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La Fiscalía abre diligencias por las denuncias sobre el contrato del hermano de Ayuso

Descarta dirigir por el momento las pesquisas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, aforada ante el Tribunal Supremo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una comparecencia ante los periodistas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una comparecencia ante los periodistas. EP

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación a raíz de las denuncias presentadas por PSOE, Más Madrid y Podemos alrededor del contrato del Gobierno de Madrid con la empresa Priviet Sportive SL, de un amigo familiar de Ayuso, Daniel Alcázar, por el que el hermano de la presidenta madrileña Tomás Ayuso podría haber cobrado 286.000 euros como intermediador, según denunció también el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.

En el decreto de incoación de diligencias, que firma este martes el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se da inicio a las diligencias para practicar algunas pesquisas que permitan «confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados», aunque se destaca la «falta de concreción de las denuncias».

«Las tres denuncias se limitan a solicitar de la Fiscalía Especial la incoación de Diligencias de Investigación conducentes al esclarecimiento de los hechos en ellas relatados, en las que, si bien no se terminan de formular imputaciones concretas, sí se expresan claras reservas sobre la legalidad de la adjudicación y del papel que en ella habría desempeñado el hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. No obstante esta falta de concreción, sí resulta procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados», se puede leer en el decreto al que ha tenido acceso El Independiente.

«Y ello, en primer lugar, por la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución, conforme a sus arts. 103 y 106; en segundo lugar, por la indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias, que se refieren a la, sin duda, necesaria y urgente compra de mascarillas en un momento singularmente difícil para la población madrileña», continúa. «Esta inicial indagación no puede llevarse a cabo sin la previa incoación de Diligencias de Investigación penal, imperativa cuando se recibe noticia de la comisión de hechos que pudieran tener relevancia penal, aunque los mismos no estén perfilados, sin que sea admisible la incoación de diligencias preparatorias, tal y como dispone la Circular 4/2013 de la Fiscalía General del Estado, sobre
las Diligencias de Investigación».

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Descarta pedir al Supremo que se investigue a Ayuso

El fiscal jefe Anticorrupción descarta, por el momento, dirigirse ante el Tribunal Supremo donde Isabel Díaz Ayuso está aforada para que se investigue si se le puede exigir responsabilidad por los hechos denunciados, pues los partidos políticos de la oposición en la Asamblea de Madrid apuntan a posibles delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios contra ella.

«Como queda dicho, las denuncias presentadas por las representaciones de
los Grupos Socialista, Más Madrid y Unidas Podemos de la Asamblea de Madrid se limitan a solicitar la investigación de los hechos que en ellas se relatan. Por lo que se refiere a la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid, Dña. Isabel Díaz Ayuso, autoridad aforada ante el Tribunal Supremo, los denunciantes proponen distintas hipótesis sobre su eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Estas hipótesis se sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo, pues no constituyen «indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada”, en el sentido que exige la Consulta 1/2005 de la Fiscalía General del Estado, sobre competencias de las Fiscalías para tramitar Diligencias de Investigación que afecten a personas aforadas».

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