La ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, negó este jueves durante su declaración como investigada en el caso Púnica conocer irregularidad alguna en la financiación de las campañas electorales del Partido Popular madrileño en las autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008.

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, consideró en el auto de imputación de la expresidenta madrileña que ella «ideó» la financiación irregular de dicho partido para «fortalecer su figura política». Sin embargo, durante una bronca declaración este viernes en la Audiencia Nacional, según fuentes jurídicas, Aguirre negó conocer ninguna financiación ilegal y afirmó que, como presidenta del PP madrileño no tenía ninguna «responsabilidad económica, administrativa ni contractual».

Precisamente fue el instructor quien preguntó a la ex presidenta madrileña sobre sus funciones como presidenta de la formación política entre 2004 y 2016. Ante la respuesta de su «nula» responsabilidad, el juez le preguntó si su cargo era «únicamente figurativo». La ex presidenta tiró entonces de los estatutos del Partido Popular y leyó ante el juez el artículo 46 de dicha norma, en la que se recogen las funciones del presidente del partido, para justificar que no tuvo ninguna responsabilidad en la presunta desviación de fondos públicos de la Comunidad de Madrid para financiar al partido.

Implica a Beltrán Gutiérrez

La expresidenta madrileña volcó cualquier responsabilidad económica dentro del Partido Popular en las fechas investigadas (2004-2012) en el ex gerente, Beltrán Gutiérrez, como hizo también este jueves Ignacio González.

Al ser preguntada por su relación con Gutiérrez, la ex presidenta madrileña afirmó que sólo le conocía de «hola y adiós». Cuando las fiscales del caso (a las que Aguirre se empeñó en llamar ‘fiscalas’ durante toda la declaración) le preguntaron sobre los regalos que presuntamente le hizo el ex gerente, como cuadros o caras figuras de porcelana de Lladró, contestó que le eran indiferentes y probablemente las entregó a sus secretarias.

Estuvo en la reunión de 2004

Los investigadores sitúan a Aguirre como la creadora de la ‘caja B’ del PP madrileño a través de dos vías: una, con el desvío de fondos públicos de las consejerías de su gobierno a través de una cláusula publicitaria del 1%. Aguirre habría «indicado», según el juez, a los adjudicatarios de cada consejería que contrataran a la empresa Over Marketing de Daniel Mercado, uno de los ‘vehículos’ de la financiación ilegal de la Púnica, para que se encargara de la parte publicitaria del contrato. De esta manera, según la investigación, el partido se aseguraba que el 1% de cada contrato iba a parar al PP.

Esa «indicación» de Aguirre se habría producido en una reunión en la sede del Gobierno madrileño en 2004, con la presencia de la ex presidenta y los consejeros Ignacio González, Francisco Granados y Manuel Lamela, así como el diputado de la Asamblea, Alberto López Viejo, según los investigadores.

Aguirre reconoció ante el juez que participó en dicha reunión, aunque dijo que no era tal, sino un «encuentro improvisado» para ver un eslógan del partido que alguien quería proponerle. Se acercó, lo vio y le gustó. En dicha reunión, según el auto de imputación del juez, el empresario Daniel Mercado también se presentó el logo Madrid, la suma de todos.

Sus ‘ranas’, aprobadas por Rajoy

Por otro lado, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), creada por la propia Aguirre y de la que tanto Ignacio González como Cristina Cifuentes fueron patronos, también habría servido para financiar al partido por medio de subvenciones.

En relación con dicha fundación, Aguirre ha reprochado a las fiscales del caso que quieran convertirla en el «Watergate» del PP, cuando «otros partidos como PSOE, Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia también tenían fundaciones iguales».

Según el juez, Aguirre situó a personas de su «máxima confianza» en cargos de responsabilidad en la Comunidad de Madrid para asegurarse dicha financiación irregular, modificando incluso las leyes regionales para que Ignacio González controlara la asignación de las partidas de publicidad de cada consejería.

Aguirre lo niega todo y afirma, sobre el nombramiento de sus altos cargos al frente de la Comunidad mientras era presidenta que ella los nombraba pero el presidente del partido, Mariano Rajoy, los autorizaba. Aguirre ya indicó sobre Francisco Granados e Ignacio González, cuando éste pasó a estar investigado en el caso Lezo, que «de todas las personas a las que nombró, le salieron dos ranas».