La investigación sobre Tsunami Democràtic tiene todas las papeletas para terminar en Barcelona. La Audiencia Nacional indaga en secreto desde 2019 en esta plataforma que estuvo detrás de las revueltas generadas en ese territorio tras la sentencia del "procés", pero la aparición de un diputado de ERC en la causa, Rubén Wagensberg, puede hacer que ésta termine en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) donde es aforado, según indican distintas fuentes a El Independiente. La Fiscalía se inclina precisamente por esta opción.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, lleva años tutelando en secreto estas pesquisas para descubrir quién estuvo tras los hilos del movimiento que logró el bloqueo del aeropuerto de El Prat en 2019, el corte de la autopista AP-7 a la altura de Francia y distintos altercados graves en el centro de Barcelona como respuesta al fallo con el que el Tribunal Supremo condenó a la cúpula política que organizó el referéndum del 1-O.

Tsunami Democràtic se presentó en redes sociales el 2 de septiembre de 2019 y dos días después ya habían colgado 15.000 carteles por toda la autonomía con la intención de "cambiar el estado de las cosas". Aunque los independentistas siempre han defendido que se trató de un movimiento espontáneo que emanaba del deseo popular, la Guardia Civil ha realizado un exhaustivo análisis de los hechos y, tal y como adelantó El Confidencial y ha confirmado este periódico, ha concluido que dirigentes de ERC coordinaron el brazo político de la plataforma.

Uno de los papeles fundamentales fue desempeñado presuntamente por el diputado autonómico y secretario de la Mesa del Parlament Rubén Wagensberg. El joven político de 36 años ha trabajado durante parte de su juventud en la organización de distintos eventos (festivales, salas de conciertos o campañas de asuntos sociales), según describe él mismo en su red de Linkedin , y desde 2017 forma parte del Parlamento de Cataluña.

Este cargo político complica la superviviencia de la causa bajo la tutela del juez García Castellón porque, según citadas fuentes jurídicas, en este caso sobre la competencia prevalece la condición de aforado de Wagensberg y esto arrastraría el resto de la causa al TSJ catalán. A este hecho hay que sumar que la Fiscalía de la Audiencia Nacional es partidaria de que el asunto se envíe a la comunidad autónoma en la que sucedieron los hechos.

Un nuevo móvil desencriptado

Todavía está por determinar cuántos políticos y activistas conforman exactamente este entramado en el que el juez ve una organización coordinada. Hay que recordar que, entre otros, se encuentra Oriol Soler Castanys, empresario que también forma parte del caso Voloh (una causa sobre una presunta trama corrupta destinada al desvío de fondos públicos al procés), quien precisamente recurrió a la Sala de lo Penal por considerar que prologar durante años el secreto de sumario vulneraba su derecho de defensa.

La prórroga del secreto, dijo la Sala en marzo de 2022, "no resulta desproporcionada pues la práctica de comisiones rogatorias y exámenes de dispositivos generalmente no pueden llevarse a cabo en un breve espacio de tiempo". Las fuentes consultadas señalan que la instrucción bajo llave está prácticamente concluida algo más de un año después y solo queda un informe que la Guardia Civil está elaborando tras haber desencriptado un teléfono móvil. El Instituto Armado ha presentado ya parte de sus conclusiones, pero una técnica para romper el código de cifrado del dispositivo puede llevar a nuevos hallazgos por lo que han solicitado algo más de tiempo al magistrado.

La investigación pretendía alcanzar al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, si bien las fuentes señaladas explican que con los indicios que hay sobre el papel no pueden atribuirle un rol principal en el desarrollo de Tsunami Democràtic.