España

Creado un grupo de expertos para reformar la ley de transparencia, promesa del bipartito

El equipo de trabajo estará coordinado por el catedrático Severiano Fernández y reúne a representantes de las administraciones y de la sociedad civil | La posibilidad de incluir un régimen sancionador será con seguridad una de las cuestiones a analizar

C.V.

El grupo de trabajo para la reforma de la Ley de transparencia celebrará este jueves la reunión constitutiva una vez que ya han sido designados los 12 miembros que lo componen. La misión de este equipo será formular propuestas que contribuyan a mejorar la citada norma, aprobada hace ocho años durante la etapa de Mariano Rajoy y cuya modificación forma parte del contenido programático del pacto de gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos.

La creación de un equipo con representantes de distintos ámbitos para que colabore en la reforma del marco regulatorio con la Dirección General de Gobernanza Pública -adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública- se adoptó el pasado 2 de noviembre y se encuadra en la actuación del Foro de Gobierno Abierto, un espacio que une a las administraciones públicas y a la sociedad civil para impulsar la colaboración, la transparencia, la participación y la rendición de cuentas.

Según ha podido conocer este diario, el grupo estará coordinado por Severiano Fernández, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz (UCA) y uno de los principales expertos en materia de transparencia del país. Él ha sido el representante elegido del mundo académico junto a Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional y directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (dependiente del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática).

Por parte de las asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro figuran Helen Darbishire, directora de Acces Info, y el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Manuel Villoria, mientras que la representación de consumidores y usuarios recaerá en Gustavo Samayoa Estrada. El consejero general de la ONCE, Eugenio Prieto Morales, participará en nombre del tercer sector.

Por su parte, los integrantes de la Administración General del Estado serán Carmen Arias, de la secretaría general técnica del Ministerio de Hacienda y Función Pública; María Azpeitia, del gabinete técnico de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria, y Clara Mapelli, flamante directora general de Gobernanza Pública.

Debilidades de la norma

Completan el listado el director general de Evaluación y Reforma de la Xunta de Galicia, Jesús Oitavén; el director general de Gobernanza Pública y Transparencia del Gobierno de Asturias, José Antonio Garmón, y el consejero técnico del Área de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, Joaquín Messeguer (en representación de la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP). Como secretaria actúa Silvia Sancho, subdirectora general de Inspección General de Servicios de la Administración General del Estado.

La ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 10 de diciembre de 2013, convirtiéndose en la primera norma que se promulgaba en España con la intención de forzar un incremento de la transparencia en la actividad pública. El compromiso consagrado en el preámbulo es claro: «Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos».

Coordinado por el catedrático Severiano Fernández, el grupo reúne a miembros de las administraciones y de la sociedad civil

La experiencia de estos ocho años ha demostrado que el texto presenta debilidades, de ahí que desde diversos sectores se venga demandando una modificación que ayude a robustecer la norma y dificulte la opacidad en la gestión pública. Este grupo de trabajo analizará y discutirá en los próximos meses propuestas de mejora, la mayoría ya planteadas en diversos foros. Uno ellos fue el segundo seminario relativo a la reforma de la ley que el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales celebró el pasado 13 de octubre.

Una de las cuestiones que con seguridad se abordará será la conveniencia de incluir un régimen sancionador que permita castigar a aquellos funcionarios y altos cargos que se nieguen a facilitar información pública tras una resolución estimatoria firme del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). La propuesta está en el centro del debate, sin que concite la unanimidad. Mientras que algunos profesionales defienden que la adopción de esta medida permitiría que la Administración General del Estado no incumpla las resoluciones del órgano garante, otros creen que podría generarse una expectativa y que no ayudaría a conseguir el objetivo.

Temas de debate

Cuando en diciembre de 2020 le requirió este diario una valoración sobre los siete primeros años de la ley, el catedrático Severiano Fernández declaró: «El régimen sancionador es necesario más por coherencia que por efectividad: es decir, calificar las conductas lesivas de la transparencia como infracción es justo porque eso supone reconocer que son conductas contrarias a Derecho y que, por tanto, deben tener asociado el disvalor correspondiente. Pero, desde el punto de vista práctico, esto no es tan relevante. Más efectivo es atribuir a los consejos de transparencia no tanto potestad sancionadora como competencias coercitivas para que puedan obligar a las administraciones a que colaboren en la tramitación de las reclamaciones y, una vez firme la resolución, la ejecuten en todos sus términos». 

Algunas normas autonómicas aprobadas con posterioridad a la estatal, caso de la de Canarias, prevén ya infracciones administrativas -moduladas en función de su gravedad- e incluyen sanciones económicas que oscilan entre los 200 y los 30o.000 euros. Esta cuantía es la prevista para las muy graves, entre ellas incumplir más de tres veces en dos años la obligación de suministrar la información que haya sido reclamada como consecuencia de un requerimiento del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública o dar cumplimiento a una resolución del mismo en materia de acceso.

Que sea más sencillo el acceso a la información pública, una revisión del ámbito subjetivo de aplicación con la inclusión de entidades privadas con relación estrecha con lo público, la obligación de que los datos que se publiquen tengan que ser necesariamente en formato reutilizable, un tratamiento especial para los municipios pequeños y la posibilidad de que la norma alcance a los integrantes de la Casa del Rey serán otros de los puntos que previsiblemente se pondrán encima de la mesa durante las sesiones de trabajo.

En el acuerdo firmado por PSOE y Unidas Podemos en diciembre de 2019, lo que posibilitó la formación de Gobierno tras las elecciones generales celebradas el 10 de noviembre, figura la reforma de la Ley de transparencia como uno de los compromisos a ejecutar. También la aprobación del reglamento, del que ya se han redactado varios borradores pero que sigue sin ver la luz.

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