España Los socios habituales también piden a Montero que rectifique

El PSOE podría no tener los votos para cambiar la 'ley del sí es sí' si Podemos se enroca

Los socialistas empujan para una revisión puntual de la norma que impida rebajas de condenas a violadores | Si la Moncloa se decidiera a lanzarla, tendría que hacer números, y podría depender de la derecha en caso de que los morados no cedan y atraigan a la mayoría de su grupo

MADRID, 17/11/2022.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i), la ministra de Igualdad, Irene Montero (c), y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (d), hablan este jueves en el Senado en Madrid. En medio del choque entre Igualdad y los jueces por las rebajas de condenas a delincuentes sexuales, este jueves coinciden en la inauguración del VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, celebrada en el Senado, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo y Montero, además de García Ortiz, y Grande-Marlaska. EFE/Fernando Villar

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i), la titular de Igualdad, Irene Montero (c), y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (d), hablan este 17 de noviembre de 2022 en el Senado en Madrid. EFE / FERNANDO VILLAR

«Pero vamos a ver, podemos enredarnos en el debate de que vamos a cambiar la ley del sí es sí… ¿Pero con qué votos?». La pregunta la lanza un miembro del Consejo de Ministros. Y señala directamente uno de los obstáculos difícilmente removibles si Pedro Sánchez diera la orden de rectificar el texto de la norma, que entró en vigor hace poco más de un mes: hoy por hoy, podría no haber mayoría parlamentaria para hacerlo. No la habría si la ministra de Igualdad y, por ende, Podemos, que la respalda férreamente, no cede. En ese caso, solo sería posible si el PP se dispusiera a apoyar una modificación puntual del texto propuesta por los socialistas que impida que se rebaje la pena a los agresores sexuales. Una salida que a día de hoy parece muerta dada la voladura de puentes entre el Ejecutivo de Sánchez y la dirección de Alberto Núñez Feijóo y el hecho de que los conservadores ya dieron la espalda a la ley a su paso por Congreso y Senado, aunque es cierto que Génova trabaja en una proposición de ley para recuperar las penas a agresores sexuales previas a la actual normativa en vigor. En cualquier caso, ya la fractura interna en los dos grupos que apoyan al Ejecutivo sería un dato relevante y a la vez demoledor.

La presión interna en el PSOE y externa, la que llega de los socios de investidura, va en aumento en las últimas horas. Todos empujan a Sánchez para que se acometa una modificación de la ley del sí es sí para que se cierren las «fisuras» y no se repitan las reducciones de condena a los violadores en sus topes mínimos. El presidente no ha llegado a hablar de revisar la norma. Desde Bali (Indonesia), pidió calma y esperar a que los tribunales y la Fiscalía unifiquen doctrina. El mismo mensaje que trasladaba este jueves la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez: «Los jueces son los que tienen que interpretar las normas y de hacerlo conforme también a su espíritu y yo confío en que esto vaya a ser así. Prudencia, confianza en la acción de la Justicia y de la Fiscalía a la hora de unificar doctrina, sin olvidarnos de que el espíritu de la ley no es otro que la protección de las mujeres ante las agresiones y la condena a su agresor». La ministra desautorizaba radicalmente las palabras previas de Irene Montero, aquellas con las que acusaba a los jueces de estar «incumpliendo la ley» al aplicar sus prejuicios «machistas«.

Montero insiste en la necesidad reforzar la formación de los jueces para que estos manejen los casos «de una manera sensible al género»

La titular de Igualdad no daba este jueves marcha atrás. Durante su discurso en la inauguración del VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, no habló explícitamente de «machismo», pero insistió en la necesidad reforzar la formación de los jueces para que estos manejen los casos «de una manera sensible al género» y puedan hacer una «correcta» aplicación de las leyes. Montero y su equipo en el ministerio, y también Podemos, han reiterado en los últimos días que el problema no está en la ley, sino en que los jueces la aplican de manera «errónea» o «defectuosa» por «machismo». Así que se niega a tocar el texto que salió de las Cortes y está en el BOE. «Si yo creyese que hay un error, sería la primera en reconocerlo», aseguró el miércoles por la noche en la SER. Tres de las cuatro asociaciones judiciales —todas menos la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) han pedido ya la dimisión de la responsable de Igualdad, mientras que la presidenta la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Ángeles Carmona, remarcó que las mujeres pueden sentirse seguras porque tienen los jueces sí tienen «una sólida formación».

