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Euskadi concede 18 terceros grados a presos de ETA en cinco meses, Sánchez 28 en cuatro años

La consejera de Justicia, Beatriz Artolazabal, durante al acto de asunción de la competencia de prisiones.

El Gobierno Vasco ha concedido ya 18 terceros grados a presos de ETA desde que asumió de modo efectivo la competencia de la gestión penitenciaria en enero de este año. Esa cifra alcanzada durante cinco meses contrasta con los 28 casos que durante cuatro acumula el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Entre los últimos beneficiados figura Xavier Atristain Gorosabel, que fue detenido el pasado 2 de junio para que ingresara en prisión después de que el Tribunal Supremo rechazara la petición de revisar su condena por no contar con un abogado de su elección cuando fue interrogado en régimen de incomunicación.

De acuerdo a los datos del Observatorio Penitenciario de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), consultados por Europa Press, Atristain y Unai López Ocáriz son los dos últimos presos de ETA beneficiados por los terceros grados concedidos por la administración dependiente del Gobierno Vasco, una vez que asumió las competencias en materia de prisiones transferidas el pasado 1 de octubre por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El Gobierno central, de hecho, ha concedido con la llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa desde junio de 2018 un total de 28 progresiones al tercer grado para presos de ETA, según las cifras de Instituciones Penitenciarias. Unas progresiones a las que el organismo dependiente del Ministerio del Interior sumo un claro impulsó al acercamiento de los condenados por terrorismo hasta prisiones del País Vasco y Navarra.

El caso de Atristain ha ganado notoriedad entre el colectivo de presos etarras porque interpretan que abre la puerta a acelerar excarcelaciones tras el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que consideró vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías, al no haberse motivado suficientemente la decisión judicial que le impidió designar a un abogado de su elección durante el interrogatorio policial.

En concreto, desde el entorno de los presos defienden que puede aplicarse una nueva ‘doctrina Parot’ a partir del caso de Atristain, un preso de ETA que no tiene víctimas directas relacionadas con su actividad criminal -al igual que Unai López de Ocáriz-. Está condenado a 17 años de prisión, de los que ha cumplido once.

Su licenciamiento está previsto para el 5 de abril de 2028, pero transcurrido algo más de un mes de que volviera a prisión, a la de Martutene en San Sebastián, el Gobierno Vasco ha progresado a Atristain al tercer grado atendiendo a los «signos inequívocos de haberse desvinculado de cualquier fin o medio terrorista».

Pese a que el TEDH no atendió al recurso de la Abogacía del Estado, el Supremo mantuvo la condena a Atristain basándose en dos cuestiones clave: la condena se sustentó en otras pruebas además de la declaración prestada en régimen de incomunicado cuando fue detenido y la indemnización de 12.000 euros -y 8.000 por costas- repara ese daño causado por la vulneración observada por Estrasburgo.

El caso de Atristain puso el foco en la falta de motivación individualizada sobre la elección de abogado cuando un etarra era detenido y sometido al primer interrogatorio en régimen de incomunicación. Otros presos de ETA, como Gorka Palacios y Juan Carlos Iglesias Chouzas, ‘Gadafi’, sí han sido absueltos en aplicación de la ‘doctrina Atristain’, ya que aquí las condenas no sumaron otros elementos de prueba.

Revocados por no pedir perdón

El Gobierno Vasco comenzó a progresar al tercer grado a presos de ETA en febrero. De los 18 casos, dos han sido revocados por la Audiencia Nacional: Gorka Martínez Ahedo y José Ignacio Bilbao Gaubeca. El juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, justificó su decisión en la falta de un perdón expreso a las víctimas de sus delitos.

Atendiendo al recurso de la Fiscalía, la Audiencia Nacional hacía constar que en el caso de Martínez Ahedo, condenado por asesinato y por intentar matar en cinco ocasiones al ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, «no existe manifestación de perdón a las víctimas de su actividad delictiva».

El juez recordaba que la ley exige como «requisito» para la concesión del tercer grado una «petición expresa de perdón a las víctimas» del delito, así como que Martínez Ahedo solo ha abonado 160 euros de los más de 343.000 que le corresponden en concepto de responsabilidad civil.

En la misma línea se expresó en relación con Bilbao Gaubeca, condenado por los delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y estragos -hizo seguimientos para atentar contra el ex consejero de Interior Juan María Atutxa y el presidente del PP en Euskadi, Carlos Iturgaiz- y por un delito de terrorismo cometido en el seno de organizaciones criminales.

Propósito «utilitarista»

La Audiencia Nacional ha revocado otros tres terceros grados desde octubre de 2021, en este caso otorgados a iniciativa de Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior: Unai Fano, Jon Crespo e Iñigo Gutiérrez. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no apreció un «arrepentimiento expreso» de los delitos cometidos y del daño causado.

Los jueces sostenían que «no cabía descartar un propósito utilitarista» en los arrepentimientos para conseguir beneficios penitenciarios, dado que se trataba de «escritos de carácter genérico y superficial» donde «se vincula la comisión de delitos terroristas en el ámbito de lo que se denomina lucha política».

Desde colectivos de víctimas también han acogido con preocupación la reciente decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, bajo criterio de José Ricardo de Prada, de conceder un permiso de salida en contra del criterio del Juzgado Central de Vigilancia para el etarra Gorka Loran Lafourcade. El magistrado argumentó que para los permisos el perdón «no es en absoluto un requisito legal».

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