El ex presidente madrileño Ignacio González, investigado en el caso Púnica, se desvinculó de la presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid este jueves durante su declaración ante el juez Manuel García-Castellón. Defendió que no tuvo ninguna responsabilidad en los temas contables o económicos de las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011 investigadas, ni tampoco en la contratación de la Comunidad de Madrid mientras era vicepresidente. González volcó la responsabilidad de estos asuntos en el ex gerente del partido, Beltrán Gutiérrez. También volcó la sospecha sobre un método de financiación irregular del partido en la consejería de Sanidad de Manuel Lamela, quien precisamente le apuntó el pasado lunes ante el juez.

El ex presidente madrileño está investigado en la pieza de la presunta ‘caja B’ del PP madrileño igual que Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. El juez Manuel García-Castellón sitúa a González entre el equipo de personas alrededor de Aguirre que, tras llegar al Gobierno de la Comunidad de Madrid diseñaron «un plan para poner la partida de publicidad de cada consejería al servicio del Partido Popular» y desviaron fondos públicos a la formación política para las campañas electorales autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008.

El juez encuentra indicios de que González fue quien indicó a las consejerías a qué empresas adjudicar contratos y a éstas les pidió que contrataran los servicios de publicidad con una de las empresas investigadas en la trama, Over Marketing de Daniel Mercado, quien reconoció que desvió fondos para el PP.

Así habrían creado lo que las fiscales del caso bautizaron como la «cláusula del 1% de publicidad», por la que dicha cantidad de cada adjudicación de licencias de las consejerías irían a parar a la financiación irregular del partido, según los investigadores. Una cláusula que habría sido posible porque Aguirre y su equipo modificaron las leyes regionales para que González tuviera la máxima responsabilidad para supervisar los contratos de publicidad de cada área del Gobierno.

Reconoce la «cláusula del 1%»

González reconoció en sede judicial la existencia de «una cláusula de reserva para publicidad» en la consejería de Sanidad. Se da la circunstancia de que al frente de dicha consejería en las fechas investigadas se encontraba Manuel Lamela, que este mismo lunes reconoció que la expresidenta Aguirre le «invitó» a hacer contrataciones de publicidad con la empresa de Mercado.

Lamela encuadró las indicaciones de Aguirre en una reunión mantenida en la sede del Gobierno madrileño en 2004, y afirmó que González también se encontraba allí. El juez también se refiere en su auto de imputación a dicha reunión. Afirma que hay indicios de que Aguirre dio instrucciones para que las consejerías contrataran con la empresa de Mercado y que Ignacio González controlaría las adjudicaciones. Un «ardid -según el instructor- para poner la partida de publicidad de todas las consejerías al servicio del partido».

González reconoció este jueves su presencia en esta reunión y también la de Daniel Mercado, aunque afirmó que únicamente se presentó el eslogan publicitario Madrid, la suma de todos, y que nadie instó a contratar sus empresas.

Subvenciones a Fundescam

La segunda vía de financiación irregular que habría utilizado el PP madrileño, según la investigación del Juzgado Central de Instrucción número 6, habría sido la de las subvenciones a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), creada por Esperanza Aguirre.

González fue patrono de dicha fundación. En 2007, cuando ésta recibió un montante de casi 196.000 euros de la Comunidad de Madrid, mantenía este cargo y también era director del comité regional de la campaña del PP. Sin embargo, este jueves ante el juez González defendió que él desconocía el funcionamiento económico de Fundescam porque nunca asistió a ninguna reunión.

La citada fundación, que según la Fiscalía sirvió para financiar irregularmente las campañas autonómicas del PP de 2007 y 2011 y las generales de 2008, recibió subvenciones también en 2008 y 2011.

Concretamente, el juez afirma en su auto de imputación que «de nuevo el investigado Ignacio González, que también participaba en el concierto, abusó de su cargo al frente de la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid para aprobar el 27 de octubre de 2011 la convocatoria de la referida subvención y posteriormente resolver su concesión a favor de Fundescam por un importe de 127.850 euros». Durante su declaración, él negó los hechos y afirmó que nunca tuvo ninguna responsabilidad contable en la fundación.