El grupo de Unidas Podemos en el Congreso lo componen 33 diputados hoy día. No 35, porque uno de ellos, Alberto Rodríguez, fue inhabilitado y su plaza no se cubrió, y porque la otra, Meri Pita, se marchó al Mixto. De esos 33, una parte son controlados directamente por el partido morado que lidera la ministra Ione Belarra y sobre el que ha demostrado una enorme capacidad de influencia su fundador, Pablo Iglesias. Son minoritarios los comunes e IU, que sí están alineados con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, cada vez más distanciada de Iglesias, Belarra y Montero.

Hace falta llegar a 176 diputados

Al PSOE (120 diputados) no le llegaría con la suma de sus socios. ERC (13), PNV (6), EH Bildu (5) e incluso JxCAT (4), que no es aliado habitual del Ejecutivo, sí coinciden en que ha de mejorarse la norma para que no quepan interpretaciones jurídicas que supongan una rebaja de la pena, informa EFE. Aun agregando a otros pequeños partidos que suelen ayudar al bipartito como Más País (2), Compromís (1), PRC (1) PDeCAT (4) y Teruel Existe (1), e incluso Coalición Canaria (2) no alcanzaría la cifra de 176 diputados —se quedaría en 159—, la mayoría absoluta de la Cámara baja que exige cualquier aprobación de una ley orgánica, y la del sí es sí, que toca el Código Penal (aunque no solo) lo es.

El grupo de UP podría fracturarse. Hasta ahora, en la votación de un proyecto, solo se había desmarcado del PSOE en la ley audiovisual

Los socialistas, para articular una mayoría absoluta, necesitarían por tanto a Unidas Podemos, pero si se fractura internamente, los números se hacen muy complicados. Con la combinación citada, necesitaría al menos 17 parlamentarios de los 33 del grupo. O algunos menos si se adhiriesen a la propuesta del PSOE formaciones minoritarias como CUP (2) —que se abstuvo cuando el texto pasó por el Congreso—, Foro Asturias (1) o los ex de UPN (2) —que votaron en contra—.

Es decir, que ante una división interna en Unidas Podemos, las cuentas podrían ir muy justas. El PSOE podría estar más cerca de salvarse si atrae a Ciudadanos (9), que sí respaldó el proyecto de ley, y lo lograría, al margen de lo que hagan sus socios de coalición, si el PP da su plácet.

Los populares, a través de su número dos, Cuca Gamarra, presentarán, además de una moción en el Senado, otra en el Congreso y una proposición de ley en la Cámara baja. El propósito, dijo Gamarra, es que «ninguna conducta delictiva tenga una pena menor a la que tenía antes», informa EFE. La dirigente no dio detalles, pero sí recordó que su partido ya planteó durante la tramitación del sí es sí que era «mucho más serio mantener la diferenciación» entre abuso y agresión sexual —que el texto en vigor elimina— «y las penas tal y como estaban establecidas».

Hasta ahora, los dos grupos que sustentan al bipartito no habían llegado a estar tan cerca del abismo en la votación de un proyecto llegado del Ejecutivo. Los morados sí se abstuvieron en la ley audiovisual, pero su voto resultaba irrelevante dado que el PP también se abstuvo. Ahora la situación sería bien distinta: una rectificación a la que empujan el PSOE y los socios habituales en una norma señera y de enorme peso simbólico para la coalición. Y UP no mantendría probablemente la misma posición, ya que se dividiría entre el partido morado, que ha cerrado férreamente filas con Irene Montero, y los más cercanos a la vicepresidenta segunda. Díaz se ha mantenido silente en estos días de alta tensión y en su entorno han llamado a la prudencia. También continúa callado el ministro Alberto Garzón, coordinador de IU, mientras que el juez Juan Pedro Yllanes, vicepresidente de Baleares por UP, sí salió en defensa de la judicatura frente a Montero.

