La tentación por controlar el poder judicial es motivo de preocupación en toda democracia. En la Unión Europea la vigilancia es estrecha. Uno de los países que están en su punto de mira es Polonia por su reforma del poder judicial.

La UE sostiene que la reforma «socava la independencia judicial de los jueces polacos y es incompatible con la primacía del derecho de la Unión Europea». Con la ley anterior, 15 de los 25 miembros eran elegidos por juntas de jueces. Con la reforma, esos 15 jueces son elegidos por la Dieta del Congreso. Se hará por una mayoría de tres quintos, como destacaba en Twitter el subsecretario de Estado de Exteriores, Pawel Jabloski.

"En España el gobierno cambia las reglas para la elección del poder judicial", escribía Jabloski, que añadía que en España el gobierno pretende que la mayoría para aprobar a los miembro del Supremo sería de tres quintos. El viceministro se preguntaba si la comisaria de Justicia, Vera Jourová, va a intervenir en el caso de España, como lo ha hecho con Polonia.

Efectivamente la Unión Europea está preocupada por el estado de derecho en Hungría, Polonia y Bulgaria, como consta en su informe del 30 de septiembre. En el caso polaco el documento alerta sobre las reformas del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía, que a juicio de la UE han debilitado la independencia judicial en el país en los últimos cinco años.

Las reformas que el gobierno polaco van más allá de la designación de jueces del Supremo. Preocupa a la Unión Europea, y a las organizaciones independientes de jueces en Polonia, que se intente castigar a los que discrepan con el poder.

El gobierno defiende que se apliquen medidas disciplinarias por cuestionar las medidas del Ejecutivo, como la elección de jueces por parte de Ley y Justicia, el partido en el gobierno. Ley y Justicia argumenta que busca, sobre todo, eficacia y evitar el caos. Para la UE se busca el control del poder judicial.

Según la nueva ley, que se aprobó con un procedimiento de urgencia, sin consultas, los jueces pueden ser sancionados "por acciones que entorpezcan el funcionamiento del sistema de justicia". También han de dar a conocer sus vínculos con ONG y otras actividades en medios de comunicación.

Esta semana el Supremo ha levantado la inmunidad a la juez Barbara Morawiecz, crítica con la reforma judicial, bajo acusaciones de presunta corrupción, según informa Efe. Morawiecz preside la organización judicial Themis, que se opone a las medidas de Ley y Justicia.

"Esto significa que el sistema judicial funcionará con principios similares a los de Bielorrusia, Rusia, Turquía o Corea del Norte, y no de acuerdo al modelo europeo", mantenía Bartlomiej Przymusinksi, de la asociación judicial Iustitia, según informaba Financial Times.

La juez combativa

Si alguien que encarna la batalla entre el poder judicial y el poder ejecutivo, es Malgorzata Gersdorf, quien ha sido presidenta del Tribunal Supremo polaco hasta su renuncia la pasada primavera. Después de un mandato de seis años, la juez Gersdorf decía, en declaraciones a TVN24, que Polonia avanza a pasos agigantados hacia un estado autoritario.

Gersdorf se convirtió durante años en el estandarte de los jueces contra un gobierno que les acusaba de ser "una casta corrupta", en palabras del presidente Andrzej Duda. Gersdorf, que cumple 68 años en noviembre, se mantuvo al frente del Supremo a pesar de que el gobierno impuso que se bajara la edad de jubilación, de 70 a 65 años, de los magistrados con el objetivo de que la incómoda juez tuviera que retirarse. Del presidente Duda depende que les concedan una prórroga de tres años.

En una carta de despedida a sus colegas, Gersdorf escribía, según la BBC: "Pagué por defender la independencia judicial y de los jueces. Me convertí en objeto de ataques brutales. No estaba preparada".

El presidente Duda nombró a Kamil Zaradkiewicz, ex funcionario del Ministerio de Justicia, como su sucesor interino. Finalmente, desginó a la juez Malgorzata Manowska, de 55 años, como presidenta del Supremo. Manowska está a cargo de la escuela estatal de jueces y fiscales, bajo investigación por filtrarse datos personales de sus empleados. Fue viceministra de Justicia en 2007 con Ley y Justicia en el poder.

La retirada de Gersdorf y la jubilación de otros cuatro jueces dejó al gobierno campo de maniobra para actuar en el Supremo. Ley y Justicia asegura que los sondeos indican cómo los polacos están hartos de la lentitud y la complejidad del sistema judicial en Polonia y por ello impulsa las reformas.

Ziobro, el ministro 'halcón'

Detrás de la reforma de la Justicia está el ministro a cargo, el todopoderoso Zbigniew Ziobro, quien aspira a suceder a Jaroslaw Kaczynski, de 71 años, que viene dominando la escena política polaca desde 2005, cuando su hermano Lech, fallecido en accidente aéreo fue elegido presidente. Jaroslaw sería primer ministro en aquella época.

El líder de Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynski, acaba ahora de volver al gobierno como viceprimer ministro. Será subordinado del primer ministro, Mateusz Morawiecki, de los más moderados del partido Ley y Justicia.

Ziobro, líder de Polonia Unida, miembro minoritario del gobierno, fue ministro de Justicia y fiscal general en 2005 con Ley y Justicia. Después desafió el liderazgo de Kaczynski y tuvo que dejar el partido. Pero regresó cuando Kaczynski quiso sumar fuerzas para ganar las elecciones de 2015.

Volvió como ministro de Justicia y desde entonces libra un pulso con los jueces más independientes. En julio anunció su plan para retirar a Polonia de la Convención de Estambul sobre la prevención de la violencia contra las mujeres. Según Ziobro, "es un invento feminista que justifica la ideología gay".

Poco a poco ha ido asumiendo el control de todo lo relacionado con el sistema de justicia. Su objetivo sería forzar la fusión con Ley y Justicia y tomar el relevo de Kaczynski. Muchos en la derecha polaca le temen y prefieren que sea Morawiecki, más moderado, quien marcara el rumbo en el futuro.