La inminente entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática no sólo marca el camino para el traslado de la sepultura de José Antonio Primo de Rivera a un lugar menos preeminente de la basílica del Valle de los Caídos, a partir de ahora denominado Valle de Cuelgamuros. La norma incluye otras disposiciones que alcanzan a la comunidad religiosa que se encarga de la custodia de la iglesia desde 1958, a los monjes que yacen en el cementerio de la abadía y a los titulares del 77 % de los títulos nobiliarios concedidos durante la dictadura, entre otros. La aplicación no será pacífica: habrá batalla judicial.

  • Primo de Rivera, camino de la quinta sepultura. El Gobierno ha avanzado esta semana que iniciará de inmediato las actuaciones administrativas para llevar a cabo el traslado de la tumba del fundador de la Falange, que desde el 30 de marzo de 1959 se encuentra al pie de las gradas del altar mayor de la basílica. «Se procederá a la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto», establece el artículo 54.4 de la norma. Los sobrinos nietos de Primo de Rivera esperan la comunicación formal del Gobierno para dar a conocer su postura. Fuentes cercanas a los descendientes dan por seguro que recurrirán ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo la resolución de exhumación que acuerde en su momento el Consejo de Ministros, como en su momento hicieron sin éxito los nietos de Franco. En caso de que terminen impugnando el acuerdo, el cambio de enterramiento -sería el quinto- se demoraría meses previsiblemente.
  • La continuidad de la orden benedictina, en el aire. «Se declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales». La Ley de Memoria Democrática no establece de forma explícita la expulsión de la comunidad benedictina del Valle de los Caídos, pero abre la puerta a la salida de los frailes tras más de 64 años. Según se detalla en el artículo 54, la extinción tendrá efecto cuando entre en vigor el real decreto que establecerá el «nuevo marco jurídico aplicable al Valle de Cuelgamuros». El establecimiento de la abadía benedictina se llevó a cabo tras el convenio que la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos -creada en agosto de 1957 para administrar el conjunto monumental a través de un patronato- firmó con el abad de Silos el 29 de mayo de 1958, figurando entre sus objetivos fundacionales el de mantener el culto litúrgico y teniendo duración «indefinida«. Sobre el papel, la vinculación está amparada por los acuerdos Iglesia-Estado de 1979 y no podría romperse unilateralmente, salvo instrucción expresa del Vaticano o del abad de Solesmes (superior de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos).
  • ¿Y los 24 monjes que yacen en el Valle de los Caídos? «En el Valle de Cuelgamuros solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra, como lugar de reconocimiento, conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas allí inhumadas», determina la ley. La aplicación estricta de esta disposición obliga a trasladar también los restos mortales de los 24 monjes benedictinos que descansan en el cementerio de la abadía al no cumplir tal condición: fallecieron a partir de 1963. Tampoco concurre en el caso de las 172 personas que descansan en el interior de la basílica y que murieron después de que terminara la contienda. De momento, el Gobierno tan sólo se ha referido públicamente a las exhumaciones de Primo de Rivera y de Queipo de Llano, éste enterrado en la iglesia sevillana de la Macarena desde marzo de 1951. Con todo, familiares de algunos de los frailes enterrados en Cuelgamuros ya expresaron por escrito su oposición al cambio de sepultura.
  • Exhumaciones de víctimas. El Ejecutivo consagra en la ley el compromiso del Estado a atender las «reclamaciones y peticiones» de exhumación que formulen descendientes de personas inhumadas en el Valle de los Caídos. En los osarios de la basílica de Cuelgamuros hay enterradas al menos 33.847 víctimas de la Guerra Civil. La incógnita que aún no se ha despejado es si será posible acceder a esas ubicaciones e identificar los huesos en los casos en que así lo deseen sus descendientes. En un informe emitido en 2018, el comité científico-técnico del Consejo Médico Forense ya concluyó que la mezcla de restos óseos y el deterioro que previsiblemente presentarán por el tiempo transcurrido convierten la identificación genética de los restos cadavéricos en una tarea de «extrema dificultad». De resultar técnicamente imposible la exhumación se adoptarían medidas que permitan una reparación «de carácter simbólico y moral». Antes el Tribunal Supremo tendrá que resolver los recursos de varios particulares contra la resolución por la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) revocó el auto por el que un juzgado de instancia suspendió a finales de 2021 la licencia urbanística para la rehabilitación de los accesos a las criptas de la basílica del Valle de los Caídos a fin de llevar a cabo las exhumaciones de los restos allí enterrados.  
  • Supresión de títulos nobiliarios. Desde el mismo momento en que entre en vigor la ley quedarán suprimidos 33 títulos nobiliarios (13 marquesados, 12 condados, cinco ducados, dos grandezas de España y un señorío) que se concedieron entre los años 1948 y 1978 por suponer una «exaltación de la Guerra y la Dictadura». Entre ellos se encuentran los ducados de Primo de Rivera, Mola y Calvo Sotelo; el marquesado de Queipo de Llano; el condado de la Cierva (otorgado en 1954 al inventor del autogiro a título póstumo) y el señorío de Meirás, dignidad ésta que ostenta un nieto de Franco (Francisco Martínez-Bordiú Franco). De todos los concedidos por el régimen franquista, el Gobierno ha excluido una decena, como el marquesado de Torroja -en manos hoy de la ex vocal de Mecano, Ana Torroja, tras el fallecimiento de su padre- y el condado de El Abra, cuyo titular actual es Santiago de Ybarra y Churruca (ex presidente de honor del grupo Vocento).