El Supremo podría marcar criterio en un mes

En cualquier caso, la Moncloa no se sitúa todavía en el escenario de cambiar la ley. El mensaje oficial, que este jueves repitieron Isabel Rodríguez, Félix Bolaños y María Jesús Montero, es que hay que esperar a que los tribunales y la Fiscalía asienten la doctrina. El Supremo podría marcar una directriz en aproximadamente un mes, ya que tiene sobre la mesa recursos de sentencias sobre delitos sexuales en las que los penados piden adecuar sus condenas a la nueva legislación. El criterio del alto tribunal puede ser decisivo, igual que el del ministerio público. Este jueves, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no apuntaba la vía de la circular que reclama la titular de Igualdad, pero sí garantizó que los fiscales realizarán su trabajo con la vocación de proteger a las víctimas y «claro respeto a los principios constitucionales».

Socios como ERC, PNV, Bildu o hasta JxCAT sí apuestan por reparar las «fisuras» para impedir las reducciones de penas

Mientras, algunos de los socios habituales del Ejecutivo coincidieron en que la norma debe mejorarse si es necesario para que «corrija» la «equivocación por parte del Parlamento de no haber previsto en el texto de la ley una disposición transitoria que no dejara margen a los jueces», señalaba Aitor Esteban, portavoz del PNV. Para tapar las «fisuras» o salvar los «puntos de fuga» que haya, manifestaba Oskar Matute, de EH Bildu.

Pero en Igualdad no ceden. «Nos quedamos con las declaraciones públicas del presidente. El problema no es la ley. Nadie ha dicho nunca nada de las penas mínimas y nadie da una propuesta que sirva para nada», señalan. En el equipo de Montero señalan lo ocurrido en La Rioja: la Audiencia Provincial no ha modificado ninguna de las 54 sentencias que ha revisado de oficio tras la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de Garantía de la Integridad Sexual. Según explicaba este jueves en Onda Cero el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad, Javier Marca, la Audiencia se ha acogido a la disposición transitoria quinta del Código Penal, porque «con independencia de que la ley [del sí es sí] no tenga disposición transitoria, el Código Penal sí la sigue teniendo», informa Europa Press.

La transitoria quinta del Código dice esto: «En las penas privativas de libertad no se considerará más favorable este Código cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo al nuevo Código». Pero Marca añadió que habrá condenas que tendrán que revisarse «obligatoriamente«, aquellas en las que el reo haya recibido la pena mínima y ahora sea menor».

Igualdad señala a lo ocurrido en La Rioja. Pero las penas mínimas se tienen que revisar si son más bajas con el nuevo Código Penal

Por ejemplo, una agresión sexual con penetración antes era castigada con seis a 12 años de prisión, y ahora, de cuatro a 12. Los violadores condenados en grado mínimo (antes seis años), ahora verán reducida su estancia en la cárcel en dos años. Así, las penas máximas y mínimas «son intocables y se tienen que revisar sí o sí». «Es más discutible» si la pena impuesta está dentro de una horquilla de condenas contempladas por la ley, recordó el presidente del TSJ de La Rioja.

La Moncloa no ha pasado a la pantalla de la modificación legal. Pero, si lo hace, tendrá que hacer números, y no será sencillo, precisamente por el riesgo de fractura dentro de Unidas Podemos y de que la reforma quede varada por falta de apoyos en caso de que la derecha eche una mano. De cualquier modo, y eso está claro, un endurecimiento del Código Penal solo afectaría a los delitos que se cometan a partir de la entrada en vigor de ese eventual cambio. Entretanto, operará la actual redacción del sí es sí.

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