«Que no hubiera muertos el 1-O fue un auténtico milagro», reflexiona uno de los máximos responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que vivió en primera persona aquella jornada histórica de 2017. Ese domingo, unos dos millones de catalanes, según los datos de la Generalitat, acudieron a votar en un referéndum por la independencia que había sido declarado ilegal por el pleno del Tribunal Constitucional reunido de urgencia el 7 de septiembre de 2017.

Fue un pulso entre la Generalitat, presidida por Carles Puigdemont, y el Estado, un reto a la legalidad sin precedentes que iba mucho más allá de la pura retórica. A los catalanes se les hizo creer que la votación abriría la puerta a la independencia. Por su parte, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, finalmente (el 27 de septiembre), la juez de dicho Tribunal Mercedes Armas, habían ordenado a las Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía, Guardia Civil y los Mossos d’Escuadra), bajo la coordinación del coronel Diego Pérez de los Cobos, que impidieran la votación, retirando las urnas.

El major Josep Lluis Trapero, jefe de los Mossos, le había advertido al presidente de la Generalitat, en una reunión en su despacho del Palau, en la que estuvo presente la cúpula de los Mossos, del peligro que existía de que se produjeran graves incidentes de orden público. Pero Puigdemont decidió seguir adelante a pesar de todo. El propio Pérez de los Cobos le recomendó al presidente de la Generalitat desconvocar el referéndum para evitar males mayores, sin ningún éxito.

Puigdemont se encontraba entonces ante la disyuntiva de aparecer como un traidor si suspendía el referéndum ante los miles de catalanes que deseaban la independencia y, además, perder su poder y su crédito si Oriol Junqueras, su vicepresidente y líder de ERC, optaba por mantener la convocatoria. Las últimas horas antes del 1-O fueron dramáticas. Las emociones pesaron más que la razón.

Como se temían los mandos de la Policía y la Guardia Civil, los Mossos, un cuerpo que entonces contaba con 17.000 efectivos, no colaboraron en el cumplimiento de la orden judicial. Simplemente acudieron a los colegios electorales a hacer acto de presencia, pero no retiraron urnas.

Unos 6.000 agentes de Policía y Guardia Civil llevaron a cabo durante la mañana del 1 de octubre y hasta prácticamente las 14 horas de ese día un total de 200 actuaciones en distintos puntos de Cataluña. En muchas ocasiones tuvieron que utilizar la violencia para retirar las urnas. En todas las grandes ciudades de Cataluña hubo manifestaciones y enfrentamientos, en una jornada que no se había vivido ni siquiera durante las grandes huelgas que se produjeron contra la dictadura franquista. Los antidisturbios usaron sus porras, gases, pelotas de goma,… Ellos también recibieron pedradas y palos. El resultado final fue el de un herido grave y centenares de contusionados. Pero no hubo que lamentar víctimas. Como dice nuestro interlocutor, un milagro.

La irracionalidad se impuso pero el Estado de Derecho no se podía permitir el lujo de perder ese pulso. El Gobierno fue consciente durante esa mañana que, al menos desde el punto de vista de la imagen, estaba perdiendo. Televisiones nacionales y de todo el mundo retransmitieron en directo los incidentes. Por otra parte, manipuladores profesionales, como Julian Assange, se encargaron de distribuir imágenes falsas en las redes para aumentar el dramatismo de la jornada.

El minigabinete de crisis reunido en Moncloa, presidido por Rajoy, y en el que se integraron Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta de Gobierno; los secretarios de Estado José Luis Ayllón y Roberto Bermúdez de Castro; el director de Gabinete del presidente, Jorge Moragas, y la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro (el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, también formaba parte de esa célula, pero ese día siguió los acontecimientos desde su despacho), siguió por televisión los acontecimientos. Los mandos operativos informaban a Interior y el ministro les daba novedades cada poco tiempo. Las cosas no podían ir peor. Policías y guardias civiles llevaban desde las 7 de la mañana intentando evitar un referéndum que, a pesar de ser ilegal, congregó a cientos de miles de personas. Aquello no se podía mantener durante mucho más tiempo, así que sobre las 14 horas, Sáenz de Santamaría autorizó a Enric Milló, delegado del Gobierno en Cataluña, ordenar la retirada de los efectivos. A las 12 del mediodía, Miquel Iceta, líder del PSC, había mantenido una conversación con Sáenz de Santamaría en la que le había recomendado poner fin a la actuación de las fuerzas de seguridad. El Gobierno fue consciente de que los independentistas habían ganado la batalla de la comunicación.

