María Luisa Balaguer (Almería, 1953), magistrada del Tribunal Constitucional, no es una mujer de banderas, estatismo ni secretismo. Exponente del feminismo jurídico, le preocupan los cambios sociales y cómo podrían articularse en una Constitución más acorde a nuestros días, aunque asume que las reformas que atañen a derechos fundamentales necesitan un consenso parlamentario que ahora no existe.

Quiere presidir el Alto Tribunal si recibe el apoyo de sus compañeros en el nuevo periodo de mayoría progresista que se iniciará cuando los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombren a los dos magistrados que les corresponde y el Gobierno haga lo propio con otros dos. Pero el órgano de gobierno de los jueces ya va por la tercera reunión sin resultados. Atiende a El Independiente cuando las negociaciones del Poder Judicial continúan estancadas.

Pregunta: ¿Cómo afecta al Tribunal Constitucional que no se renueve a los magistrados que vencieron su mandato en junio?

Respuesta: Afecta de una manera muy relativa porque no ha transcurrido un tiempo excesivo. Hay que tener en cuenta que la anterior renovación se produjo con más de un año de retraso. Por otro lado, el Tribunal funciona de una manera ordinaria. Nosotros tenemos el lunes Sala, a la que llevo una sentencia. Es un orden del día habitual llevar tres o cuatro sentencias, providencias, autos, etc…El martes, miércoles y jueves está convocado un Pleno en el que llevo otra sentencia bastante interesante sobre un tema futbolístico de organización económica en la que hay una cuestión de inconstitucionalidad que se nos ha planteado, que es difícil y costosa de hacer y se someterá al Pleno. Tenemos un funcionamiento ordinario. Aquí no hay ninguna situación para nada que pueda dañar derechos de la sociedad ni de terceras personas.

Pregunta: En el periodo que se iniciará cuando esa renovación llegue a buen puerto ha manifestado públicamente que le gustaría ser presidenta. ¿Cree que sus compañeros del denominado bloque progresista la apoyarán en lugar de a Cándido Conde-Pumpido?

Respuesta: Yo he manifestado mi deseo de ser presidenta en cuanto a una consideración genérica de que creo que todos los magistrados nos sentiríamos muy honrados por serlo. Más allá de eso, creo que quien tenga los votos será presidente o presidenta. Si los tiene mi compañero Cándido estaré encantada de votarlo, por supuesto. Pero si los compañeros que van a venir y los que están aquí, tanto progresistas como conservadores -porque es necesario que una vez que estamos deliberando se nos olviden los sesgos ideológicos en la medida de lo posible- me votan, estaría honradísima. Claro que me gustaría mucho, y acometer algunas reformas que creo que después de 40 y algunos años el Tribunal debería tener.

Pregunta: Precisamente este miércoles durante un seminario organizado por el Tribunal de Cuentas en Salamanca afirmó que hace falta un lenguaje y una perspectiva más feminista dentro del Tribunal.

Respuesta: En la sociedad en general. Más allá del lenguaje, que fue anecdótico porque estábamos hablando en ese momento de eso, creo que la sociedad está en un proceso de feminización donde determinadas leyes, como la Ley Orgánica 1/2004 [de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género] y 3/2007 [para la igualdad efectiva de mujeres y hombres] han apuntado a problemas muy específicos y muy cruciales de las mujeres porque soportamos en nuestro cuerpo siempre toda la opresión de la sociedad y esas leyes han creado un incipiente feminismo jurídico. Hay ya bastantes mujeres y bastantes hombres dentro de la academia, del Derecho Constitucional y del Derecho en general, sobre todo en la Filosofía del Derecho, que lo están abordando. Es necesaria una construcción de una sociedad igualitaria, de esto creo que es muy consciente la sociedad, pero más allá de eso, hay que hacer políticas concretas en función de qué grupos sociales tienen una infrarrepresentación o una consideración más marginal. Por supuesto, la relación entre las mujeres y los hombres es todavía desigualitaria.

María Luisa Balaguer, magistrada del Tribunal Constitucional.
María Luisa Balaguer, magistrada del Tribunal Constitucional. ENRIQUE FALCÓN

Pregunta: ¿También aquí en el Tribunal Constitucional?

