España Continúa la polémica por la 'ley del solo sí es sí'

El Gobierno desautoriza a Irene Montero y subraya su "absoluto respeto" a los jueces

"Los jueces son los que interpretan y aplican la ley, y hay que mantener siempre ese respeto absoluto a la acción de los jueces", subraya la portavoz | La titular de Igualdad culpa a los jueces por "machismo", al reducir las condenas a los agresores sexuales

MADRID, 17/11/2022.- La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, interviene en el desayuno informativo del Fórum Europa. EFE/ Luis Millan

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, interviene en un desayuno informativo del Fórum Europa, este 17 de noviembre de 2022, en el hotel Intercontinental de Madrid. EFE / LUIS MILLÁN

El Ejecutivo sigue intentando ganar tiempo antes de evaluar si es necesaria una respuesta política al goteo de rebajas de condenas a agresores sexuales fruto de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Continúa llamando a la «prudencia«, confía en que los tribunales y la Fiscalía unifiquen doctrina. La Moncloa no habla ya, públicamente, de una hipotética revisión del texto para evitar la colisión entre los dos socios, pero sí frena en seco las críticas de la ministra Irene Montero a los jueces por «machistas».

Este jueves, en medio de una formidable crisis de credibilidad que tiene a una de las banderas del Ejecutivo, el feminismo, en el centro, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, fue taxativa. En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, mostró su «absoluto respeto a todos los jueces y juezas de los juzgados de primera instancia, a los magistrados en su trabajo y en su desempeño». «Creo que es muy importante que no olvidemos nunca la separación de poderes. El nuestro es el poder Ejecutivo, acompaña el poder Legislativo y los jueces son los que interpretan y aplican la ley, y hay que mantener siempre ese respeto absoluto a la acción de los jueces. Es el respeto del Gobierno y también el mío personal», señaló la ministra.

Rodríguez calca la posición de Sánchez, al pedir «prudencia» y remitirse a la unificación de doctrina antes de dar más pasos

Rodríguez buscaba así zanjar el incendio generado por las palabras de ayer miércoles por Irene Montero. La ministra de Igualdad acusó a los jueces de «no estar cumpliendo con la ley» al reducir condenas a los abusadores sexuales por la pervivencia de «estereotipos y machismo«, y se negó a tocar la ley del sí es sí, opción a la que sí se abren dirigentes del PSOE. Montero se llevó una oleada de reproches por sus «ataques» a los jueces, desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta las asociaciones progresistas Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Ya los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, ambos jueces, desaprobaron con rotundidad las invectivas de su compañera de Gabinete, quien por la noche en la SER persistía en sus acusaciones de «machismo» de los jueces. Pero las palabras de este jueves de Rodríguez pretendían fijar la posición y calmar los ánimos.

El presidente, Pedro Sánchez, enfriaba el miércoles desde Bali (Indonesia), al término de la Cumbre del G20, la posibilidad de una modificación de la norma por si hubiera en ella lagunas jurídicas. Apostó por dejar a los tribunales y la Fiscalía que asienten la doctrina.

Esa fue la tesis que mantuvo este jueves la portavoz: «¿Alguien puede dudar de cuál era la voluntad del Gobierno y después del Parlamento cuando se aprueba esta ley? No hay otra voluntad e inspiración que la protección de las mujeres ante los abusos y las agresiones sexuales. Se comprende la preocupación ciudadana [por la reducción de condenas], es también por supuesto nuestra preocupación. Pero permítanme también un llamamiento a la prudencia, al poder estudiar de qué se trata en cada una de estas sentencias, hacerlo desde el rigor. Hay que confiar también en la acción de la Justicia, de la Fiscalía, para la unificación de doctrina. Los jueces son los que tienen que interpretar las normas y de hacerlo conforme a su espíritu y yo confío en que esto vaya a ser así». La ministra llamó así a la calma y también instó a los jueces a tener en cuenta el «espíritu» inequívoco de la ley del sí es sí.

Escalones anteriores al Supremo

En el PSOE, su portavoz, Pilar Alegría, defendió ayer la opción de una reforma si es necesario: «Si hay que hacer algún cambio para evitar que se produzcan [rebajas de condenas] y para conseguir un respaldo mucho más sólido hacia las víctimas, habrá que abordarlo«. Otros cargos socialistas, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, o la consellera de Justicia valenciana, Gabriela Bravo, sí demandaron una revisión rápida de la norma para evitar más rebajas de penas o incluso excarcelaciones de agresores sexuales. Pero esa es la posición del partido, un paso más allá que la mantenida desde la Moncloa, donde repiten que quien ha marcado la línea es el presidente. Y es que la ley es de todo el Gobierno en su conjunto, no solo de Podemos.

Sobre la revisión de la malversación, la ministra recuerda simplemente que la lucha contra la corrupción «sigue siendo una de las principales banderas» del Ejecutivo

Fuentes gubernamentales insistieron este jueves en que no hay que esperar incluso a que hable el Supremo. Recordaron que el 25 de noviembre se reunirán las 15 secciones penales de la Audiencia de Madrid para unificar postura, y que habrán de pronunciarse también los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) autonómicos. Y la Fiscalía puede emitir una circular, señalaron. A partir de ahí, se verá si hay que dar algún paso más. El Ejecutivo no ha hablado aún de la opción, por ejemplo, de introducir una disposición transitoria, como se hizo en 2015, que impida esas revisiones a la baja. Con claridad, los socialistas compaginan un doble discurso: desde la Moncloa, más templanza —el sí es sí no deja de ser una ley de todo el Gobierno en su conjunto—, mientras el partido se coloca en una postura más exigente. Desde el equipo de Sánchez se recuerda que la nueva norma también hará que a partir de ahora las condenas serán mayores por delitos sexuales, al desaparecer la figura del abuso y considerarse este tipo de ilícitos como agresiones.

Sobre la reforma del delito de malversación, Rodríguez no avanzó las intenciones del Gobierno. Preguntada si se fijarán límites a ese eventual cambio —que según ERC está ya negociándose—, para que no se puedan beneficiar corruptos, respondió simplemente que «sigue siendo» una de las «principales banderas» de este Ejecutivo la «lucha contra la corrupción, la ejemplaridad y el avance en calidad democrática».

La portavoz defendió también la política de «convivencia» desplegada por Sánchez, que ha conseguido que el Govern se haya comprometido por escrito, en la mesa de diálogo, a no saltarse unilateralmente la ley, a que la situación en Cataluña ya no sea un problema para los españoles, que se haya reducido la pulsión independentista en la comunidad y que las empresas no huyan de allí. «Hoy estamos infinitamente mejor que entonces [que en 2017], y eso lo hemos hecho con política y desde la legitimidad de la democracia que implica también la potestad para cambiar las normas», sostuvo, en referencia a la reforma del delito de la sedición impulsada por los grupos que apoyan al Ejecutivo a través de una proposición de ley cuya tramitación acabará, presumiblemente, antes de final de año. Reforma de la que colgaría, aunque está por verse, el cambio en la tipificación de la malversación.

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