El conseller de Economía, Jaume Giró, rectifica. El Instituto Instituto Catalán de Finanzas (ICF) avalará finalmente a los líderes del procés para cubrir las fianzas de 5,4 millones de euros impuestas por el Tribunal de Cuentas. Un total de 34 ex altos cargos de la Generalitat, encabezados por Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Artur Mas, deben consignar hoy los avales para cubrir su responsabilidad por los gastos en la promoción exterior de la independencia realizados entre los años 2011 y 2017 a cargo de presupuestos públicos.

Un anuncio por el que se ha felicitado públicamente el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. "Agradezco a Giró el anuncio por el compromiso demostrado y el trabajo hecho", ha destacado Aragonès para defender una decisión con la que está "el conjunto del Govern" ha asegurado.

Sin embargo, la decisión de utilizar el ICF para avalar a los investigados por el Tribunal de Cuentas no ha sido ni mucho menos plácida en el seno del Govern. Giró anunció este martes que la Generalitat renunciaba a utilizar el ICF para avalar a los líderes independentistas para no comprometer a los trabajadores de la "banca pública" de la Generalitat. Un anuncio que llegaba después de constatar que ningún banco catalán estaba dispuesto a entrar en la operación orquestada por el Departamento de Economía.

Batalla entre ERC y JxCat

El anuncio de Giró respondía a la negativa del director del ICF, Víctor Guardiola, a avalar desde el Institut las fianzas ante el Tribunal de Cuentas, según relatan fuentes de JxCat. Guardiola accedió a la dirección del ICF el pasado enero. Es, por tanto, un hombre de Pere Aragonès. Pero diversas fuentes de ERC criticaron este martes la negativa a utilizar la vía que ya permitía el Decreto Ley de creación del Fondo de Riesgos para amparar a los perseguidos por el Tribunal de Cuentas.

En este contexto, desde Junts aseguran que no ha habido "rectificación" de Giró, sino voluntad de que sus socios de gobierno aclararan su postura al respecto. Una aclaración que ha llegado esta mañana, en el marco de una reunión exprés entre Aragonés y Giró en el Parlament, previa al inicio del último pleno del curso político. En ese encuentro, Aragonès habrá amparado el uso del ICF, pese a las reticencias de Guardiola.

Poco después, el propio Giró ha anunciado ante el pleno del Parlament, a una pregunta de su compañera de partido, Elsa Artadi, que finalmente será el ICF quien avale las fianzas. El conseller ha argumentado que han sido los propios trabajadores del Instituto de Finanzas los que han pedido avalar a los líderes independentistas.

Cs reclama que la Fiscalía rechace el aval

La maniobra jurídica se encontrará con la oposición de Cs, que ya ha anunciado que pedirá a la Fiscalía del Tribunal de cuentas que rechace el aval. El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha explicado que este jueves registrarán la petición a la Fiscalía para que "en defensa del interés público" se oponga a la fianza avalada por el ICF.

"El ICF avala con dinero público a los autores de una malversación de dinero público, lo cual es un fraude de ley y por tanto pedimos la intervención de la Fiscalía para evitarlo". ha denunciado Carrizosa. La Fiscalía tiene el deber de proteger el interés público, ha recordado, y debe impedir, por tanto, que "con dinero público" se avale a los líderes del procés.

Cs pedirá además la comparecencia del director del ICF, Víctor Guardiola, "para que nos explique la cobertura legal que pretenden darle" a esta operación. Carrizosa se ha dirigido también al conseller Giró, al que ha recriminado que "involucre" en esta operación "clarísimamente ilegal" a funcionarios públicos. "Si quiere afianzar a los líderes del procés que lo haga con su patrimonio personal" ha concluido el dirigente naranja.

Felicitación de la CUP, dudas de Mas

El anuncio ha sido saludado con alegría por la CUP, que también había criticado la "falta de valentía" del Govern de Aragonès ante la "persecución" a los líderes del procés, que ven comprometido su patrimonio personal. "Es obvio que si se aprueba un decreto del Govern ante la situación de indefensión de 34 personas embargadas, este decreto se tiene que aplicar" ha argumentado el diputado Xavier Pellicer.

"Lo que ha anunciado hoy Giró es lo que tendría que haber anunciado ayer" tras la reunión del ejecutivo catalán, ha concluido el antisistema, sin querer entrar en las causas de este giro de guion en apenas 24 horas.

Una euforia que no comparte Artur Mas, uno de los investigados por el Tribunal de Cuentas. El ex president ha puesto en duda que el Tribunal acepte la fianza avalada con fondos públicos de la Generalitat y ha lamentado la tardanza del ejecutivo catalán en buscar vías de salida para los investigados.

"La causa viene de hace dos o tres años, se podrían haber previsto escenarios anteriormente", ha señalado Mas en declaraciones a Ser Catalunya. Mas ha defendido que Giró "se ha encontrado de golpe con esto" y se ha mostrado convencido de que el Tribunal de Cuentas rechazará la fianza "con altísimas probabilidades".

"Siendo el ICF un banco público que pertenece a la Generalitat", el no de la instructora de fianzas del Tribunal de Cuentas está cantado, ha argumentado Mas, para quien la maniobra de la Generalitat "no servirá de demasiado". Permitirá, eso sí, salvar esta primera pelota de partido que llega hoy con el fin del plazo para consignar las fianzas ante el tribunal.

Maniobra jurídica

El Decreto Ley aprobado por el Govern hace dos semanas contemplaba la posibilidad de que el ICF avalara "temporalmente" a los ex cargos políticos investigados por el Tribunal de Cuentas. La fórmula inicial, sin embargo, se basab en que fuera una entidad bancaria la que consignara el aval, a cambio de un contra aval del ICF, evitando así cubrir con fondos públicos las fianzas de los investigados.

El Departamento de Economía orquestó esta maniobra jurídica con la que esperaba evitar el embargo a los líderes del procés sin incurrir en responsabilidad directa de la Generalitat. Pero ningún banco aceptó la propuesta del Govern, que la semana pasada ya dotó el nuevo Fondo de Riesgo con 10 millones de euros para contra avalar los avales ante el Tribunal de Cuentas.