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El PP plantea llevar a Europa la propuesta del PSOE para controlar la CNMC o la AIReF

El líder del PP, Pablo Casado (1d), y la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra (1i).

El líder del PP, Pablo Casado (1d), y la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra (1i). EP

Aunque el texto no pasa aún del rango de «declaración política» y carece de efectos legales, el informe registrado por PSOE y Más País ante la Comisión de Auditoría de la Calidad Democrática ha encendido las alarmas de los grupos de la oposición. El documento pone en duda la legitimidad democrática de algunos de los grandes organismos independientes del Estado y estima oportuno no sólo limitar su actividad y margen de actuación, sino que propone incluso reservar al Gobierno la prerrogativa de suprimirlos. «El ejercicio de su independencia no puede afectar a que se trata de órganos administrativos, cuya decisión sobre su continuidad no puede ser ajena al poder ejecutivo, que debería disponer de las potestades suficientes para promover o acordar su disolución», aparece en el artículo 35 del mencionado documento.

Éste es precisamente uno de los artículos de los que alertan en el primer partido de la oposición, que no duda en poner el foco en un texto que, aunque carece de valor jurídico, supone la «fijación de posición del primer partido del Gobierno de España». «Es una deriva muy peligrosa», sostienen fuentes del PP, que plantean llevar el texto a Europa si el informe superase todos los trámites preceptivos en la correspondiente Comisión y llegase al pleno del Congreso convertido en materia de debate. El recorrido del mencionado informe dependerá de los votos de Unidas Podemos, que se ha desmarcado de la postura esgrimida por sus socios gubernamentales, aunque tampoco han presentado enmiendas a un texto que, por el momento, cuenta con el rechazo frontal de PP, Vox, Ciudadanos y PNV.

El documento presentado a principios de diciembre por PSOE y Más País supone una «incoherencia de base» a juicio de los populares, al legitimar el «asalto» a las autoridades independientes por parte del Gobierno alegando la necesidad de «reforzar la imparcialidad e independencia de los organismos reguladores». El escrito menciona a la CNMC, la AIRef, la CNMV, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD); el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN); el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTGB) y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como organismos susceptibles por la reforma que plantea PSOE e Íñigo Errejón.

Las dos fuerzas parlamentarias chocan en algunas cuestiones que aparecen en el documento de enmiendas a la propuesta base, por ejemplo respecto a la inclusión o no en el listado del Banco de España, aunque dejan fuera de antemano a otros organismos estatales como el Consejo de Administración de Radio Televisión Española o el Consejo de Estado.

El PP advierte: puede poner en riesgo los fondos europeos

Con todo, y a pesar de que el informe está en una fase muy inicial de tramitación, el PP ha activado ya la maquinaria para tratar de frenar y advertir de un texto con «tintes absolutistas» que, incluso, «puede poner en peligro la recepción de los fondos europeos«. «Nos preocupa enormemente cómo podría digerir Europa algo así. Nadie en su sano juicio cuestiona el contrapeso que éste tipo de instituciones aporta a un Estado de derecho, y la necesidad de que en toda economía de mercado existan moderadores independientes», suscriben.

«Si el Gobierno tuviese la capacidad para extinguir entidades cuya legitimación reside en las Cortes Generales, nos quedaríamos directamente sin división de poderes (…) y enviaríamos un claro mensaje a la Comisión Europea de que en España no va a haber organismos independientes supervisores» denuncian fuentes parlamentarias del PP.

A la espera del recorrido final del texto y de la posición final que dibujen al respecto ERC y Unidas Podemos, el debate sobre la propuesta base continuará en las próximas semanas en el Congreso. Tras recibir a una veintena de comparecientes, la Comisión de Anticorrupción de la Cámara Baja se ha dividido en dos subcomisiones: la que tiene como objetivo reforzar la imparcialidad e independencia de las autoridades independientes y una segunda vinculada a la protección de los denunciantes de corrupción.

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