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La Eurocámara contra Puigdemont: "Probablemente se le permitió ocupar el escaño de manera ilegal"

La defensa del ex presidente catalán defiende ante el Tribunal General de la Unión Europea que la reforma del delito de sedición demuestra la "persecución política" que sufre y refuerza la necesidad de mantener la inmunidad que le asegura el escaño

Carles Puigdemont EFE

El abogado que defiende al Parlamento Europeo en el asunto sobre la inmunidad parlamentaria del expresidente de la Generalitat, Norbert Lorenz, ha defendido este viernes en la vista ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en Luxemburgo que la institución ha tenido un trato «extremadamente abierto» con Carles Puigdemont hasta el punto de permitirle ocupar el escaño «probablemente de manera ilegal» porque lo hizo sin que España les proclamara eurodiputado.

«Se les permitió tomar asiento en el Parlamento Europeo y, como hemos visto por una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, probablemente de manera ilegal, porque el Parlamento Europeo nunca ha recibido notificación de que los demandantes hayan sido nombrados o elegidos parlamentarios en España», ha expresado el letrado en su exposición al inicio de la vista, según recoge Europa Press.

El abogado de la Eurocámara reaccionaba así a la primera intervención de la defensa de Puigdemont y los otros dos exconsellers huidos de la justicia española elegidos eurodiputados por JxCAT, Toni Comín y Clara Ponsatí, que han alegado que la institución no respetó los derechos de sus representados al tramitar los suplicatorios para suspender sus inmunidades y ser juzgados en España. «Les pedimos que protejan a mis clientes del propio Parlamento Europeo», ha expuesto el abogado de los políticos independentistas en la vista, Gonzalo Boye.

Puigdemont aprovecha la reforma de la sedición

Por su parte, la defensa legal de Puigdemont ha defendido este viernes ante el TGUE que la reforma para la derogación del delito de sedición que se tramita en España tiene por objetivo facilitar la entrega del líder independentista a la justicia española lo que, a su juicio, pone en evidencia la «persecución política» que sufre y refuerza la necesidad de mantener la inmunidad que le asegura el escaño como eurodiputado.

«Es público y notorio que varios ministros y el propio (presidente del Gobierno, Pedro) Sánchez, han estado diciendo que los cambios en la legislación son para obtener la entrega de Puigdemont a España», ha expuesto el abogado Gonzalo Boye durante la vista celebrada por el ex presidente catalán y los otros dos exconsejeros huidos de la justicia española elegidos eurodiputados por JxCAT, Toni Comín y Clara Ponsatí, contra la Eurocámara por tramitar los suplicatorios remitidos por el Tribunal Supremo.

«¿Cuántos cambios en códigos penales en los Estados miembro conocen para obtener una euroorden?», ha preguntado Boye a los seis magistrados que componen la sala del Tribunal General europeo que examina el caso, cuya sentencia -ante la que cabrá recurso- e espera para el primer trimestre de 2023, aunque no hay fecha fijada aún.

Defiende que el delito de sedición no debería ser válido para ejecutar las órdenes de detención

Además de apoyar su alegato de persecución política para tratar de defender que los eurodiputados deben conservar su inmunidad parlamentaria, la defensa de Puigdemont ha expuesto la derogación de la sedición para reforzar el argumento de que es un delito que no está tipificado en todos los Estados miembro por lo que no debería ser válido para ejecutar las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) que pesan sobre ellos.

También ha apuntado que, si se concluye la reforma en España, «habría que analizar» las consecuencias para los tres eurodiputados, en especial en el caso de Clara Ponsatí que sólo es reclamada por el delito de sedición, a diferencia de Puigdemont y Comín, a los que además de este delito son reclamados por malversación.

La defensa asimismo ha puesto en duda que el Tribunal Supremo sea la autoridad judicial competente para tramitar los suplicatorios que el Parlamento Europeo aprobó en marzo de 2021 para que los tres políticos independentistas puedan ser juzgados en España; al tiempo que ha cuestionado la imparcialidad de la comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos responsable de redactar los informes que avalaron la suspensión de sus inmunidades y que fue refrendado por el pleno de la Eurocámara.

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