El Parlament mantendrá el escaño a Pau Juvillà hasta que «comprometa penalmente a los funcionarios». Es decir, hasta que se tenga que hacer efectiva esa calidad de diputado con un acto ejecutivo, desde ejercer su voto a cobrar la nómina. Es la fórmula pactada por ERC, JxCat y la CUP para una resolución con la que pretenden frenar, en teoría, la retirada del acta al diputado de la CUP. Un dictamen aprobado este miércoles en comisión, con el apoyo de los comunes.

«El Parlament no puede garantizar la eficacia de los actos de Juvillà como diputado» ha reconocido el diputado de JxCat Jaume Alonso Cuevillas, autor de la resolución aprobada, para no poner en riesgo a los funcionarios de la cámara. Una resolución de la que ha señalado que «no es el documento jurídico del que estoy más orgulloso en mi trayectoria como jurista».

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, tiene de plazo hasta el viernes para hacer efectiva la retirada del escaño, como le advirtió la propia Junta Electoral Central (JEC) en su resolución del viernes. Y para ganar tiempo, Borràs y el bloque independentista han optado para devolver el debate a la Comisión del Estatuto del Diputado. Ha sido allí donde se ha aprobado un dictamen en el que defienden la prevalencia del reglamento del Parlament sobre la Ley orgánica de régimen electoral (Loreg) para argumentar que Juvillà puede conservar su acta de diputado hasta que haya sentencia firme.

Un dictamen que ahora llevarán a un Pleno ad hoc, que Borràs convocará previsiblemente para este viernes, para amparar el rechazo de Borràs a retirar el acta de diputado a Juvillà. Lo cierto, sin embargo, es que el texto aprobado pone en límite en «preservar a los funcionarios de cualquier tipo de responsabilidad penal y contable», por lo que la desobediencia anunciada por el bloque independentista tiene un recorrido muy limitado.

Cacicada, teatrillo y despropósito jurídico

Una decisión que ha contado con el rechazo unánime de toda la oposición, excepto los comunes. «Teatrillo, despropósito jurídico o cacicada» son algunas de las valoraciones con las que PSC, Vox, Cs y PP han respondido a la imposición del bloque independentista. Un rechazo agravado por el bloqueo que el independentismo ha impuesto al Parlament hasta que esta cuestión se vote de nuevo en el Pleno.

«Sigan haciendo el indio, pero están al borde de cometer nuevo delito de desobediencia» les ha advertido el portavoz de Vox, Antonio Gallego. «Digamos lo que digamos en esta comisión no es vinculante, nada cambiará el destino de este diputado» ha concluido Gallego.

Sigan haciendo el indio, pero están al borde de cometer nuevo delito de desobediencia»

«Es una tomadura de pelo que intenten engañar con este buñuelo jurídico» ha advertido el portavoz de Cs Nacho Martín Blanco. El naranja ha recordado tanto la Loreg como la sentencia del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación de Quim Torra, para dejar claro que Borràs no se puede amparar en el reglamento del Parlament para esquivar la decisión de la JEC.

La Loreg en su artículo 6.2 dice que «son inelegibles los condenados por sentencia aunque no sea firme» y el Tribunal Supremo «recuerda la competencia de la administración electoral para acordar la inelegibilidad sobrevenida» ha señalado Martín Blanco.

El socialista David Pérez ha advertido además que la Comisión «no es competente para pronunciarse sobre resoluciones judiciales, cuya ejecutividad depende de la Mesa», acusando a Borràs de intentar esquivar su responsabilidad.

Ha recordado además que ningún informe de un órgano parlamentario «puede ir en contra de una resolución de la JEC», tras evitar entrar en el contenido de una resolución «débil desde punto legal», que ha recordado que no firma ningún letrado ni jurista del Parlament.