La rebaja de condenas a agresores raíz de la Ley Integral de Garantía Sexual ha desatado todo un aluvión de declaraciones por parte del Gobierno y la oposición. Hasta ahora, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, no se había pronunciado sobre el tema. Hoy, la vicepresidenta ha declarado ante los medios de comunicación que "la Ley del sí es sí, es una ley extraordinaria de importancia para nuestro país". Su cometido, según ha declarado, es el de "garantizar nada más y nada menos que la protección de las víctimas, de ahí su importancia, y sobre todo, la defensa de la libertad sexual de las mujeres", y es algo que no debemos "olvidar". Pero ha evitado defender explícitamente todos los aspectos de la ley y ha reclamado esperar a lo que decida el Tribunal Supremo.

Ante las críticas, Díaz ha pedido "prudencia". Y ha comentado que, como jurista, a pesar de no ser especialista en la materia, le parece "muy interesante". Pero, considera que "es importante que dejemos trabajar al Supremo y en breves días tendremos algunas respuestas sobre estas cuestiones". Además, ha hecho hincapié en que "la vocación del Gobierno es firme en la protección de las víctimas, y desde luego esta ley es muy importante para nuestro país".

Horas después, el ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha culpado de la crisis a la "derecha judicial" y a "la degradación creciente de buena parte del periodismo", antes de dejar un importante recado a los compañeros de gobierno de Irene Montero que no la defiendan: "Ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido".

La ley del solo sí es sí, que sitúa el consentimiento de la mujer como eje en los delitos sexuales, se está convirtiendo de nuevo en otra fuente de conflicto para el Gobierno. Moncloa pide "prudencia" y apuntan hacia una posible revisión de la norma en caso de que haya que tapar sus lagunas jurídicas y rechazan las descalificaciones de Irene Montero.

Son muchos los políticos que se han pronunciado y buscan una solución "rápida", incluso dentro del propio partido. La exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha negado que el problema radique, como ha apuntado la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el machismo de los jueces y fiscales. «Es un problema verdaderamente preocupante y la política consiste en buscar soluciones lo más rápidamente posible que convengan para impedir que cuaje la idea de que se van a rebajar penas», ha apuntado Calvo en declaraciones a los medios este mismo jueves.

Por su parte, Adrían Barbón, presidente del Principado de Asturias, como compartió en su cuenta de Twitter, considera que "hay que aprender de los errores".

Ciudadanos, en cambio, guarda silencio sobre si pedirá al Gobierno retocar la ley. Arrimadas ha destacado de manera informal que la ley debe "pasar por el taller" si no cumple su propósito, pero el partido no ha reivindicado ese objetivo en las Cortes como ERC o PNV.