El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha convertido en protagonista de los titulares esta semana. El órgano de Gobierno de los jueces —en funciones desde finales de 2018 por la falta de acuerdo entre los dos principales partidos del Congreso de los Diputados, PSOE y Partido Popular, para su renovación— sacó adelante con un amplio consenso el nombramiento de seis plazas de máxima relevancia en el Tribunal Supremo: tres presidencias de Sala y tres puestos de magistrado en la Sala de lo Penal encargada de la investigación a aforados.

El Gobierno culpa al PP del bloqueo y cree que los nombramientos deberían estar paralizados al haber cumplido su mandato el órgano. Por eso se tomó el resultado del Pleno del Consejo del pasado miércoles (con 19 votos de 21, incluidos los progresistas) como un pulso del Poder Judicial. Este viernes, llegó la respuesta: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó desde Bruselas, tras su participación en el Consejo Europeo, que quiere cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para renovar el Poder Judicial sin necesidad de los votos del PP, rebajando la mayoría requerida en la Cámara Baja para la elección de los 12 vocales jueces.

En este escenario, y una semana después de que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, trasladara en el acto de entrega de despachos de jueces en Barcelona el "enorme pesar" que supuso en la carrera judicial que el Gobierno vetara la presencia del Rey al acto, El Independiente entrevista a José María Macías, uno de los vocales del órgano más críticos con las últimas actuaciones del Gobierno:

Pregunta.- ¿Quisieron lanzar un aviso al Gobierno contra las injerencias con los 19 de los 21 votos de los miembros del Pleno para sacar adelante los nombramientos este miércoles?

Respuesta.- Las injerencias existen y son conocidas. No es que se trate de amenazas o de conductas que se puedan calificar de delictivas, pero las relaciones que se tienen que entablar entre poderes del Estado tienen unas reglas, y esas reglas se tienen que respetar. En el Consejo no participamos de juegos políticos ni utilizamos sus medios. Por tanto, es muy importante que cuando el resto de los poderes trata con el Poder Judicial, lo haga desde la más exquisita mesura y eso no ha pasado en absoluto. Eso lo vi yo, lo vieron todos mis colegas del CGPJ y al margen de que queríamos cumplir con nuestras funciones, también queríamos lanzar un mensaje con el idioma que podemos manejar, que no es el de ellos.

P.- ¿Fue difícil alcanzar ese acuerdo tan mayoritario?

R.- No diría difícil, sino laborioso. Al nivel que se hacen estos nombramientos, estamos hablando de jueces excelentes, se da por descontado el principio de mérito y capacidad. Entre los 15 candidatos juega la discrecionalidad que la ley reconoce al Consejo al hacer esos nombramientos. Y ahí es donde ya defines, en el curso de las negociaciones que se llevan a cabo para alcanzar consensos, otro tipo de aspectos como la mayor especialización en un determinado ámbito, la propia trayectoria que te hace confiar en una buena gestión de la persona en el tribunal… un conjunto de elementos de muy difícil plasmación, pero que en el curso de las conversaciones que mantienes y pones sobre la mesa, acaban perfilando a un candidato frente a otro.

La decisión de que no se harían nombramientos a la vista de una renovación inminente no fue del presidente Lesmes, sino del Pleno

P.- ¿Cuánto tiempo llevó la negociación?

R.- Inmediatamente después de conocer que no habría renovación, que eso fue en verano, y sabiendo que nos reincorporaríamos en septiembre, comenzamos a hablar. La decisión de que en julio no se harían nombramientos no fue del presidente Lesmes, sino del Pleno. El presidente propuso que no hiciéramos nombramientos en julio a la vista de que podría haber una renovación inminente, pero con la indicación de que si a la vuelta del verano no se había hecho tendríamos que retomar los nombramientos. Y eso fue lo que hicimos. Estamos cumpliendo con lo que acordamos.

P.- ¿Esos nombramientos continuarán si no hay, que parece que no lo va a haber, un acuerdo entre PSOE y PP para la renovación?

