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Anticorrupción descarta acusar a Aguirre por la financiación ilegal del PP de Madrid

El Ministerio Público corrobora, después de ocho años de investigación, que no cuenta con indicios sólidos para acusar a la expresidenta madrileña ni a su sucesor Ignacio González

Esperanza Aguirre Enrique Falcón

La Fiscalía Anticorrupción renuncia finalmente a presentar acusación contra los expresidentes madrileños del Partido Popular, Esperanza Aguirre e Ignacio González, en el caso Púnica.

El Ministerio Público pide el archivo de la investigación que comenzó hace tres años respecto a Aguirre por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2007 y 2011. Aunque existen indicios de un presunto sobrecoste de las campañas de la formación a través de fondos públicos y de amaños con empresarios, los fiscales no han encontrado evidencias de la participación de los dos políticos en los hechos.

Cuando el juez imputó tanto a Aguirre como a la también expresidenta madrileña para la que se archivó la causa, Cristina Cifuentes, describió en su auto un sistema de financiación irregular ideado por Aguirre para fortalecer si figura política. Vio «indicios racionales» de que fue ella quien «ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba» y de que era «la supervisora última de las sinergias entre sus compañeros de confianza que impulsó con dicha finalidad». «Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la comunidad», se pudo leer en el auto de 2020 del instructor Manuel García-Castellón, apoyado en los escritos de las entonces fiscales de la causa Teresa Gálvez y Carmen Cerdá.

Ahora, el Ministerio Público con la aprobación de la fiscal general Dolores Delgado, ha pedido al juez sacar a la expresidenta madrileña de la investigación de la pieza 9 del caso Púnica por falta de indicios.

Reunión en Correos

En la investigación se ha considerado que los fondos no permitidos por ley para los actos de campaña que «llegaron a superar en más del 50% el límite del gasto permitido» se consiguieron por medio de pagos de empresarios a los que después se benefició con adjudicaciones públicas y por medio de la denominada cláusula del 1%. Un porcentaje de publicidad en los contratos de organismos de la Comunidad de Madrid que supuestamente se asignaron siempre a dos o tres empresas elegidas por el PP madrileño para desviar fondos públicos.

El dato más concreto que recogía el auto de imputación contra Aguirre era su participación en una reunión en la sede del Gobierno madrileño, la Real Casa de Correos, en el año 2004. Durante ésta, en la que estaban ella, su jefa de Gabinete Isabel Gallego, los ex consejeros Francisco Granados y Manuel Lamela, el ex presidente Ignacio González y el ex diputado Alberto López Viejo, se habría indicado que Over Marketing, de Daniel Horacio Mercado, sería una de las empresas de Publicidad con las que contratar siempre, atribuyéndole a Aguirre dicha indicación.

Precisamente Mercado, juzgado por la corrupción de Baleares alrededor del gobierno de Jaume Matas, pactó con el Ministerio Público contar lo que supiera sobre las presuntas adjudicaciones a dedo a sus empresas por parte de gobiernos del PP para financiar sus campañas por la puerta de atrás. Fue quien delató a Aguirre y afirmó que ella instó a contratarle en tal reunión.

Sin embargo, cuando el ex consejero Lamela declaró ante el juez García-Castellón sobre estos hechos, responsabilizó de tal contratación a la jefa de Gabinete de Aguirre, Isabel Gallego, y no a ella. Los investigadores no contaban con registro documental alguno de dicha reunión ni lo decidido allí dentro, por lo que la principal evidencia, que no se ha considerado finalmente suficiente, era la declaración de Lamela contra la de Mercado.

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