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El juez Pedraz irá a Argentina para impulsar la investigación por los supuestos sobornos de Isolux Corsán a los Kirchner

El magistrado interrogará a varios testigos que conocerían las presuntas 'mordidas' pagadas por el grupo español para lograr que le adjudicaran la construcción de una central eléctrica | Las pesquisas tienen su origen en una querella de Anticorrupción

Sede de Isolux Corsán

Sede de Isolux Corsán EUROPA PRESS

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz viajará el mes que viene a Argentina para impulsar la investigación que dirige contra la antigua cúpula de Isolux Corsán por el presunto pago de sobornos a una red de altos funcionarios de Argentina supuestamente dirigida por el que fuera presidente de la nación, Néstor Kirchner (ya fallecido), y su mujer y actual vicepresidenta del país suramericano, Cristina Fernández de Kirchner.

Según ha podido conocer El Independiente en fuentes jurídicas, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 tiene previsto desplazarse el próximo 18 de abril para interrogar a varios testigos que podrían ayudar a esclarecer si empleados de la filial argentina -con la autorización de la matriz española- pagaron mordidas para asegurarse la construcción de una central termoeléctrica en la ciudad de Río Turbio (departamento Güer Aike, provincia de Santa Cruz).

Las pesquisas que lleva a cabo el magistrado Pedraz tienen su origen en la querella que, en junio de 2020, interpuso la Fiscalía Anticorrupción contra el ex presidente de Isolux Corsán Luis Delso y el ex vicepresidente José Gomis, así como contra el consejero delegado y la persona que se encontraba al frente de la dirección financiera en aquellas fechas (2008-2015).

19 entregas de dinero

Según informó en su momento el Ministerio Público, Isolux Corsán habría realizado al menos 19 entregas de dinero a la red corrupta, «cada una de ellas por regla general por un importe de 300.000 dólares» (unos 269.000 euros al cambio actual). La acción penal no se ha dirigido contra los ciudadanos argentinos vinculados a la filial española al haber sido estos ya procesados en su país.

La acción judicial promovida por la Fiscalía se derivaría del proceso seguido por la justicia argentina denominado ‘cuadernos de la corrupción’, que toma su nombre de las anotaciones que el chófer del antiguo funcionario público Roberto Baratta hizo acerca del presunto reparto de sobornos a ex miembros de los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015 a cambio de adjudicaciones públicas.

La investigación de Pedraz tiene su origen en una querella presentada por Anticorrupción en junio de 2020

El 14 de diciembre de 2007, en uno de sus primeros actos como presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner firmó el contrato por el que la Secretaría de Minas -dependiente del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios- había adjudicado ocho días antes la construcción de una central termoeléctrica junto a la mina de carbón de Río Turbio a una Unión Temporal de Empresas (UTE) participada por Grupo Isolux Corsán SA, Isolux Ingeniería SA, Tecna SA y Ghesa SA.

Bajo la modalidad de ‘llave en mano’ y un plazo de ejecución de tres años y medio, el presupuesto ascendía a 650 millones de dólares (unos 445 millones de euros) y permitiría la puesta en servicio de una planta de tecnología avanzada de lecho fluido con una potencia de 240 megavatios (MW), según la información difundida por la multinacional española en su web. Las obras arrancaron el 22 de febrero de 2008.

El 2 de marzo de 2018, el Ministerio de Energía y Minería acordó rescindir el contrato que se había firmado con Grupo Isolux por incumplir éste el margen que tenía para la terminación de los trabajos -1 de febrero de 2017- tras las múltiples modificaciones que había sufrido el proyecto. «Vencido dicho plazo, la obra se encuentra inconclusa y requiere de no menos de 24 meses para su terminación», expone el secretario de Energía Eléctrica en la resolución publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. En el documento, Alejandro Valerio Sruoga relata los numerosos incumplimientos en los que habría incurrido la compañía española.

Resolución del contrato en Argentina

Cuando el Gobierno argentino rescindió dicho contrato, hacía ya más de año y medio que había dejado la presidencia del Grupo Isolux Corsán el empresario madrileño Luis Delso, uno de los antiguos directivos contra los que se dirige la investigación que instruye el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional tras la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en 2020.

Su salida se produjo en julio de 2016, un año antes de que el Juzgado de lo Mercantil 1 de Madrid declarara en concurso voluntario de acreedores tanto a Grupo Isolux Corsán como a otras seis filiales (Corsán Corviam Construcción SA, Isolux Ingeniería SA, Grupo Isolux Corsán Concesiones SA, Isolux Corsán Servicios SA, Isolux Corsán Inmobiliaria SA e Isolux Energy Investments SLU). En febrero de 2018, la deuda de las siete sociedades del grupo ascendía a 5.695,3 millones de euros, muy por encima de los 1.865 millones en activos que tenía.

El nombre de Luis Delso salió a relucir durante el juicio de la primera etapa del caso Gürtel, después de que Francisco Correa vinculara al antiguo presidente de Isolux Corsán con el apunte de 72.000 euros anotado en la ‘contabilidad B’ del cabecilla de la trama corrupta bajo el apodo de ‘Luis El cabrón’.

Cuando el 6 de marzo de 2017 declaró como testigo en dicha vista oral a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, Delso negó haber entregado dicha cantidad a cambio de adjudicaciones públicas y aseguró desconocer que Correa y su lugarteniente Álvaro Pérez El bigotes se referían a él con tal apodo. Sí admitió que diez años antes había prestado a Álvaro Pérez 60.000 euros, cantidad que éste le devolvió «un año o año y medio después». 

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