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La Justicia europea avala cortar fondos a Hungría y Polonia si no respetan el Estado de derecho

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha respaldado el mecanismo de la Comisión Europea para impedir la transmisión de fondos a los países que no cumplan con los estándares democráticos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una comparecencia en el Parlamento Europeo

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en la sede del Parlamento Europeo. EUROPA PRESS

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este miércoles el mecanismo acordado por los representantes de los 27 países miembros de la Unión Europea para impedir que los países que no respeten el Estado democrático de Derecho reciban fondos comunes.

El Tribunal considera que dicho mecanismo, acordado principalmente como respuesta a los ataques a la independencia judicial de los gobiernos de Hungría y Polonia, va en consonancia con el derecho de la Unión.

Así, la Comisión Europea ya tiene vía libre para poner en marcha este mecanismo de ‘castigos’ contra los países que no respeten los estándares democráticos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este miércoles que la institución analizará «detenidamente» las sentencias que avalan el mencionado mecanismo antes de decidir si lo usa contra Polonia y Hungría.

En una declaración escrita difundida después de conocer el fallo del tribunal de Luxemburgo, la alemana celebró que el veredicto haya certificado la legalidad del reglamento de condicionalidad, una «importante herramienta» que permite «proteger mejor» el presupuesto comunitario y los intereses financieros de la Unión Europea, según ha recogido la agencia Efe.

Deriva antidemocrática

Los gobiernos de Hungría y Polonia, con los presidentes Viktor Orbán y Andrzej Duda, que han ido llevando sus políticas hacia una deriva antidemocrática en aspectos sociales e intervencionista en su consejo de jueces, en el caso del segundo, recurrieron el acuerdo europeo ante el TJUE.

El Tribunal de Luxemburgo ha rechazado sus recursos -basados en que el mecanismo pone en riesgo su seguridad jurídica- y afirma que para que se dé el corte de fondos la Comisión debe probar que existe un vínculo real entre la vulneración de uno de los principios de los estados de Derecho y la utilización de fondos europeos. Los jueces inciden en que el reglamento europeo «exige, para la adopción de las medidas de protección que contempla, que se acredite un vínculo real entre una vulneración de un principio del Estado de Derecho y una afectación o una amenaza de grave afectación de la buena gestión financiera de la Unión o de sus intereses financieros».

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