R.- El artículo 570 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dice que el CGPJ continúa con su plenitud de funciones mientras no se produzca la renovación. Ayer oí al ministro de Justicia decir una cosa muy extraña, en cuanto a que reconocía —porque conoce la Ley— que nosotros podíamos seguir realizando nombramientos y cumpliendo el resto de funciones que nos atribuye la Constitución y la Ley Orgánica pero que no debíamos. Soy incapaz de entenderlo. Debemos hacer todo lo que podamos hacer. Él, además, tiene la experiencia de haber estado en un Consejo de mandato extendido durante prácticamente dos años donde se hicieron 32 nombramientos de cargos discrecionales, incluida una docena de nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y de sus Salas. En esas circunstancias se hace muy difícil pretender que lo que pueda ser el planteamiento político de hoy, que no sabemos si será el de mañana o el de la semana que viene, un órgano constitucional deje de cumplir sus funciones. La intención es seguir funcionando con normalidad, haciendo nombramientos y naturalmente la intención es seguir hablando para llegar a consensos.

P.- El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dijo que son un "Consejo en descomposición". ¿Cómo sentó esa afirmación entre los vocales?

R.- Casi le preguntaría a él cómo ha sentado que le revelen que eso no es así, que no ha sabido leer cuál es la situación del actual Consejo ni sus motivaciones. A poco que hubiera sido capaz de percibir que eso era así, seguro que se ahorra esa expresión tan intensamente desafortunada.

La intención de cambiar la LOPJ es una ocurrencia de leguleyo irresponsable

P.- El Gobierno se plantea modificar la LOPJ para cambiar las mayorías exigidas al Congreso de los Diputados en la elección de vocales del CGPJ procedentes de la carrera judicial. ¿Qué opina al respecto?

R.- Es una ocurrencia de leguleyo irresponsable que pretende poner en tensión a las instituciones y dejaría a España en el punto de mira por grave déficit democrático.

Polonia, con un gobierno de ultraderecha que está incómodo con el Poder Judicial, está en el punto de mira de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la Comisión... por la batería de leyes aprobada y destinada a modificar cómo se nombra al Consejo. Lo que ha hecho la ultraderecha en Polonia es de una finura y una exquisitez extraordinaria comparado con lo que propone Podemos y el Gobierno. Digo Podemos porque a mí la noticia que me llega es que la propuesta es de Podemos. No se la quiero achacar al PSOE hasta que eso no esté aceptado. Podemos hace una propuesta que en Europa sólo se ha atrevido a hacer la ultraderecha y que propone la voladura de los principios constitucionales que rigen el Poder Judicial y la separación de poderes y la voladura de los principios del artículo 2 del tratado de la Unión Europea.

Pretender que se elija a los vocales con una mayoría que prescinda de la oposición provoca una inmediata correlación entre el Gobierno y el Poder Judicial

Pretender que se elija a los vocales con una mayoría parlamentaria que prescinda de la oposición provoca una inmediata correlación entre la mayoría del Gobierno y el Poder Judicial. Si sucede algo así, tenemos un procedimiento de infracción cargado sobre las espaldas de inmediato. Incluso podría suceder, porque eso está previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que si se violan los principios del artículo 2 del Tratado España vea suspendida, en la práctica, su condición de miembro de la Unión Europea, que es el riesgo que tiene Polonia.

P.- La Comisión Europea también ve con preocupación, en su último informe sobre el Estado de Derecho, la cercana relación entre la Fiscalía General del Estado y el Gobierno español.

R.- Leí el papel y no vi que reflejara preocupación, sino una descripción sin calificativos. No hace falta que nos lo diga Europa, una Fiscalía dirigida y representada por una persona [en referencia a la fiscal general Dolores Delgado] que pasa de la Política a la Fiscalía entiendo que genere desconcierto y desasosiego porque nadie se cree la imparcialidad de quien tiene que adoptar las decisiones de máximo nivel. Por suerte, los fiscales son unos profesionales de cuyo criterio personal no cabe dudar, pero no se puede sostener la credibilidad de una institución sobre esto.

P.- Usted fue quien denunció la decisión del Gobierno para que el Rey no estuviera en el acto de entrega de despachos a jueces en Barcelona. ¿Todos los miembros del CGPJ vieron aquello como un veto a Felipe VI?

R.- Tengo que precisar mucho. Yo no formulé ninguna denuncia.

Era conveniente que todos supiéramos que Su Majestad, si no acudió, no fue por una decisión suya

P.- Lo transmitió públicamente.

R.- Sí, no transmití ninguna denuncia, pero sí entiendo que hay que ser transparente. Era conveniente que todos supiéramos que Su Majestad, si no acudió, no fue por una decisión suya. Lo hice saber porque me lo preguntaron y no voy a mentir conociendo que eso fue así. No hubo intención por parte de los miembros del Consejo de transmitir ninguna queja ni ningún acto de desagravio.