Respuesta: Claro. Solamente somos tres magistradas en el Tribunal. Fuimos dos y cuando yo entré había una. El incremento está siendo progresivo pero lento, claro.

Pregunta: Cada vez que el Tribunal Constitucional delibera para dictar sentencia contra decisiones adoptadas por el Gobierno o por la mayoría del Congreso, en la sociedad se da por hecho que existe un bloque de magistrados progresistas que votarán en consonancia con los intereses del PSOE y otro de conservadores con los del Partido Popular. Esta fama, digamos, ¿está justificada? 

Respuesta: Yo creo que no, aunque también entiendo que se tienda a simplificar el mensaje. Esto también forma parte de lo que creo que en una presidencia se debe ir haciendo. La necesidad de que la identificación que se produce entre el magistrado o la magistrada y sus resoluciones sean conforme a la sociedad. Es muy importante que seamos conscientes de que la Justicia se imparte en nombre del pueblo, que cualquier órgano jurisdiccional debe mirar hacia la sociedad a la que se proyecta y no a una idea de identificación con un gobierno. Desde luego, yo siempre intento siempre sacar mis sentencias por unanimidad, qué duda cabe. Pero cuando no es así o no puedo aportar en la deliberación un argumento que convenza, hago un voto particular. ¿Que la sociedad pueda leer ahí alguna identificación? Bueno, yo me aparto de eso. Desde que estoy en el Tribunal he hecho 106 votos particulares. Ahí nadie puede ver que exista un sesgo ideológico a favor o en contra del Gobierno, porque los temas son múltiples y variados, casi siempre relacionados con cuestiones de competencia y de derechos fundamentales. Pero esto es fruto de mi formación. Pienso que quizá otras personas puedan tener ese sesgo inevitable que te da el conocimiento de una materia.

Considero a todos los magistrados del Tribunal Constitucional personas objetivas

Pregunta: Es decir, que no ha percibido en ningún momento entre sus compañeros magistrados una alineación política.

Respuesta: Bueno, en ningún momento…No sé si estoy en condiciones de decir que en ningún momento. Pero sí estoy en condiciones de decir que los considero a todos personas objetivas. E incluso, te diré que cuando se empezó a recusar aquí a algunos magistrados en relación con el procés, me opuse. No he sido recusada nada más que una vez que fuimos todos los miembros del Tribunal. Me opuse firmemente a esa recusación porque lo que también creo y dije en ese momento es que una persona tiene derecho a tener su ideología, lo único es que debe tener un cierto control de su sesgo ideológico porque tiene que dictar resoluciones para toda la sociedad y tener en cuenta que serán más comprendidas por una parte que por otra. Afortunadamente, en este asunto y después de esas recusaciones hubo un auto del Tribunal que zanjó la cuestión en relación con que cuando se viene aquí a ejercer una función, o a cualquier otro tribunal, esa persona muestra lo que es en su formación y en su composición. Eso necesariamente no tiene por qué producir una sentencia ni subjetivista ni parcial.

Pregunta: Es usted una estudiosa de la Transición, cuyo inicio remonta décadas antes de la muerte de Franco. Nuestra Constitución es la herencia de los acuerdos políticos que facilitaron la democracia. Pero, ¿ha llegado el momento de reformarla? 

Respuesta: Llegó el momento desde que se promulgó. Los profesores de Derecho Constitucional, y en general los de Derecho Público, siempre hemos entendido que la Constitución surgió con cierta insuficiencia. Esto es razonable desde el punto de vista académico. Otra cuestión es la oportunidad política que se pueda tener para realizar o no reformas de la Constitución en el momento actual, que posiblemente no lo sea. En la década de los 80 hubo ya algunos congresos. Yo misma organicé en el año 2004 un congreso internacional sobre la reforma de la Constitución y hemos ido estudiando estos temas desde un punto de vista académico y no de oportunidad política. El capítulo de derechos fundamentales ha sido muy reactualizado con la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea y el contexto europeo e incluso la división territorial del Estado autonómico exigen también ciertas reformas en temas competenciales. Son cuestiones técnicas, pero muy saludables si se pudieran acometer. 

Pregunta: ¿Por qué dice que quizá no es el momento adecuado para acometer esa reforma?

Respuesta: Las reformas de la Constitución Española que atañen a derechos fundamentales y a instituciones necesitan una mayoría que ahora mismo no parece muy posible en el Congreso y en el Senado. Es necesario que exista un consenso muy generalizado que está más en la academia que en la sociedad.

