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La familia de Primo de Rivera: "Para mover un hueso de José Antonio tienen que hablar con nosotros"

La nueva Ley de memoria democrática, a punto de entrar en vigor, obliga a trasladar la sepultura del fundador de la Falange a un lugar menos preeminente del Valle de los Caídos | Los descendientes dicen que el Gobierno no les ha comunicado todavía nada

Imagen José Antonio Primo de Rivera y la ubicación de su tumba en el valle de los caídos

Carmen Vivas

Los descendientes de Primo de Rivera aseguran que ningún representante del Gobierno se ha puesto aún en contacto con ellos para comunicarles oficialmente la decisión de trasladar la sepultura del fundador de la Falange a un lugar menos preeminente dentro de la basílica del Valle de los Caídos y, en conversación con este diario, lanzan una advertencia: «Para mover un hueso de José Antonio tienen que hablar con la familia».

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha avanzado este jueves el inicio de las actuaciones para llevar a cabo la exhumación de los restos mortales de Primo de Rivera y del general Queipo de Llano. El primero permanece al pie de las gradas del altar mayor del templo de Cuelgamuros desde el 30 de marzo de 1959. El segundo, en la basílica sevillana de la Macarena desde la tarde del 10 de marzo de 1951.

El anuncio de Bolaños se producía un día después de que el Senado aprobara definitivamente la Ley de memoria democrática -el Gobierno no ha aceptado una sola de las 521 enmiendas presentadas por los grupos en la Cámara Alta- y en vísperas de su entrada en vigor, lo que tendrá lugar al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El artículo 54.4 de la nueva norma establece que en el Valle de Cuelgamuros «sólo podrán yacer» las personas fallecidas «a consecuencia de la Guerra», procediéndose a la «reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto». Fusilado a primera hora de la mañana del 20 de noviembre de 1936 en el patio de la prisión de Alicante, Primo de Rivera cumple el primer requisito pero no el segundo: su tumba se encuentra en un lugar central del altar mayor, por lo que ha de ser trasladada.

A la espera de la comunicación del Gobierno

A preguntas de El Independiente, uno de los sobrinos nietos de José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia ha indicado que la familia no dará a conocer su postura hasta tener una comunicación oficial del Gobierno, que hasta este jueves no se había producido. Será entonces cuando desvelen si recurrirán en los tribunales la decisión del Ejecutivo en un intento de evitar que los restos de su antepasado conozcan la quinta sepultura.

El cuerpo de Primo de Rivera fue enterrado inicialmente en una fosa del cementerio alicantino de Nuestra Señora del Remedio antes de ser colocado en un nicho del mismo camposanto. En noviembre de 1939 fue trasladado al monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) y casi dos décadas después fue inhumado en Cuelgamuros.

La nueva ley obliga a trasladar la sepultura del fundador de la Falange a un lugar menos preeminente de Cuelgamuros

En el supuesto de que los descendientes del fundador de la Falange opten por la vía judicial y no lograran su propósito, la duda es si el Gobierno tendría tiempo de ejecutar la exhumación en esta legislatura. En el caso de Franco, desde que se inició el trámite administrativo (31 de agosto de 2018) hasta que se enterró la momia del dictador en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo (24 de octubre de 2019) transcurrieron casi 14 meses.

Una vez que la ley despliegue sus efectos, el Consejo de Ministros tendrá que acordar el inicio del procedimiento administrativo para la exhumación de los restos mortales de Primo de Rivera, concediéndoles un plazo de tiempo a sus descendientes para que formulen alegaciones e indiquen la ubicación deseada para el enterramiento bajo la premisa establecida en la norma.

Con posterioridad, el gabinete de Pedro Sánchez tendrá que acordar la exhumación, una resolución contra la que los familiares podrán interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Con el precedente de Franco, y a fin de evitar que una estimación en el futuro hiciera perder la finalidad del recurso, todo hace indicar que el alto tribunal -de admitirlo a trámite- concedería la suspensión cautelar de la ejecución en caso de que se le solicitase esta medida mientras entra en el fondo del pleito y dictar sentencia.

Los tiempos del Supremo

Atendiendo a los plazos ordinarios que maneja, el Supremo no resolvería previsiblemente ese eventual recurso en 2023, cuando expira el mandato que Pedro Sánchez inició tras las elecciones generales celebradas el 10 de noviembre de 2019. Como botón de muestra, los nietos de Franco recurrieron en casación en marzo de 2021 la sentencia de la Audiencia de A Coruña que confirmó la titularidad pública del Pazo de Meirás y, más de un año y medio después, el alto tribunal no ha resuelto aún si lo admite a trámite o no.

No ocurrió lo mismo cuando vio el recurso de los Martínez-Bordiú Franco contra la exhumación de los restos de su abuelo materno, el proyecto ‘estrella’ de Sánchez en sus primeros años de mandato. La impugnación contra la decisión del Ejecutivo la formalizaron en marzo de 2019 y en septiembre de ese mismo año se la desestimó el Supremo.

El traslado de la sepultura de su antepasado no es la única consecuencia práctica que conlleva para los Primo de Rivera la entrada en vigor de la Ley de memoria democrática. Al día siguiente de la publicación del texto en el BOE, Fernando María Primo de Rivera y Oriol -sobrino nieto mayor del fundador y primer jefe de la Falange- perderá el ducado de Primo de Rivera con grandeza de España que ostenta desde julio de 2020 en cumplimiento de lo que la nueva norma determina en su artículo 41. Es uno de los 33 concedidos entre 1948 y 1978 que quedarán suprimidos de forma automática.

Se trata de una merced que Francisco Franco otorgó a título póstumo a José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia el 18 de julio de 1948 por ser «símbolo de una generación y el hombre que supo encender en la juventud de España la antorcha de la fe en los destinos de la Patria, por cuya unidad, grandeza y libertad ofrendó su vida», según se detalla en el decreto publicado en el BOE. El dictador concedió en esa misma resolución otros dos ducados -los de Calvo Sotelo (José Calvo Sotelo) y Mola (Emilio Mola Vidal)- y un condado: el del Alcázar de Toledo a José Moscardó Ituarte. Los cuatro serán anulados por suponer una «exaltación de la Guerra [Calvo Sotelo y Mola murieron en 1936 y 1937, respectivamente] y la Dictadura».

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