España | Tribunales Tribunal de Cuentas

Sociedad Civil Catalana denuncia los gastos del 'procés' por los que la Generalitat no se ve afectada

La asociación considera responsables contables del desvío de 5,3 millones de euros para gastos del referéndum del 1 de octubre y de propaganda internacional independentista a 11 ex altos cargos del Gobierno catalán

Pere Aragonés y Carles Puigdemont durante el encuentro mantenido en Cerdeña tras la detención del ex president Jordi Bedmar

Sociedad Civil Catalana (SCC) ha presentado este jueves ante el Tribunal de Cuentas una denuncia contra 11 ex altos cargos del Gobierno catalán, entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el ex vicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Dolors Bassa, Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Lluis Puig, Neus Munté y Francesc Homs.

La asociación considera a todos responsables contables del desvío de 5,4 millones de euros en los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y de la promoción del proceso independentista en el extranjero a través del Diplocat y las denominadas embajadas catalanas.

En el procedimiento, que la anterior consejera del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante llevó a fase de enjuiciamiento reclamando a los políticos independentistas fianzas por 5,4 millones, ni la Abogacía del Estado en representación del Gobierno central ni los servicios jurídicos de la Generalitat presentaron demanda considerándose perjudicados por el desvío de fondos.

La Generalitat, de hecho, creó un sistema de avales para cubrir la fianza impuesta a los líderes independentistas que el Tribunal de Cuentas rechazó dudando de su legalidad, dudando de que el Gobierno catalán pueda cubrir gastos bajo investigación.

«Única acción pública»

La vicepresisenta de Acción Territorial y Judicial de SCC, Elda Mata, fue quien presentó la demanda ante el Tribunal de Cuentas asegurado que actúa cumpliendo con su «deber cívico» para «defender a los millones de ciudadanos que pagan sus impuestos y cumplen las leyes». «Durante años el gobierno catalán ha destinado millones de euros a acciones ilegales para las que no tenía competencia ni legitimidad. Pero se ha acabado el tiempo de la impunidad. A cada actividad ilegal responderemos con una acción judicial», ha informado la asociación en un comunicado.

Sociedat Civil Catalana también ha informado de que «será la única acción pública en esta causa» en que «la entidad y los miembros de su Junta Directiva se juegan centenares de miles de euros en costas», han afirmado. La demanda lleva la firma del letrado Juan Chapapría, socio del Bufete Chapapría-Navarro & Asociados. 

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