P.- Me refiero a la decisión de que Lesmes trasladase en su discurso la posición del CGPJ. 

R.- Sí, fue una expresión de pesar, nos hubiera gustado que las cosas fueran distintas. Fue también para explicar, por si alguien no lo había entendido, que la presencia del Rey en este acto va mucho más allá del aspecto meramente protocolario; dónde se ubica Su Majestad en la arquitectura constitucional; qué posición ocupa en relación con el Poder Judicial. Se hizo un llamamiento a contar con él para el futuro. Un llamamiento para que el Gobierno intente facilitarlo en la medida de lo posible.

P.- La explicación sobre “garantizar la convivencia” que dio el ministro de Justicia para explicar la ausencia del Rey, ¿es válida, está justificada?

R.- Se han dado muchas explicaciones y cada una peor que la anterior. Quiero pensar que el ministro no supo acertar con la palabra, porque decir que el Jefe del Estado puede ser un problema de convivencia en Cataluña o donde sea, es para pensarse muchas veces la palabra y buscar otra. En cuanto a que la sentencia [de inhabilitación contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra] iba a ser notificada con carácter previo y que entonces era preferible suspender es difícil de entender y tendrán que explicar en qué se basan para tener esa percepción. Lo que parece sensato, en función de todo esto que se está diciendo de la seguridad, es que se haga antes de que se dicte la sentencia, no después que es cuando tienes a los grupos de CDR excitados.

P.- Al final del acto en Barcelona el vocal del CGPJ Antonio Ballestero pidió un ‘Viva al Rey’ que los presentes siguieron y se filtró un audio, del que aún no se ha podido determinar si fue el ministro de Justicia quien dijo esas palabras, en el que se oye: “Se han pasado tres montañas”. ¿Se crearon tensiones entre Campo y Lesmes después de ese momento?

R.- Hasta donde yo sé, no. De todas maneras, este es un episodio un poco extraño. El ministro afirmó que no se reconocía. Es un acto en el que se ha programado, aunque no fuera formalmente, pero antes de empezar se dijo que se iba a solicitar esa aclamación.

P.- ¿Se comunicó?

R.- Sí, un vocal suele ser una persona ordenada y educada y en un acto oficial no aparece un espontáneo. Ballestero lo habló con los vocales que estábamos allí. Le dijimos que nos parecía una idea estupenda, que se lo dijera al presidente. El presidente dijo: “Vale, hazlo tú que me lo estás proponiendo”.

Se me haría muy raro pensar que el presidente Lesmes se dedique a sí mismo el dicho 'Me he pasado tres montañas'

Cuando eso se hace, el presidente no tiene la mascarilla en la cara, grita ‘Viva el Rey’ como lo gritamos todos los que estábamos allí. Delante de ese micrófono sólo hay dos personas, el presidente y el ministro, y a mí se me haría muy raro pensar que el presidente Lesmes se dedique a sí mismo el dicho 'Me he pasado tres montañas'. Para mí lo grave y preocupante no es si él lo dijo, sino que hemos llegado a una situación en la que parece que si un ministro critica un acto de aclamación al Rey eso resulte creíble. No ha producido perplejidad que un ministro se queje de esto.

P.- El Gobierno también ha reprochado que Lesmes filtrara que el Rey le llamó para trasladar a los alumnos de la Escuela Judicial que le hubiera gustado estar con ellos. ¿Cree que el presidente del CGPJ se equivocó al comunicarlo?

R.- El presidente Lesmes no filtró absolutamente nada. Su Majestad no llamó para hacer ningún tipo de declaración de carácter institucional. Yo estaba al lado del presidente y vi lo que sucedió. Su Majestad llamó para pedir al presidente que trasladara a los miembros de la promoción su felicitación y el mensaje de que le hubiera gustado dársela personalmente. Pero es un gesto de cariño que expresa una persona educada, que yo lo sitúo en ese plano. Si yo invito a un amigo a cenar a mi casa, me confirma, preparo la mesa, lo tengo todo listo y diez minutos antes me manda un Whatsapp diciendo "no puedo ir", lo menos que espero de él es que me llame, se disculpe y me diga qué le ha pasado. Que se quejen porque Su Majestad es una persona educada me parece tan fuera de lugar como para no hacer ningún comentario más. Que no se le achaque al presidente que ha desbordado el tema cuando aquí los que han desbordado el tema me temo que son otras personas.