España

La Policía aprobará la norma que restringe la presencia de agentes en tertulias con los sindicatos en contra

Las organizaciones sostienen que el real decreto que desarrollará las incompatibilidades en el Cuerpo, que se discute hoy, supone una limitación del derecho a la libertad de expresión | "Es una prohibición totalitaria típica de otras épocas”, dicen

El ministro Grande-Marlaska, saludando a un grupo de mandos policiales en un acto público.

El ministro Grande-Marlaska, saludando a un grupo de mandos policiales en un acto público. EP

Los representantes sindicales mostrarán de forma mayoritaria este miércoles durante la reunión de la Comisión de Personal y Proyectos Normativos del Consejo de Policía su rechazo al proyecto de real decreto con el que se pretende desarrollar el régimen de incompatibilidades en el Cuerpo por suponer una "restricción del derecho a la libertad de expresión" e incorporar limitaciones que les dejan "en desventaja" respecto a los guardias civiles y los militares.

Como informó El Independiente el pasado sábado, la norma prohibirá a los agentes acudir a tertulias de radio y televisión u opinar en medios impresos sobre cuestiones policiales o hacer uso de información obtenida por su condición de funcionario si no cuentan con una "autorización expresa" del director general o del jefe de la oficina de prensa, sin que ello afecte a las organizaciones sindicales. El texto también establece la imposibilidad de desempeñar un segundo puesto de trabajo como gestor administrativo, procurador o ejercer la abogacía cuando estén en juego los intereses de la Administración.

"Consideramos que se trata de un ataque directo a uno de los derechos fundamentales como es la libertad de expresión. Estamos en total desacuerdo con su aprobación debido a que supone límites para nuestra funciones sindicales, que son velar por los derechos de nuestros compañeros. Esto es una forma más de querer acallar voces, un reflejo más de lo que el Gobierno y la Administración quieren hacer con nosotros: silenciarnos y tener un control absoluto", declara Chus Nieto, portavoz de Justicia Policial (Jupol). Este sindicato, mayoritario en el Consejo de Policía desde hace tres años, declaró el conflicto colectivo ante el Ministerio del Interior a mediados de mayo y por tanto sus ocho vocales no estarán presentes en la reunión extraordinaria de este miércoles.

Uno de los puntos que ha generado más controversia es el artículo 4.2, que regula las condiciones en las que los agentes podrán realizar colaboraciones periodísticas. "La participación en cualquier medio de comunicación social audiovisual, radiofónico, impreso o digital, independientemente de su habitualidad o no, que esté relacionada con la actividad policial o en la que se haga uso de información obtenida por razón de su condición de Policía Nacional, requerirá autorización expresa de la persona titular de la Dirección General de la Policía, quien podrá delegar esta competencia en la persona titular de la jefatura de la Oficina de Prensa y Relaciones Informativas", establece. Esta limitación no afecta a los representantes sindicales en su ejercicio de defensa de los intereses laborales y profesionales de los funcionarios del Cuerpo, un derecho consagrado en una norma de rango superior: la Ley orgánica de régimen de personal de la Policía Nacional.

"Discriminación" con otros cuerpos

El pasado 18 de noviembre, durante la última reunión del grupo de trabajo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ya anticipó su "voto en contra" a la aprobación de esta norma, elevada a la Comisión de Personal y Proyectos Normativos casi ocho meses después. "Entendemos que este desarrollo reglamentario será más restrictivo que el de cualquier otro cuerpo de seguridad", defienden. Esa oposición volverán a manifestarla sus dos vocales este miércoles.

"El recorte de libertades se acentúa en la elección de residencia, en la imposibilidad de ejercer otras ocupaciones en su tiempo libre o incluso en la libertad de expresión. Será el más restrictivo nunca antes visto en los años de la democracia, siendo mucho más duro que en cualquier otro cuerpo de seguridad. No solo prohíbe, como es obvio, comentar en público cualquier información obtenida en el ejercicio de nuestra función policial sino que también pretender prohibir que se emita cualquier opinión aunque no haya participado en ella, lo cual nos parece un retroceso en cuanto al derecho de libertad de expresión se refiere", censuran desde el SUP.

