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Euskadi impulsa cancelar antecedentes penales para reinsertar presos comunes y de ETA

El Ejecutivo vasco, en colaboración con el Ministerio de Justicia, promueve talleres en las tres cárceles vascas para informar a los internos sobre la posibilidad de eliminar sus antecedentes penales si no reinciden tras cumplir sus condenas.

Concentración de apoyo a presos internos en la cárcel de Martutene de San Sebastián. EFE

Es la prioridad de la política penitenciaria que el Gobierno vasco lleva impulsando desde que asumió la gestión de las cárceles hace ahora un año. Buscar la reinserción de los presos y con ello reducir las tasas de reincidencia y elevar la resocialización de todos ellos es el objetivo último del llamado modelo penitenciario vasco que se trabaja desde octubre del año pasado. El último objetivo que se ha propuesto el Ejecutivo vasco es fomentar el último paso de ese largo camino: la eliminación de los antecedentes penales. Un propósito al que invita a caminar a todos los internos que ahora cumplen condena en las cárceles vascas, más de un millar, entre ellos 109 presos de ETA.

La ruta penitenciaria ideada por los gestores vascos no sólo promueve cambios como el incremento del régimen abierto en la última fase de las condenas sino también facilitar medios para la reinserción laboral a través de talleres en las cárceles y acuerdos con empresas para emplear a los internos en la última fase de pena de prisión. Junto a ello, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu se ha propuesto exprimir al máximo la política penitenciaria -que aún depende del Ministerio de Justicia y de Interior- y que se basa en el Código Penal. Una normativa que prevé la posibilidad de suprimir los antecedentes penales de los condenados años después de haber cumplido su pena y no haber reincidido.

La consejera de Justicia, Igualdad y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha defendido el valor de este tipo de medidas: «Queremos que la persona interna comience a preparar su porvenir desde el primer día». Recuerda que la reinserción no se logra sólo con el cumplimiento de la pena impuesta sino también cuando el penado regresa a la sociedad y no vuelve a delinquir: «La cancelación de antecedentes penales supone una última etapa en el proceso de reinserción social, clave en el modelo penitenciario que estamos impulsando en Euskadi con un amplio consenso social y política», ha señalado.

Un procedimiento que en gran medida debe solicitar el propio afectado, si bien también se puede establecer de oficio, y que supone la eliminación del Registro Central de Penados, -y en su caso del Registro Central de Delincuentes Sexuales y Trata de Seres Humanos-, de los antecedentes que constan en los registros policiales. La ley determina que se deben cumplir unos requisitos de no reincidencia que en función de la condena cumplida van desde los 6 meses para los delitos menos graves hasta los 10 años en los más graves.

Talleres en las tres cárceles

La mayor cárcel del País Vasco, la prisión de Zaballa, en Álava, donde cumplen condena cerca de 700 internos, 60 de ellos de ETA, invitó ayer a todos los presos y funcionarios de prisiones a un taller organizado en colaboración con el Ministerio de Justicia. El salón de actos de la prisión estaba abarrotado con alrededor de 180 internos y una veintena de trabajadores asistieron a la sesión de casi dos horas en la que se abordó el procedimiento y los requisitos que se deben cumplir para que los delitos queden eliminados de su historial.

Hoy se celebrará una sesión similar en la prisión de Basauri, en Bizkaia, y en la cárcel guipuzcoana de Martutene. A todos ellos se les explicará cuál es el procedimiento que deberán seguir. En los casos de los delitos más leves se establece que deberán transcurrir un mínimo de seis meses sin reincidir, dos años para penas con condenas inferiores a 12 meses y de 5 años sin reincidencia para delitos graves. En el caso de los delitos graves cometidos con posterioridad al cambio del Código Penal -1 de julio de 2015- se amplió ese periodo a 10 años.

De este modo, en el caso de los delitos por terrorismo cometidos por presos de ETA no le afectaría la modificación penal, ya que el último de los delitos cometidos por la banda data de 2010. En estos casos, con el código penal anterior, la ley establece que la eliminación de los antecedentes no se podrán aplicar hasta transcurridos cinco años del cumplimiento de la condena.

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