El Gobierno revisa sus cuentas para aprobar la reforma laboral. Tras las duras declaraciones de Gabriel Rufián (ERC) que tachaba de «proyecto personal» de Yolanda Díaz el proyecto, se abre camino la opción de romper con la mayoría de la investidura para volver a contar con Ciudadanos, pero los naranjas no son suficientes. Y aquí vuelven a valer su peso en oro los cuatro diputados del PDeCat.

Los ex convergentes escindidos de JxCat ya han hecho llegar al ejecutivo de Pedro Sánchez su buena predisposición y están negociando el apoyo a un acuerdo que de hecho ya han bendecido públicamente por ser fruto del pacto entre patronal y sindicatos. Aunque con el apoyo del PDeCat, el Gobierno sigue necesitando convencer, al menos, al BNG para salvar la votación, si sus socios habituales de ERC, Bildu y el PNV se mantienen en el no.

La propuesta del Gobierno «encaja bastante» con nuestros postulados reconocen fuentes del partido. «Siempre nos hemos opuesto a una derogación y lo que presenta el Gobierno no lo es» añaden para explicar su cercanía a la reforma acordada con CEOE y los sindicatos.

Prevalencia de los convenios autonómicos

Los ex convergentes tienen claro que era necesario «introducir mejoras en algunos aspectos» de la reforma aprobada en su momento por el PP, y apuntan a la necesidad de reducir la temporalidad. «No nos opondremos a la convalidación del decreto», aseguran, aunque siguen negociando con el Gobierno para limar algunas diferencias.

La más sustancial, la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, un punto en el que coinciden con las reclamaciones de Esquerra. Pero mientras Rufián ha abierto un frente casi personal con la vicepresidenta y titular de Trabajo por considerarse ninguneado en la negociación de la reforma, Bel aseguraba tras cerrarse el acuerdo que «aunque no con la asiduidad que nos hubiera gustado, hemos mantenido negociaciones con el Ministerio de Trabajo y nos ha estado explicando cómo iba la negociación, lo que agradecemos».

Oposición en Cataluña

Tanto ERC como JxCat se han acogido hasta ahora al rechazo inicial expresado por las patronales catalanas al acuerdo alcanzado por el Gobierno, especialmente por el coste de los convenios estatales para las pimes. Pero ese rechazo se ha matizado con el paso de los días.

Así, de no inicial de Foment del Treball se ha pasado a la «abstención responsable» que defiende ahora Josep Sánchez Llibre, al tiempo que proclama su fidelidad a las decisiones adoptadas por Antonio Garamendi.

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, es más beligerante y ha buscado el apoyo de los partidos catalanes para «recuperar los derechos de las pymes» durante el trámite parlamentario. Es de hecho, uno de los argumentos esgrimidos por ERC y Junts, erigidos en defensores de las pimes catalanas.

Los partidos independentistas no cuentan, sin embargo, con el paraguas de un sindicato catalán independiente como, sí tienen PNV y Bildu en el País Vasco. En Cataluña UGT y CC.OO son mayoritarios, y la aproximación de Esquerra a UGT en los últimos años -dos de sus ex consejeros provienen del sindicato- puede sufrir si los republicanos mantienen finalmente el no a la reforma laboral que los dos grandes sindicatos han pactado con el Gobierno.