Pregunta: Antes comentaba que el Tribunal Constitucional y todas las instituciones jurídicas tienen que adecuarse a la sociedad. ¿Qué realidades no se ven reflejadas en la Constitución o pueden parecer utópicas en esta?

Respuesta: Supongo que se refiere a cuáles serían las principales insuficiencias de la Constitución para dar respuesta a los problemas sociales. 

El derecho a un medio ambiente sano tendría que ser un derecho fundamental directamente aplicable

Pregunta: Sí.

Respuesta: Bueno, pues por ejemplo el medio ambiente sería una cuestión muy inmediata. Lo que se reconoce en un párrafo de principios rectores en relación con la ecología, el medio ambiente, etc…no tiene la centralidad que necesita una sociedad como la de hoy donde el derecho a un medio ambiente sano tendría que ser un derecho fundamental ya directamente aplicable porque los niveles de conservación del aire están en situaciones muy límites. El derecho a la salud aparece también en los principios rectores. Sin embargo, el artículo 15, se redactó como un derecho a la integridad física y moral. Pero forma parte también en el derecho a la integridad física un derecho a una sanidad y a una salud que en realidad son derechos fundamentales, dentro del contexto de la cuarta generación de derechos en la que estamos. En realidad, en 1978 ya aquél capítulo de derechos fundamentales era muy avanzado. 

Pregunta: El Gobierno ha anunciado distintas medidas fiscales. Una de las cosas que solicitó Podemos y no se ha abordado son reformas en cuanto a rebajas de alquileres y acceso a la vivienda. Una vivienda digna también está recogida en la Constitución.

Respuesta: Ah, claro, ese tema también es importantísimo. También está en los principios rectores el derecho a una vivienda digna. Pero, decir ahora en un texto constitucional que se tiene derecho a una vivienda digna, la palabra digna asociada a la vivienda, en realidad no es exactamente lo que se necesita desde el punto de vista social. Lo que se necesitan son soluciones habitacionales para personas que tienen un desarraigo o una insuficiencia de medios económicos. En definitiva, que personas con una cierta debilidad social puedan tener cubierto como mínimo el derecho a una habitación o una vivienda en los términos en que se pueda expresar. Entonces se pensaba el derecho a la vivienda como el derecho a una propiedad o a tener acceso a una vivienda propia. Ahora no se trata tanto de eso como de instrumentalizar desde el punto de vista social, de una manera ágil, todo este tipo de derechos. La vivienda digna de la Constitución como propiedad no responde a la necesidad social actual. En una reforma constitucional probablemente sí que tendría una adecuada situación la ubicación de uno de esos principios rectores también aplicado y relacionado con el artículo 18, el derecho a la intimidad personal y familiar. En el derecho europeo se ha relacionado, por ejemplo, con el derecho al ruido, a la intimidad familiar, a la casa…En definitiva, se trata de asuntos dogmáticos que tendrían que ser estudiados. 

Para mí la unidad de España no está basada en una posición unívoca y permanente, ni siquiera relacionada con la comunidad autónoma, sino con otros conceptos que tienen que ver mucho con los derechos sociales

Pregunta: Se han cumplido cinco años del referéndum del 1 de octubre que el Tribunal Constitucional declaró ilegal. ¿Ese fue el momento en el que los magistrados, y usted en concreto, vieron claro que la legalidad constitucional estaba en peligro y era la única barrera contra ese desafío?

Respuesta: Bueno, ha habido un momento en el procés en que el Tribunal Constitucional ha tenido difícil encajar todas las posiciones y sensibilidades hacia qué situación había en Cataluña. Yo soy una persona bastante autonomista, no centralista, pero algunos compañeros y alguna compañera tenían otro concepto de la unidad de España. Para mí la unidad de España no está basada en una posición unívoca y permanente ni siquiera relacionada con la comunidad autónoma, sino con otros conceptos que tienen que ver mucho con los derechos sociales. Cuando se aplicó el 155 y tuvimos que hacer una sentencia sobre éste hubo momentos de dificultad para encajar una institución, la de ese artículo, que era nueva. La proclamación más o menos formal de una república en Cataluña también lo fue. Luego, ha habido manifestaciones y acuerdos respecto de la Monarquía en la mesa del Parlamento que también ha tenido que tratar el Tribunal. No recuerdo exactamente cuál pudo ser para mí uno de los peores momentos. Quizá no tenía que ver con esa dimensión tan importante ni tan global sino con aspectos muy pequeños como por ejemplo una sanción administrativa, una multa, que se impuso a la presidenta de la Mesa. Hice un voto concurrente porque no estaba muy de acuerdo con que el Tribunal Constitucional tuviera una capacidad sancionadora. Creo que el Tribunal hizo un gran esfuerzo por unificar criterio con un problema muy difícil políticamente hablando.

