del centro pidió un cambio de localización para evitar más exposición de los menores, pero ha secundado la marcha, que recorre el centro de la localidad hasta la biblioteca municipal.

Representantes de ERC, JxCat y la CUP se han sumado a la marcha, presentada como protesta de las familias contra la decisión de la justicia. En las pancartas, proclamas en defensa de la inmersión lingüística en catalán y en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ratificada hace un mes por el Tribunal Supremo, que establece un mínimo del 25% de las horas lectivas en castellano.

Tras la marcha, la alcaldesa de la localidad, la republicana Blanca Arbell, ha defendido la convocatoria. «Como siempre, los catalanes hacemos manifestaciones totalmente pacíficas y totalmente justificadas» ha aseverado, defendiendo que «los jóvenes se tienen que movilizar» en defensa de la inmersión lingüística.

Paralelamente, el propio TSJC ha exigido hoy a la Generalitat que proteja el anonimato del menor y su familia. En una provisión hecha pública este viernes, el Superior de Justicia de Cataluña requiere al consejero de Educación y a la directora del centro para que «adopten las medidas necesarias para preservar la protección y la intimidad del menor y del recurrente, así como la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo».

El TSJC atiende así a la petición de la familia tras los incidentes vividos durante los últimos días. Entre ellos, mensajes amenazantes en redes sociales o propuestas de aislar al niño cuyos padres han solicitado la aplicación de la sentencia.

Investigación de la Fiscalía

Paralelamente, la Fiscalía de Barcelona ha incoado diligencias para investigar esas amenazas, tras las denuncias presentadas por Vox y la asociación Hablemos Español.

Fuentes del Ministerio Público confirman a Europa Press que las diligencias se encuentran aun en estado muy embrionario, «prematuro», dado que primero se deben recabar esos tuits y mensajes de whatsapp en los que presumiblemente se vertían amenazas, y luego estudiar la trascendencia jurídica del asunto. Indican que el decreto de incoación de diligencias de investigación se ha abierto pro la Sección de delitos de odio.