Unidas Podemos como acusación popular en el caso Kitchen se ha sumado a la petición del PSOE, que interesó la reapertura de la investigación en la que quedó exonerada la ex secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, a raíz de la publicación en el diario El País de nuevos audios de conversaciones entre la ex política y el comisario José Manuel Villarejo.

En un escrito presentado al Juzgado, al que ha tenido acceso El Independiente, la representación legal del partido político se refiere a que "durante las últimas semanas hemos venido asistiendo a la notoria publicación de audios presuntamente realizados por el investigado José Manuel Villarejo, audios que tienen incidencia fáctica en la presente causa, especialmente en lo relativo a la participación de la Sra. Cospedal en la génesis e ideación de los actos ilícitos investigados, estando sobreseídos provisionalmente las actuaciones sobre la ex dirigente del PP".

La representación legal del PSOE solicitó al juez Manuel García-Castellón que retome la instrucción -que dio por concluida dejando fuera a Cospedal y su marido, decisión que avaló la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional- considerando que el contenido de las conversaciones publicadas suponen nuevas pruebas de que la número dos del Partido Popular hizo encargos al comisario para evitar que la información sobre la financiación irregular de la formación que estaba en manos del extesorero Luis Bárcenas saliera a la luz.

En uno de esos audios publicados recientemente, que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez utilizó para atacar al PP en el Congreso el día que se sometía a las preguntas sobre el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al independentismo, Cospedal decía al comisario entonces en activo: "La libretita... [de Bárcenas] sería mejor poderla parar", deseando que su contenido no llegara a los medios de comunicación.

Dicha conversación que Cospedal y Villarejo mantuvieron a principios de 2013 no figura en el sumario de la pieza Kitchen del caso Villarejo, en la que se investigó si el Gobierno utilizó fondos reservados del Estado y a efectivos de la Policía para hacer un espionaje a Bárcenas y a su familia y tratar de requisarle la información que tuviera sobre la financiación ilegal del PP que pudiera poner en apuros a sus altos cargos, principalmente al presidente Mariano Rajoy.

Ahora, Podemos también se une a la petición del PSOE refiriéndose a la "indudable conveniencia de estimar las diligencias de prueba solicitadas, resultando una evidencia que aún quedan innumerables aspectos del objeto de esta causa por esclarecer que deberán ser investigados en el curso de los próximos meses mediante la práctica de las diligencias solicitadas y nuevas diligencias de prueba que deban concretarse una vez se practiquen las ya propuestas".

Anticorrupción tiene que emitir un nuevo informe

El juez cerró la investigación responsabilizando a la cúpula policial del momento, al ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a su número dos, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, de poner en marcha el operativo de espionaje a Bárcenas. No llegó a los responsables políticos más altos y archivó la investigación a Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López Del Hierro, porque no encontró indicios de su conocimiento o participación en el operativo. La Fiscalía consideró "precipitado" dicho cierre de la causa pero la Sala de lo Penal rechazó su recurso y respaldó la decisión del juez instructor de dejar a Cospedal, López del Hierro y al director de la Policía Ignacio Cosidó, que ni siquiera declaró durante la investigación, fuera del caso.

Ahora, después de la solicitud de PSOE a la que también se ha sumado Unidas Podemos, el Ministerio Público tiene que volver a pronunciarse e indicar al juez si considera que los nuevos audios publicados constituyen nuevos indicios relevantes para que se reabra la investigación.

El instructor García-Castellón ya pidió informe a Anticorrupción al respecto, por lo que su posición se conocerá próximamente. Después, el juez debe decidir si reabre la investigación o descarta la petición.