Ninguna solución a Cataluña hubiera podido estar fuera de la Constitución Española

Pregunta: En relación con ese papel clave del Tribunal Constitucional en la judicialización del procés, el presidente catalán Pere Aragonés vuelve a hablar del derecho del pueblo catalán a decidir si quiere seguir formando parte de España. ¿Hay margen para encontrar una solución jurídico-política al conflicto sin modificar la Constitución?

Respuesta: Yo creo que sí hay margen. Dicho esto, no creo que sea algo de lo que deba opinar. Hay margen, lo hubo, un Estatuto que estuvo sometido a control de constitucionalidad. Ahí había márgenes y el Tribunal Constitucional, en la sentencia 31/2010, hizo una interpretación de muchísimos preceptos. Esto no quiere decir ni que conformase a las instituciones catalanas ni que fuese la mejor sentencia posible. Pero, dicho esto, dentro de la Constitución es donde se tienen que encontrar todas las soluciones a todos los problemas jurídicos que ahora mismo están en el territorio nacional. Ninguna solución a Cataluña hubiera podido estar fuera de la Constitución Española. No hay otra porque salirse de la Constitución no tiene ningún futuro, es completamente imposible. Otra cosa es la posibilidad de reformar la Constitución y la conveniencia de hacerlo. 

Pregunta: ¿El Constitucional puede impedir la convocatoria de un nuevo referéndum o articular un nuevo Estatuto de autonomía? 

Respuesta: Nosotros no podemos hacer nada. Somos el capitán a posteriori de las situaciones de hecho y de las situaciones jurídicas. No podemos establecer recomendaciones. Sólo podemos hablar a través de nuestras providencias, autos y sentencias. Cualquier otra separación de esto sería incorrecta. Sería entrar en una situación que no nos compete. Los problemas políticos deben ser resueltos por los representantes del pueblo. Nosotros tenemos una denominación, yo por el Senado a propuesta de una comunidad autónoma y otros compañeros y compañeras, por el Gobierno. Cualquier calificación en este sentido, considero que no es correcta.

Deberíamos abrirnos a la sociedad porque trabajamos en definitiva para ella y no para los poderes públicos

Pregunta: Por último, en esa intención o deseo por alcanzar la presidencia, ¿cuál sería su principal bandera como presidenta de este órgano si lo consigue?

Respuesta: No me hables de banderas…Yo tendría propuestas muy claras con respecto a cómo tiene que ser un Tribunal Constitucional. Algunas de ellas las veo perfectamente realizadas, pero soy una persona bastante hetedoroxa en el Tribunal y no comparto algunas maneras que tiene de conducirse. Es mi opinión, no digo que las personas que lo hagan no lleven incluso razón. La que más percibo es la falta de diálogo con los medios de comunicación que sois verdaderamente los transmisores de todos los contenidos que hacemos. Si no nos hacemos comprensibles a la sociedad, no podemos pensar que ésta entienda y comprenda nuestras resoluciones. Primero porque son muy técnicas. Si tuviéramos la capacidad de promover ruedas de prensa con algunas sentencias de bastante importancia y dialogar con los medios en asuntos como recursos de inconstitucionalidad, conflictos de competencia o situaciones en las que se dictan sentencias paradigmáticas que fortalecerán al tribunal porque ha conseguido unanimidad, sería mejor. En este tipo de situaciones deberíamos abrirnos a la sociedad porque trabajamos en definitiva para ella y no para los poderes públicos. Todo eso repercute en un Estado mejor, un Estado fuerte y capaz de afrontar lo que hoy no es posible describir porque una sociedad globalizada implica toda la situación que estamos viviendo en la actualidad.