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El Tribunal de Cuentas rechaza el aval de la Generalitat para los gastos del 'procés' en el exterior

El órgano fiscalizador interpreta que el decreto-ley por el que el 'Govern' creó el fondo de 10 millones para atender las fianzas no puede cubrir los supuestos de responsabilidad contable | 28 de los 34 investigados, a un paso de que les embarguen sus bienes

El presidente del Govern de Cataluña, Pere Aragonès. EFE

El Tribunal de Cuentas ha rechazado el aval de la Generalitat para cubrir la posible responsabilidad contable de los líderes del procés por los gastos del Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (conocido como Diplocat) y las denominadas embajadas catalanas en el exterior, cifrados de forma cautelar por el órgano fiscalizador de las administraciones públicas en 5,4 millones de euros.

A la vista de esta decisión, el Tribunal de Cuentas decretará el embargo de bienes y derechos a los presuntos responsables contables que aportaron estos avales hasta cubrir la cuantía señalada en la liquidación provisional al haber expirado el plazo de que dispusieron para cubrir las cantidades señaladas. De los 34 investigados, sólo cuatro (Adán Casals, Albert Carreras, Francesca Guardiola y Mireia Vidal) afianzaron correctamente la cantidad determinada y dos (Pere Puig y Luis Bertrán) reintegraron la cuantía solicitada.

La delegada instructora del procedimiento, Esperanza García Moreno, descarta el sistema ideado por la Generalitat de Cataluña para cubrir las fianzas con fondos del Instituto Catalán de Fianzas (ICF) al no amparar dicha la norma en la que se sustenta conductas dolosas, según han confirmado fuentes del Tribunal de Cuentas a El Independiente. García Moreno interpreta que el decreto-ley aprobado por el Govern el pasado 6 de julio por el que creó un fondo complementario de riesgos de la Generalitat no cubre supuestos de responsabilidad contable, como el que se dilucida en el procedimiento que se instruye ahora.

«Se acuerda no admitir los avales garantizados con fondos públicos emitidos por el Instituto Catalán de Finanzas, al no amparar las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave, requisitos que necesariamente deben concurrir para declarar la responsabilidad contable y que, de manera indiciaria, debe apreciar el delegado instructor para poder declarar la existencia de una presunta responsabilidad contable y dar lugar a una liquidación provisional positiva», detalla la resolución.

Dando marcha atrás a su postura inicial, el Ejecutivo que preside Pere Aragonès optó finalmente por cubrir las fianzas exigidas a los investigados mediante un aval del Instituto Catalán de Fianzas (ICF), entidad financiera de la Generalitat. Las cauciones se presentaron el pasado mes de julio. El Ejecutivo autonómico mantiene que, «si los servidores públicos sufren un daño o perjuicio en la realización del servicio sin que concurra culpa o negligencia, tienen que ser resarcidos». De ahí que creara este complejo sistema de cobertura de las finanzas.

¿Malversación y prevaricación?

La duda jurídica que se planteó desde el principio fue si el Ejecutivo catalán puede asumir el coste de gastos realizados indebidamente por antiguos integrantes del Govern sin incurrir en malversación de caudales públicos ni prevaricación. El Tribunal de Cuentas pidió a la Abogacía del Estado –instando a que el Gobierno central se posicionara al respecto– que se pronunciara sobre la legalidad de este sistema de avales ideado por la Generalitat a través del ICF.

La abogada general del Estado, Consuelo Castro, igual que hizo el abogado del Estado en el Tribunal de Cuentas, eludió pronunciarse al respecto. Respaldó, como adelantó El Independiente, el informe de su subordinado en el órgano del pasado 4 de agosto en el que advirtió de que podía existir un posible «conflicto de intereses» si emitía el dictamen solicitado por el presidente de la Sección de Enjuiciamiento puesto que la Abogacía del Estado intervino como parte al principio del proceso y como órgano consultivo en este asunto.

El órgano fiscalizador embargará ahora los bienes a los investigados hasta cubrir la cuantía determinada en la liquidación provisional

El procedimiento sobre el que se emitirá una sentencia en su momento, y que ahora se encuentra en la fase de garantizar la posible responsabilidad contable con fianzas, afecta a 34 ex altos cargos -entre ellos ex vicepresidente Oriol Junqueras– y funcionarios por el desvío de fondos públicos en la promoción exterior del procés.

A finales del pasado mes de junio, el Tribunal de Cuentas cifró en 5.422.411,10 euros -468,38 euros menos de lo cuantificado inicialmente- la liquidación provisional practicada en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para las denominadas ‘embajadas catalanas’ y para el Diplocat a la espera de que se enjuicien los hechos.

Entre las personas alcanzadas figuran los ex presidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el ex vicepresidente Oriol Junqueras; los ex consellers Andreu Mas-Colell (Economía), Raül Romeva (Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia) y Francesc Homs (Presidencia), y la ex interventora Mireia Vidal.

A la espera de que se resuelva cómo se van a depositar las fianzas tras la negativa de la delegada instructor, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tiene que pronunciarse sobre la querella que Vox interpuso contra Pere Aragonés y los consejeros Laura Vilagrá (Presidencia) y Jaume Giró (Economía y Hacienda) por la creación del citado fondo, al entender que dicha decisión puede ser constitutiva de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

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