En una reunión previa al 1-O, la ministra de Defensa propuso que el Ejército llevara a cabo labores de apoyo a las fuerzas de seguridad. El JEMAD advirtió que el Ejército usa «armamento letal». Finalmente, la propuesta se desechó. Sáenz de Santamaría y los altos mandos policiales lo rechazaron

«Probablemente, había que haber aplicado el artículo 155 de la Constitución antes, tras los días 6 y 7 se septiembre, cuando el Parlament de Catalunya aprobó las llamadas leyes de desconexión», afirma una fuente del Gobierno de Rajoy. Si se hubiera llevado a cabo esa decisión, que implicaba la destitución del Gobierno de la Generalitat, y la puesta de los Mossos bajo las órdenes del Ministerio del Interior, seguramente no se hubiese convocado el referéndum. Pero Rajoy, aseguran diversas fuentes, no tenía atado el apoyo del PSOE, aunque sí el de Ciudadanos. «Rajoy quería el mayor apoyo posible en el Senado para sacar adelante el 155 y, para ello, era necesario el respaldo del PSOE», dice una de la fuentes cercanas a Moncloa.

Rajoy se movió en los días previos al 1-O entre las dudas y la perplejidad. Se fio del CNI (dirigido entonces por Félix Sánz Roldán) y creyó que el referéndum no se celebraría porque «no había urnas». Pero, por otro lado, sufría las presiones de los que le advertían de que el reto catalán iba muy en serio y que el 1-O podía acabar en una rebelión sin paliativos.

Desde que Rajoy encargó a Sáenz de Santamaría hacerse cargo de la operación de diálogo con Cataluña, en el seno del Gobierno se vivió una división constante. Había ministros que creían, como Rajoy, que un acercamiento a Junqueras podría rebajar la tensión (a Puigdemont le consideraban un pelele de Artur Mas, alguien sin fuerza política real); pero había otros, como la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal y el propio ministro del Interior, que pensaban que el diálogo era una pérdida de tiempo y había que utilizar todos los recursos del Estado de Derecho para frenar el golpe independentista.

La tensión llegó al máximo nivel tras el pleno del Parlament que aprobó las llamadas leyes de desconexión. Interior se preparaba para hacer frente a una jornada previsiblemente violenta y muy difícil de gestionar desde el punto de vista operativo. El 22 de septiembre llegó a Barcelona el crucero Moby Dada, pintado con dibujos de Looney Tunes, como Piolín, lleno de policías. Era todo un símbolo. No había forma de buscar alojamiento para todos los policías y guardias civiles que se desplazaron a Cataluña, ya que en algunos hoteles no les dieron alojamiento. Para el 1-O se temía lo peor, un desbordamiento de las fuerzas de seguridad que terminara en catástrofe.

Por esas fechas, en una reunión a la que asistieron el ministro de Interior, altos mandos policiales, y del CNI, además de la ministra de Defensa y el JEMAD, Fernando Alejandre, Cospedal propuso que el Ejército realizara labores de apoyo a la Policía y la Guardia Civil. Zoido estuvo de acuerdo. El JEMAD no se opuso, pero advirtió: «Nosotros haremos lo que haga falta, pero quiero advertir que usamos armamento letal».

Por fortuna, la idea quedó desechada. Sáenz de Santamaría la rechazó, así como los máximos responsables operativos de los cuerpos de seguridad. Pero la propuesta estuvo a punto de concretarse.

Cinco años después de aquel 1-O, la independencia no es la opción mayoritaria entre los catalanes, según todas las encuestas, aunque los partidos que la defienden representan al 50% de la población. Aquella jornada se ha mitificado hasta la nausea y forma parte del ideario mitológico del independentismo, pero supuso también el principio del fin de una ficción. Sus protagonistas sabían que no había estructuras de Estado paralelas y que la República de Cataluña no iba a ser reconocida en Europa, pero, con tal de no dar marcha atrás, estuvieron a punto de provocar un desastre de grandes proporciones. Tal vez era lo que pretendían.

Por su parte, el Gobierno gestionó mal la situación. No valoró lo que suponía enfrentar a policías y guardias civiles a una población que acudía a votar pacíficamente y sin alterar el orden público. Aunque fuera ilegal lo que estaban haciendo.

Finalmente, Rajoy logró sacar adelante el 155 y, al contrario de lo que se temía, no pasó nada. Poco a poco, las aguas volvieron a su cauce, pero el problema sigue estando ahí.