La "discriminación" con otros cuerpos policiales es también uno de los argumentos que esgrime la Confederación Española de Policía (CEP) para justificar su rechazo a este borrador de real decreto, que la dirección general puede sacar adelante aun con la oposición de los sindicatos. Una vez haya pasado por el pleno del Consejo de Policía tendrán que remitirlo al Ministerio de Hacienda y Función Pública para que dé su visto bueno antes de mandarlo al Boletín Oficial del Estado (BOE) -entrará en vigor a los 20 días de su publicación- y a la orden general.

Ese motivo no es el único que invoca la CEP. "La Administración no puede pretender regular la carrera profesional de 70.000 policías y hacerlo de espaldas a todo el colectivo, contando sólo con la opinión de unos pocos mandos. Nuestro 'no' es un 'no' sin matices ni peros, como lo fue al borrador de real decreto que regulará los procesos selectivos y la formación", mantienen desde esta organización. Y añaden: "Da la sensación de que se aprovecha una regulación del régimen de incompatibilidades para establecer, en una norma de rango inferior a una ley orgánica, un régimen general limitativo o restrictivo de un derecho fundamental como es la libertad de expresión".

También se opondrá a la aprobación de esta nueva norma la Unión Federal de Policía (UFP), que interpreta como "una prohibición injustificada y encubierta del derecho de libertad de expresión y de creación literaria" que se quiera prohibir la participación de los policías en programas audiovisuales o en medios de prensa escrita. "Esta prohibición totalitaria, más bien típica de otras épocas, resulta suficiente por sí sola para que esta organización sindical se oponga firmemente a la aprobación de este proyecto por suponer un ataque y una vulneración a un derecho constitucional inherente a la esencia de cualquier sociedad democrática, cuya limitación o restricción -por muy mínima que resulte ser- pone en grave riesgo el orden sociodemocrático", sostiene.

La norma proyectada exige que el policía que acuda a una tertulia o escriba en un periódico tenga permiso expreso del director general

Entre otros reproches al texto, la UFP también considera "injustificado y carente de fundamento normativo y jurisprudencial" que se prohíba ejercer la abogacía en cualquier asunto relacionado con la Administración, cuando existen organismos públicos "con los que la policía no guarda la más mínima vinculación". De entrar en vigor con la redacción del último borrador, el personal del Cuerpo Nacional no podrá trabajar fuera de su horario como abogado cuando sea en defensa de intereses públicos o privados frente a la Administración o en asuntos de ámbito penal o administrativo con las competencias de la Policía.

La disconformidad con la norma proyectada también la ha expresado públicamente Alternativa Sindical de Policía (ASP), sin representación actualmente en el Consejo de Policía. De entrada, esta organización considera que "no existe ninguna necesidad" para desarrollar las incompatibilidades en el Cuerpo "de manera distinta al resto de funcionarios civiles del Estado", al tiempo que censura que se regulen "de manera más estricta" que para el propio personal militar.

"Acallar las voces críticas"

A juicio de ASP, con la aprobación de este real decreto se intenta "poner un bozal" a los policías para que la única "opinión válida" sea la que exprese el ministro. "Aparte de intentar acallar las voces críticas (especialmente asociaciones y particulares), también pretende detener la sangría de sentencias contra la propia Dirección General por la aplicación actual del régimen de incompatibilidades, especialmente las no remuneradas", denuncia la comisión ejecutiva nacional en un comunicado.

Mientras tanto, la Agrupación Reformista de Policías (ARP) -sin vocales tampoco en el órgano colegiado paritario que reúne a Administración y agentes para determinar las condiciones de trabajo y de prestación del servicio- considera positivo que "no se invadan las funciones propias de portavoces en jefaturas superiores y comisarías provinciales" y aboga por que las opiniones de los representantes sindicales "se ciñan exclusivamente" a cuestiones laborales. "En ningún momento para otros menesteres sociales o profesionales. Para ello existen muy buenos profesionales en la mayoría de los medios de comunicación", indica.

Todas las claves de la actualidad y últimas horas, en el canal de WhatsApp de El Independiente. Únete aquí

Te puede interesar