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Alay considera una "vergüenza" los cursos de español para refugiados ucranianos en Palamós

Josep Lluís Alay, jefe de la Oficina de ex presidente de Carles Puigdemont RAC1

Josep Lluís Alay, responsable de la Oficiena de ex presidente de Carles Puigdemont, considera una «vergüenza» que los refugiados ucranianos llegados a Palamós (Girona) reciban clases de castellano. Así lo ha dejado acreditado en un mensaje en sus redes sociales, respondiendo a un tuit del Ayuntamiento de Palamós, gobernado por ERC.

El Ayuntamiento añade en su tuit que las clases las imparten voluntarios ucranianos residentes en el municipio, pero esta «excusa» sólo ha servido para encender aún más a los seguidores de Alay, que han cargado contra el gobierno local de ERC.

La conexión rusa del independentismo

No es la primera polémica de Alay en torno a la crisis desatada por la invasión rusa de Ucrania. De hecho, el asistente de Puigdemont es el vértice fundamental en la relación del independentismo con la Rusia de Vladimir Putin. Según han destapado las investigaciones del caso Voloh, Alay ha sido el principal interlocutor entre el independentismo y diversos colaboradores habituales del gobierno ruso.

Entre 2019 y 2020 realizó tres viajes a Moscú, en los que se reunió con personas próximas con el entorno de Vladimir Putin. Hubo un cuarto encuentro en Ginebra, en el que también participó, brevemente, Puigdemont. Y un quinto en Barcelona. Alay nunca ha desmentido estos encuentros, desvelados por The New York Times.

En esta ocasión, sin embargo, la queja de Alay no se inscribe en la defensa de la política exterior rusa, sino en la batalla por el catalán. La sentencia del 25% de castellano en las escuelas ha abierto una nueva batalla en el seno del independentismo tras el acuerdo alcanzado por ERC, JxCat, PSC y Comunes.

Junts se descolgó casi inmediatamente de ese acuerdo, tras un tuit de Puigdemont cuestionando a decisión de su partido. Ahora, los de Junts amenazan con no ratificar el acuerdo que en dos semanas debe votarse en el Parlament para iniciar la reforma de la Ley de Política Lingüística de 1998.

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