Las propuestas del PSOE para combatir la ocupación ilegal de inmuebles ha ahondado las diferencias con Podemos, que insiste en que la nueva Ley de Vivienda es una prioridad para esta formación.
De hecho, Podemos insistió este lunes en sus exigencias para sacar adelante la nueva Ley de Vivivenda en plena polémica por las propuestas que plantearon los socialistas para facilitar el desalojo de ocupantes ilegales de inmuebles.
El portavoz de la Ejecutiva de Podemos, Pablo Fernández, dijo este lunes que el que se apruebe la Ley de Vivienda, que el partido presenta como condición para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, “depende única y exclusivamente de la voluntad política del Partido Socialista”.
Lo hace pocos días después de que Podemos criticara las enmiendas que el PSOE presentó a la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia para permitir el desalojo de ocupantes ilegales de viviendas en 48 horas.
Cuando la semana pasada se conoció el contenido de estas dos enmiendas Podemos señaló que “no vienen a cuento” porque el problema es el precio de la vivienda y recordó al PSOE que no está “gobernando con (el exministro del Interior del PP, Jaime) Mayor Oreja”.
La propuesta socialista implicaría modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, en los casos de allanamiento de morada o usurpación de bienes inmuebles, los jueces puedan desalojar la vivienda ocupada ilegalmente en un plazo máximo de 48 horas desde que lo solicita el propietario o recibe el atestado policial.
El portavoz de la Ejecutiva de Podemos manifestó hoy en rueda de prensa que van a seguir "trabajando hasta el final para que se incluyan tres propuestas esenciales para nosotros”, garantizó, y mencionó en primer lugar la citada Ley de Vivienda y añadió que “es un error estratégico” de su socio de gobierno no aprobar esta norma, que “es imprescindible” para garantizar el derecho a la vivienda.
Fernandéz pidió al PSOE que haga “una honda y profunda reflexión” y no “compre los marcos de la derecha” al aceptar endurecer la legislación contra la ocupación ilegal de viviendas.
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