Pere Aragonès y Carles Puigdemont se reunirán este miércoles en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. Un encuentro presentado por la Generalitat como la cita estrella del viaje de Aragonès a Bruselas con motivo del primer aniversario de su investidura, que incluirá el jueves una reunión con «eurodiputados de los grupos catalanes» en la cámara. Una convocatoria que ha excluido a los eurodiputados catalanes de Cs y PP, Jordi Cañas y Dolors Montserrat.

Más allá de la falta de encuentros institucionales de peso, lo cierto es que la reunión con Puigdemont llega en plena crisis por la respuesta a la sentencia del 25% en castellano. ERC y JxCat siguen mostrando su división sobre la respuesta a dar, a doce días del límite fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Límite 24 horas para JxCat

Republicanos, socialistas y comunes han dado una prórroga de 24 horas a los de Puigdemont para recuperar el consenso sobre la reforma de la Ley de Política Lingüística pactada en marzo como respuesta a la sentencia. Un acuerdo que saltó por los aires tras las críticas de Puigdemont, rápidamente seguidas por Laura Borràs.

Desde ERC responsabilizan al nuevo liderazgo de Borràs en JxCat de las dificultades para recomponer el acuerdo en una cuestión esencial para el Govern. Pero el apoyo de Puigdemont a recuperar el frente común del catalán daría alas a las opciones de Aragonès para reconducir la crisis.

El presidente catalán ha asumido en primera persona parte de las negociaciones para reconducir esta crisis entre los socios de gobierno. Durante el fin de semana, Aragonès habló con dirigentes de Junts -también del PSC- para intentar reconducir la situación, según confirmaron fuentes de ERC.

Recurso del Govern

Paralelamente, el Govern ha formalizado este martes un recurso de reposición contra la interlocutoria del TSJC que le daba quince días para hacer efectiva la sentencia del 25% en castellano. Un plazo que se agota el próximo 31 de mayo. El Govern «trabaja para dar respuestas en todos los ámbitos, respuesta judicial y modificaciones legislativas, desde el Parlament y desde Govern» apuntaba su portavoz, Patricia Plaja.

En el recurso, el ejecutivo catalán pide la suspensión de los efectos de la interlocutoria hasta que se resuelva el recurso «para evitar los problemas derivados de aplicarlo a pocos días de final de curso» argumenta Plaja.

Además, el ejecutivo ha anunciado la inminente aprobación de un decreto ley para «dar cobertura legal a los directores de centro» a los que el consejero de Educación ha ordenado de momento mantener sus proyectos lingüísticos haciendo caso omiso del TSJC.

El decreto va en la línea de lo planteado por JxCat, que reclama que Josep González-Cambray asuma toda la responsabilidad legal de la negativa a aplicar el 25%. Pero ERC no está dispuesta a inmolar a su consejero, y el Govern sigue sin dar detalles del texto de ese decreto.

El texto debería servir además como respuesta a la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia, en la línea de dar la sentencia por superada con una nueva regulación normativa. Una respuesta complementada con la proposición de ley de política lingüística impulsada desde el Parlament, en la que se recogería el carácter vehicular del castellano en la educación, pero rechazando la aplicación de porcentajes.

La AEB, a la espera

Una posibilidad que rechaza por «imposible» el portavoz de la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB) José Domingo. La AEB no quiere avanzar nuevas iniciativas en el plano judicial hasta que no se dé a conocer el contenido de esos proyectos legislativos. Pero advierte que «la única forma de que el castellano sea lengua vehicular es que esa medida sea efectiva, y la única fórmula para medirlo son las horas lectivas».

Domingo rechaza además la resistencia de la Generalitat a introducir los cambios en la recta final del curso. «Cuando se ha aplicado la sentencia en centros» en los que algún padre lo ha reclamado judicialmente «no ha sido tan complicado» asegura.