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Salvar Valdecaballeros, la presa que enfrenta a Ribera con Vara en plena campaña

Presa de Valdecaballeros, en la provincia de Badajoz

Presa de Valdecaballeros, en la provincia de Badajoz @mitecogob

La presa de Valdecaballeros (Badajoz) fue construida en los años ochenta para refrigerar una central nuclear que nunca acabó poniéndose en marcha. Pero aunque no pudo usarse para su cometido original, sí servía para abastecer de agua a algunos municipios de la zona. En 2020 los terrenos fueron cedidos a la Junta de Extremadura, pero ha sido la reciente decisión del Ministerio de Transición Ecológica de demoler la presa la que ha hecho que esta historia salte a la primera línea del debate político y social, justo cuando entramos en la cuenta atrás para las elecciones del próximo 28 de mayo.

La Junta de Extremadura, Endesa, Iberdrola y algunos vecinos y asociaciones de la zona alegaron, por diferentes motivos, que el derribo era una decisión completamente errónea. Y parece que el Ministerio les ha escuchado, porque este miércoles Teresa Ribera abrió la puerta a reconsiderarlo, asegurando que ve "perfectamente posible" mantener la presa y que están estudiando "el modo" de hacerlo junto con el gobierno autonómico.

Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, fue uno de los más críticos, calificando la decisión del Ministerio de un "verdadero disparate" por "multitud de razones". Pero quiso resumirlas en tres: que nadie había pedido opinión a la Junta de Extremadura como propietaria de los terrenos, que el derribo traería consigo importantes consecuencias medioambientales y que a su región le hacía falta ese agua.

Ubicación de la presa de Valdecaballeros

E.I. Gráficos

Endesa e Iberdrola habían tenido la concesión del aprovechamiento del agua de la presa hasta el pasado 2021, cuando renunciaron a ella. Sin embargo, fuentes de ambas compañías han explicado a El Independiente que rechazan que tengan que ser ellos los encargados de acometer ahora su demolición, tal y cómo asegura el Ministerio. Y lo argumentan en tres aspectos.

El principal es que aseguran que desde 1994, año en el que se paralizó definitivamente la puesta en marcha de la central nuclear, todos esos terrenos, infraestructuras y actividades "quedaron el manos del Ministerio". Según explican, ambas compañías "nunca sacaron rendimiento económico de la concesión". Y precisamente por ello el Ministerio se comprometió a compensar a Endesa e Iberdrola por el dinero que ambas habían invertido en el proyecto de la central, que nunca se puso en marcha. A lo largo de los siguientes 25 años fueron recuperándolo poco a poco en cuotas que salían de la tarifa eléctrica que pagaban los españoles.

Fuentes de Endesa explican que la legislación que había vigente en el momento en el que obtuvieron la concesión tampoco "imponía la obligación de demoler la presa, y las modificaciones legislativas que se han introducido posteriormente no deberían tener carácter retroactivo". Y concluyen que, en caso de que finalmente la presa se tuviera que tirar abajo, la ley establece que la empresa encargada de hacerlo es Enresa (la compañía pública española responsable de la gestión de los residuos radiactivos).

La versión del Ministerio

Desde el Ministerio de Transición Ecológica explican que el hecho de que Endesa e Iberdrola renunciaran a la concesión obliga a "restituir el Dominio Público Hidráulico, que conlleva la demolición de la presa". Y añaden que "la ley obliga a demoler las infraestructuras abandonadas sin función alguna ‘teniendo en consideración la seguridad de las personas y los bienes y valorando el efecto ambiental y económico de cada actuación’". 

Sin embargo, explican que "cabe la posibilidad de mantenerla siempre que se identifique un nuevo uso y se garantice su funcionamiento". Y eso es precisamente lo que están evaluando ahora tras las quejas de la Junta de Extremadura, que "considera que existen otros usos nuevos que han aparecido, algo que el Ministerio y el gobierno autonómico están estudiando". En caso de que finalmente opten por derribarla, afirman que "no repercutirá" en los abastecimientos de agua de los municipios extremeños que la utilizaban, algo que ponen en duda desde la Junta.

La versión de Endesa

Desde Endesa reiteran a este periódico que las responsabilidades "han sido del Ministerio durante los últimos 30 años a todos los efectos", y que su única actividad en todo este tiempo fue contratar vigilancia para las infraestructuras y alquilar algunos terrenos a ganaderos de la zona. Según explican, terminaron de recuperar el dinero que habían invertido en el año 2019, justo cuando el Ministerio decide ceder esos terrenos a la Junta de Extremadura, que los acepta.

Sin embargo, "a última hora" no incluyen en ese acuerdo el traspaso de la concesión del aprovechamiento de las aguas, que sí estaba en el primer borrador. "Los terrenos no se entienden sin la concesión del agua, porque todo formaba parte de la central nuclear. Pero ya que no se lo han transferido a la Junta de Extremadura y nosotros no la queremos lo que pedimos es que se extinga", comentan desde la compañía.

"Lo siguiente que nos llega es la resolución que dice que nosotros tenemos que demoler la presa, que no está motivada por nada ni hace un análisis medioambiental. Por eso pedimos que la suspendan cautelarmente y que lo valoren todo. Y que si finalmente deciden derribarla, sea Enresa la responsable de hacerlo", explican desde Endesa, a la vez que detallan que han presentado un recurso a la propia dirección de aguas del Ministerio. Y añaden: "Estamos perplejos. No entendemos como el Ministerio tiene tanta prisa ahora después de 30 años".

La versión de la Junta de Extremadura

Pilar Blanco-Morales, vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública del gobierno extremeño, explica en conversación con El Independiente que prevén utilizar los terrenos para una actividad que sea "un equilibrio entre lo económico y la protección del medio ambiente". Y añade que también defienden extinguir la concesión de las aguas, una cuestión que aún sigue pendiente.

Sin embargo, se muestra totalmente contraria a la demolición "a las bravas" de la presa: "Allí hay desde hace 40 años un ecosistema de gran valor. Destruirla supondría un gran impacto en una zona de especial protección de aves y en un entorno de alto valor natural". Por ello han presentado un recurso acompañado de un informe ambiental, que se muestra "convencida" de que puede cambiar la decisión del Ministerio. "Nunca pensamos que se tomaría una decisión sorpresiva sin habernos dado parte. Y por eso pensamos que la resolución es imputable", concluye. 

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