El viaje de una comitiva judicial y fiscal española a Argentina el pasado abril para interrogar a testigos clave de los supuestos sobornos entregados por miembros de la compañía Isolux Corsán a una red de altos funcionarios de Argentina supuestamente dirigida por el presidente de la nación fallecido, Néstor Kirchner, y su mujer y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, no ha dado resultado.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y dos representantes de la Fiscalía Anticorrupción viajaron al país sudamericano el pasado 18 de abril, como adelantó El Independiente, para tratar de aclarar si empleados de la compañía en Argentina (con la autorización de la matriz española) pagaron mordidas a funcionarios públicos entre 2008 y 2015 para asegurarse la construcción de una central termoeléctrica en la ciudad de Río Turbio (departamento Güer Aike, provincia de Santa Cruz).

Así lo consideró la Fiscalía Anticorrupción en una querella que presentó en 2020 por presunto delito de corrupción en las transacciones internacionales a raíz de la que el anterior titular del Juzgado Central de Instrucción 5, José De la Mata, abrió una investigación. El magistrado Santiago Pedraz la ha continuado, figurando en ésta como investigados el expresidente de la compañía de construcción e ingeniería Luis Delso y el ex vicepresidente José Gomis.

Según informó en su momento el Ministerio Público, Isolux Corsán habría realizado al menos 19 entregas de dinero a la red corrupta, «cada una de ellas por regla general por un importe de 300.000 dólares» (unos 269.000 euros al cambio actual).

El chófer no da el dato clave

Hasta ahora, la Fiscalía argentina ha colaborado con la Justicia española remitiendo información de la investigación que allí se sigue, denominada Los cuadernos de la corrupción, con más de 50 ex funcionarios y empresarios procesados en la red de sobornos por la que Cristina Kirchner fue enviada a juicio en 2019.

Isolux Corsán entró en concurso de acreedores en 2017 dejando una deuda de más de 4.000 millones de euros

Sin embargo, la última diligencia de la instrucción, el interrogatorio a los cuatro testigos clave de la causa, fracasó según han reconocido a este diario fuentes judiciales y fiscales. De los cuatro citados, tan sólo uno, Óscar Bernardo Centeno, contestó a las preguntas de los investigadores españoles. Y eso que se informó a todos de que estaban obligados a declarar por su condición de testigos.

Bernardo Centeno es quien, según ha acreditado la investigación argentina, se encargaba de transportar a los funcionarios a los lugares donde se les habrían entregado los pagos de las empresas para asegurarse contratos millonarios. Según las fuentes de la investigación consultadas, el testigo no implicó en ningún momento a trabajadores de Isolux Corsán como responsables de entregar dinero en efectivo ni mencionó que hubiera trasladado a funcionarios a la sede de la filial en Argentina, datos que habrían sido claves para aquilatar los indicios de la investigación.

A falta de que la Justicia sudamericana remita la transcripción y el vídeo de la declaración, juez y fiscales deben decidir si continúan con el procedimiento contra los responsables españoles de la compañía de ingeniería que entró en concurso de acreedores en 2017 dejando una deuda de más de 4.000 millones de euros o lo archivan por falta de pruebas.