Profesionales del sector veterinario, ingenieros de montes e ingenieros agrónomos acudieron a la jornada que organizó la Fundación Artemisan. Algunos de sus participantes estuvieron de acuerdo respecto a la Ley de Protección, Derechos y Bienestar Animal impulsada por el Gobierno. Según dijeron, los criterios técnicos y científicos escaseaban, y el proyecto se había realizado sin tener en cuenta a los sectores afectados.

José Luis López-Schümmer, presidente de la Fundación Artemisan, continuó con la línea de los participantes y aprovechó la jornada para dar su opinión al respecto. En el caso en el que el proyecto no se apruebe, según sus promotores, los animales quedarían desprotegidos. Por ello, el presidente denunciaba el «engaño» al que se le está sometiendo al mundo urbano con esta ley. Y añadía que «la ley debe ser elaborada siguiendo criterios técnicos y científicos, y no ideológicos».

Hubo más participantes que se animaron a hablar y dar su opinión durante la jornada. Entre ellos se encuentra el especialista en sanidad animal y catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha e investigador del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), Christian Gortázar. Durante su intervención sostuvo que la ley se ha elaborado «sin contar con las de utilidad defendidas por ganaderos, cazadores y demás sectores defensores del uso de animales», y se quejaba de la “falta de fundamento científico y técnico” del proyecto de ley.

María Luisa Fernández, consejera del Consejo General de Veterinarios de España, fue otra de las protagonistas de la reunión. Se quejaba de que la gran mayoría de las alegaciones presentadas de manera consensuada desde los colegios profesionales no aparecían en la ley. Dejó claro que los veterinarios son el eslabón más cercano a la ciudadanía y a sus mascotas, por ello, considera imprescindible la participación de los veterinarios en la elaboración de la ley.

Por otro lado, Javier Castroviejo, el investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y exdirector de la Estación Biológica de Doñana, indicó que el proyecto normativo, está eliminando los derechos de los animales en vez de preservarlos. Por ello recalca que la comunidad científica está en contra.